Contraloría archiva expediente de Alan Jara por caso Llanopetrol

Alan Jara estuvo secuestrado durante ocho años (2001-2009) a manos de la guerrilla de las Farc. Ha sido gobernador del Meta en tres oportunidades y, además, fue director de la Unidad para las Víctimas.

Foto: ANDRÉS TORRES

Durante el tercer periodo de Alan Jara Urzola como Gobernador del Meta (2012-2015), se suscribieron contratos, por más de $9.200 millones, para que la Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol) pudiese elaborar estudios y diseños de prefactibilidad -verificación de viabilidad de un proyecto- para la construcción de una refinería en el departamento bajo su gestión. La Contraloría les había puesto la lupa a esos acuerdos, sin embargo, tras dos años de investigaciones, decidió concluir el proceso.

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En un documento conocido por El Espectador, la Contraloría decidió“(…) archivar el proceso ordinario de responsabilidad fiscal, por inexistencia de daño a favor de Alan Edmundo Jara Urzola, en calidad de Gobernador del Departamento del Meta para la época de los hechos, integrante de la junta directiva de Llanopetrol”, decretó la institución. El expediente fue puesto en conocimiento público el 24 de abril de 2018, día en que el órgano de control señaló que no había “establecido el beneficio de los recursos designados por la Gobernación”.

De acuerdo con las investigaciones preliminares de la Contraloría, la Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol) era una sociedad que apenas estaba en proceso de constitución, lo cual habría agravado una posible sanción contra Jara. La institución incluso aseguró que el proyecto de la refinería no contaba los estudios mínimos requeridos para la aprobación de la millonaria inversión, pues carecía de estudios de mercado, legales, técnicos, ambientales, de riesgos y financieros.

“Por lo anterior, no existía una cadena de valor que permitiera evaluar la refinería, ni se establecieron indicadores que permitieran conocer si era la mejor alternativa posible (…) la Gobernación le giró a Llanopetrol recursos por más de $18.000 millones, de los cuales $9.220 millones eran provenientes del Sistema de Regalías y nunca se materializaron en beneficios para la población del departamento”, indicó la Contraloría en su momento.

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Así las cosas, el órgano de control libera de toda responsabilidad, en este caso, a Alan Jara y a los demás funcionarios involucrados: Luz Stella Casafranco, como secretaria jurídica del Departamento del Meta; Hernando Martínez, como director del Departamento Administrativo de Planeación del Meta; Jairo Iván Frías, como secretario de Hacienda; y Ricardo Rodríguez Henao, quien era gerente de Llanopetrol para la época de los hechos.

“En más de 400 páginas la Contraloría estudió porque nos asistía razón abrir este proceso, no solo porque nunca hubo daño alguno, sino que la Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol) era muy buen proyecto”, explicaron los defensores de Alan Jara en diálogo con El Espectador, los abogados Mauricio Pava y Luis Reyes.

Sin embargo, en la Contraloría, Alan Jara aún tiene pendiente un proceso por la construcción del sistema de saneamiento básico de los poblados de Quenane y Altos de Pompeya, en Villavicencio (Meta). Se trata de un proyecto de redes de alcantarillado sanitario y pluvial y, además, una planta de tratamiento de aguas residuales. “La Contraloría pudo establecer, que las obras no fueron terminadas en un 100% según lo previsto en los contratos, pero sí se pagó la totalidad del precio acordado”, aseguró la entidad en 2018.

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Por el sistema de saneamiento básico la Contraloría estudia un posible daño patrimonial superior a los $12.200 millones. Así mismo, la Procuraduría le sigue la pista a un crédito de $10.700 millones que Alan Jara aprobó, en 2015, para Llanopetrol “sin que existiera un contrato entre la compañía petrolera y el ente territorial (Gobernación del Meta)”, de acuerdo con el Ministerio Público.

De acuerdo con la Procuraduría, que llamó a juicio disciplinario a Jara el 6 de marzo de 2019, el exgobernador del Meta no tendría como justificar el pago de 5 pagarés a favor del Banco de Bogotá, por un valor superior a los $10.700 millones. Con estas acciones, según el órgano de control, Jara habría comprometido a la Gobernación del Meta a pagar créditos que no había aprobado, lo que ocasionó que, incluso, la misma institución asumiera la obligación con sus propios recursos.

Alan Jara, quien estuvo secuestrado durante ocho años a manos de la guerrilla de las Farc, fue suspendido, en mayo de 2019, por cuatro meses para ejercer cargos públicos y fue sancionado con una multa de $40 millones. Sin embargo, “por la falta de un certificado de disponibilidad presupuestal en un crédito del Banco de Bogotá, en favor de Llanopetrol, la Procuraduría decidió disminuirle la sanción de 4 a 2 meses el 30 de octubre pasado por no existir dolo en conducta”, asegura la defensa del exgobernador. La defensa presentará una demanda contra este fallo en el Consejo de Estado pues los certificados de disponibilidad presupuestal, según ellos, no son responsabilidad de los gobernadores.