20 Jun 2018 - 12:57 a. m.

Contraloría investiga al senador electo Didier Lobo por contratos de alimentación escolar

El organismo de control encontró que se registraron sobrecostos en la contratación de un contrato de alimentos durante la Alcaldía de Lobo Chinchilla en La Jagua del Ibirico (Cesar).

Redacción Judicial

La Contraloría abrió investigación fiscal en contra del senador electo Didier Lobo Chinchilla, del partido Cambio Radical, por los elevados costos que se pagaron en un contrato de alimentos durante su administración como alcalde de La Jagua del Ibirico (Cesar). El detrimento patrimonial del que está siendo señalado el senador es de $2.914 millones.

Los hechos ocurrieron en diciembre de 2012, cuando Lobo Chinchilla era el alcalde de La Jagua y su Alcaldía suscribió con la firma Unión Temporal Servicios Nutricionales un contrato que fue financiado con regalías. El objetivo de dicho contrato era suministrar durante 18 meses a menores de edad que se encontraban en condición de desnutrición y a madres gestantes del municipio paquetes nutricionales para su recuperación. Los sobrecostos que se registraron se dieron al adquirir alimentos como harina, lenteja, frijol, pasta, aceite, azúcar y leche.

"En relación con las deficiencias en la calidad de los productos se entregó margarina, aun cuando de conformidad con la ficha técnica establecida por el municipio se había solicitado mantequilla. De igual forma, la avena instantánea que se entregó no cumplía con la norma técnica nacional establecida. Estas irregularidades no fueron advertidas por el contratista, ni por el interventor ni por el supervisor y llevaron a que se entregaran productos que no cumplían con la calidad exigida, lo que también generó un daño al patrimonio del Estado", advirtió la Contraloría.

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Según confirmó la Contraloría, los sobrecostos del contrato se presentaron porque solo se tuvieron en cuenta los precios de las grandes distribuidoras sin tener en cuenta los valores de los pequeños intermediarios o ganaderos del municipio.

De igual forma, la Contraloría también imputó cargos por responsabilidad fiscal por $1.462 millones contra la secretaria de Salud Municipal de la época, Cenith Echavez Ospino.  Asimismo, los integrantes de la empresa contratista Corporación Gestión del Recurso Social y Humano (GERS); Industrias Alimentos y Cathering Catalinsa S.A.S. y Fundación para el Fomento de la Industria de Risaralda Fundalimentos están siendo investigados.

La decisión fue proferida por la Contralora Delegada Intersectorial No 9 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. "Todas las situaciones descritas son muy graves, si se tiene en cuenta que lo que se pretendía era mejorar las condiciones nutricionales de la población vulnerable de la zona", señaló el organismo de control.

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