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El mismo día que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó las primeras sanciones de su historia en contra del exsecretariado de las Farc, la Contraloría entregó su noveno informe sobre el seguimiento que le hacen a los dineros para la implementación del acuerdo de Paz firmado en 2016 con la extinta guerrilla. De acuerdo con el ente de control, se han invertido más de $107 billones, pero su uso no demuestra la construcción de una paz “estable y duradera”.
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Según encontró la Contraloría, “las entidades responsables de ejecutar los recursos del Acuerdo reportaron, entre 2017 y el primer trimestre de 2025, una ejecución acumulada de $107,47 billones en pesos constantes de 2024, equivalente al 53% del presupuesto total estimado de $201,5 billones para 15 años”. De acuerdo con el informe de ente de control, en 2024, se ejecutaron $19,2 billones, lo que representa un incremento del 16,2% respecto a 2023, “superando las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017″.
A pesar de ese incremento, dice la Contraloría, “el 42% de los proyectos del trazador de paz presenta dificultades para asociar productos específicos del Acuerdo Final, mientras que solo el 17% permite cuantificar resultados de manera clara y verificable”. En sus auditorías, el ente de control además expuso 31 hallazgos fiscales por $4.794 millones “que evidencian el uso ineficiente de recursos públicos”.
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De igual manera, el informe resalta que en el sector de Minas y Energía, “el 12% de los proyectos de sistemas solares fotovoltáicos financiados con recursos del OCAD Paz presentan hallazgos relacionados con no sostenibilidad, ni funcionalidad de las obras. Dicho hallazgo, dice el ente de control, confirmó que ”millonarias inversiones no cumplen su propósito transformador por ausencia de modelos de operación, administración y mantenimiento".
La Contraloría también revisó el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO). En él, se identificaron demoras en el proceso de actualización de componentes, “lo que temporalmente limita la disponibilidad de información para el seguimiento de la implementación por puntos y pilares, particularmente del capítulo étnico, en el que no se registran datos específicos”. Sobre este aspecto, el ente de control manifestó que “es fundamental establecer metodologías claras para la identificación de productos específicos en todos los proyectos identificados con el trazador ‘Construcción de Paz’ e implementar mecanismos para medir el impacto de la transformación territorial”.
Dentro del informe, la Contraloría resaltó que la Reforma Rural Integral sigue siendo el punto de mayor avance en las inversiones hechas para la implementación del Acuerdo de Paz. Aun así, dice el ente de control, “su continuidad enfrenta desafíos críticos de sostenibilidad”. Dentro del documento se expuso que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) “concentró el 32% de la ejecución del Presupuesto General de la Nación con $3,84 billones”. En el trabajo adelantado por la entidad, la Contraloría resaltó que uno de los proyectos más destacados fue el del “Fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral nacional” con $3,12 billones.
Otro de los avances que resaltó el ente de control fue el del Plan Nacional de Formalización, el cual incrementó su presupuesto de $5,83 a $6,26 billones, “logrando la adjudicación récord de 7.432,19 hectáreas en 2024; que, si bien es un avance importante frente al comportamiento histórico, el rezago impedirá cumplir con la meta trazadora de adjudicar 3 millones de hectáreas”. Por otra parte, el informe señala que el Plan Nacional de Electrificación Rural “enfrenta un déficit estructural de $10,26 billones, para lograr la universalización del servicio de electrificación rural, requiriendo $18,2 billones frente a los $7,93 billones proyectados”.
De igual manera, se expone en el informe que los 16 Planes Nacionales Sectoriales de la Reforma Rural Integral muestran una “implementación diferenciada”. La Contraloría sostuvo que “la mitad presenta cobertura geográfica insuficiente y baja complementariedad de acciones interinstitucionales, comprometiendo la efectividad de la transformación territorial”.
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Por otra parte, el documento resalta que con la adopción del Plan Nacional de Salud Rural en marzo de este año, “se estableció un presupuesto indicativo de $52,07 billones para municipios PDET, ZOMAC y PNIS”. Asimismo, que en 2024 el Ministerio de Salud transfirió $633.786 millones para la conformación de Equipos Básicos de Salud en 367 municipios, “logrando atención a 668.564 hogares, de los cuales 2.200 equipos operaron en municipios PDET”.
El informe señala que es urgente “la evaluación de programas y proyectos, mejorar la coherencia entre los objetivos y la contratación derivada, para garantizar que cada peso invertido genere cambios duraderos y verificables en beneficio de las comunidades más vulnerables del país”.
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