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A través de un comunicado emitido este 15 de julio, la Contraloría General de la República alertó sobre presuntas irregularidades en la gestión financiera de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), tras realizar una auditoría a la información presupuestal de la entidad correspondiente a 2025. Según el ente de control, hay inconsistencias por COP 33.009 millones relacionadas con bienes entregados que carecen de soportes y registros contables.
En el documento, la Contraloría explicó que evaluó los estados financieros, así como la gestión y la ejecución del presupuesto asignado a la entidad con corte al 31 de diciembre de 2025. Según el ente de control, para ese periodo a la Uariv le fueron asignados más de COP 4.436 billones, de los cuales comprometió más de COP 4.341 billones, equivalentes al 97,85 % del presupuesto. Sin embargo, las obligaciones reconocidas ascendieron a poco más de COP 2.234 billones, cifra que corresponde al 50,36 % del presupuesto total.
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“Como resultado del análisis y la evaluación de la ejecución presupuestal, se identificó una baja ejecución de los recursos apropiados, que alcanzó aproximadamente el 50 % del presupuesto asignado para la vigencia y generó rezagos cercanos a COP 2 billones”, explicó la Contraloría. Asimismo, el ente de control señaló que, pese a las gestiones adelantadas por la entidad para impulsar la ejecución de los compromisos, estas no fueron suficientes y afectaron el cumplimiento de las metas de la institución.
Además, según la Controlaría, durante la auditoría identificaron “deficiencias en la calidad y confiabilidad de los registros contables”, entre los cuales destaca la falta de reconocimiento de las donaciones entregadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). En ese sentido, se detectó una posible pérdida de dinero o bienes públicos que ascienden a COP 33.009 millones: “La no ubicación física de las mercancías y su omisión en los registros contables de la entidad, configurando un daño cierto de pérdida y un detrimento al patrimonio público”, señaló el ente de control.
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La Contraloría detalló que, en total, la auditoría arrojó 23 hallazgos administrativos, de los cuales 18 tienen presunta incidencia disciplinaria; uno, incidencia fiscal por COP 33.009 millones; uno daría lugar a la apertura de un proceso administrativo sancionatorio; uno más será trasladado a la DIAN, y dos corresponden a solicitudes de apertura de indagación preliminar.
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