La Contraloría General de la República anunció en la mañana de este lunes 6 de julio que se sumará al proceso de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella. El ente de control accedió a la petición del vicepresidente electo José Manuel Restrepo de sumarse al proceso para buscar que haya la mayor transparencia en la entrega de información.
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De acuerdo con lo dicho por la propia Contraloría en un comunicado, “en desarrollo de esta labor, la entidad coordinará la recepción de las comisiones de trabajo que se conformen y suministrará, en el marco de sus competencias, la información requerida para el adecuado desarrollo del proceso”.
Según dijo el ente de control, “este acompañamiento contribuye a fortalecer la transparencia, la continuidad de la gestión pública y la adecuada protección de los recursos del Estado”, los cuales son “objetivos que guardan plena armonía con los principios que orientan la función pública y el ejercicio del control fiscal”.
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A pesar de ser una petición hecha por el gobierno de Abelardo de la Espriella, dice la Contraloría, su participación en el empalme “se desarrollará con estricto respeto por la autonomía e independencia institucional”.
EL rol que mantendrá en el proceso de empalme, asegura la entidad, será el de mantener la “colaboración armónica entre los órganos del Estado, contribuyendo al adecuado desarrollo de una transición ordenada, trasparente y respetuosa del marco constitucional y legal”.
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Aunque hasta ahora no había hecho parte oficialmente del empalme, desde el pasado 3 de junio la Contraloría, junto con la Procuraduría, emitieron una directiva conjunta en la que le pidieron al gobierno de Gustavo Petro para entregar la información que debe incluir “la totalidad de los temas a cargo de la administración, así como la gestión adelantada respecto de los recursos financieros, humanos y administrativos asignados para hacerlos efectivos. Se trata de un deber que no admite excepciones y cuyo incumplimiento puede dar lugar a las investigaciones establecidas por el ordenamiento jurídico”.
En ese documento los entes de control resaltaron que “los integrantes del gobierno saliente deben: identificar y dejar constancia de aquellos asuntos que involucren el ejercicio de competencias concurrentes entre distintos niveles de gobierno”. La finalidad, recordaron, es “permitir a la administración entrante conocer el alcance de las obligaciones institucionales en curso, las entidades comprometidas y las medidas que deban mantenerse, ajustarse o articularse para asegurar la continuidad de la gestión pública”.
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