La Contraloría General advirtió a la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario (CNCA) sobre los riesgos fiscales que podrían afectar los recursos públicos y el acceso al crédito de los productores del campo, debido a la expedición de su Resolución 10 de 2025, cuyo objetivo es modificar la regulación del crédito de fomento agropecuario y rural.
Según la Contraloría, la medida “resulta jurídicamente improcedente, económicamente inconveniente y fiscalmente riesgosa, al generando un escenario de incertidumbre regulatoria, pérdida de confianza en el sistema de crédito rural y exposición a contingencias financieras que podrían comprometer recursos del orden nacional”.
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El órgano de control señaló que la resolución fue publicada sin contar con los estudios técnicos completos que debían justificarla. “Esto significa que la ciudadanía y los actores del sector opinaron sobre una propuesta que aún no tenía el análisis necesario para respaldarla”, señaló la entidad.
Asimismo, la Contraloría indicó que la CNCA no solicitó el concepto previo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), un paso que es obligatorio cuando se trata de una regulación puede impactar la libre competencia económica.
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Además, el órgano de control señaló que “la Comisión estaría asumiendo decisiones que podrían exceder sus competencias, como modificar las condiciones de los Títulos de Desarrollo Agropecuario y definir tasas diferenciadas, lo cual pone en riesgo la validez de la resolución”.
Desde el punto de vista financiero, la Contraloría indicó que no se realizaron los análisis necesarios para medir el impacto de la medida en entidades como el Fondo Agropecuario de Garantías, lo que podría afectar su estabilidad.
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Tras estas advertencias, el órgano de control instó a la CNCA a evaluar la adopción de medidas para “impedir que se materialicen los daños producto de los riesgos expuestos en esta advertencia y por ende se evite la afectación de los intereses públicos”.
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