8 May 2020 - 2:56 p. m.

Contraloría pide indagaciones penales y disciplinarias por nueva sede de la CAR en Bogotá

El exdirector de la CAR, Néstor Franco, ya fue destituido en dos instancias por la Procuraduría por la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía.

Redacción Judicial

Néstor Franco no podrá ejercer cargos públicos en los próximos 10 años. / CAR Cundinamarca.
Néstor Franco no podrá ejercer cargos públicos en los próximos 10 años. / CAR Cundinamarca.

“El director de la CAR (Néstor Franco) manifiesta que las rentas de destinación general con las cuales se realizó el pago de la compraventa de los pisos 6 y 7 del Edificio Gran Estación II ‘son de libre destinación que corresponden a porcentaje ambiental de todos los municipios’”. Cuando a la Contraloría General le pidieron que revisara si hubo irregularidades en la compra de los pisos 6 y 7 del edificio Gran Estación II, en Bogotá -el mismo donde este organismo de control funcionó un par de años con varios problemas de por medio-, esa fue la respuesta oficial que recibió: que todo se hizo en regla. Mas no es la conclusión a la que llegó. ("Nunca pedí que los favorecieran": Peñalosa sobre acusación de tráfico de influencias)

El año pasado, la Veeduría Ciudadana Nacional Recursos Sagrados envió un derecho de petición a la Contraloría, en el cual manifestó presuntas anomalías en la compraventa del mencionado inmueble, y esta se puso en la tarea de revisar de dónde salió el dinero para la adquisición de ambos pisos, situados en el noroccidente de Bogotá, en una zona que viene valorizándose desde hace un tiempo. Lo primero que encontró fue que la CAR (Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca) incluyó esa transacción en su Plan de Acción Cuatrienal 2016-2019, dentro del objetivo “fortalecer la infraestructura administrativa”.

Así, la Contraloría comprobó que la compraventa del inmueble sí fue planeada, como indican las normas, pues dentro del plan se especificaba que se iba a “adquirir y/o construir el cien por ciento (100%) de una (1) sede administrativa de la Corporación”. En diciembre de 2017, la CAR alquiló los pisos 6 y 7 del edificio Gran Estación II y se trasladó para allá. Señaló que su sede era obsoleta, que presentaba deficiencias en tecnología y que el propósito era “efectuar un desarrollo inmobiliario en el predio donde se ubica la actual sede central”, en el centro de Bogotá. En febrero de 2018, sin embargo, surgió un contratiempo.

La Alcaldía emprendió un “tratamiento de renovación urbana” en la localidad de Santa Fe y el edificio donde estaba la CAR, en la Calle 7 con Carrera 36, fue incluido, pero el proyecto, se supo desde el inicio, tardaría más que los meses que la CAR iba a durar en arriendo en el Gran Estación II. Con ese escenario, a la corporación le pareció que no era negocio seguir alquilando los dos pisos del Gran Estación II y pasó a hacer oferta para adquirirlos por “conveniencia financiera”, pues era esa opción o continuar con el pago de cánones de arrendamiento hasta que acabara el tratamiento de renovación urbana. (CAR anunció que sí firmará convenio para la construcción de la PTAR Canoas)

El negocio se cerró el 28 de diciembre de 2018, es decir, un año después de que la CAR llegara a ese edificio, por un valor de $66.750 millones. La plata salió de un rubro llamado “rentas de destinación general”, conformadas por porcentaje y sobretasa ambiental, el aprovechamiento de arrendamientos y parques  y rendimientos financieros, entre otros. Y fue en los renglones ambientales donde la Contraloría puso el ojo, pues, según este organismo, su destinación por ley debía ser “la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables”. No la compra de oficinas.

Desde de la Ley 99 de 1993 está estipulado que “Las Corporaciones Autónomas Regionales destinarán los recursos de que trata el presente artículo a la ejecución de programas y proyectos de protección o restauración del medio ambiente y los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los municipios del área de su jurisdicción. Para la ejecución de las inversiones que afecten estos recursos se seguirán las reglas especiales sobre planificación ambiental que la presente ley establece”. La Corte Constitucional lo ha recordado también en más de una sentencia, anotó la Contraloría.

Lo que la Contraloría encontró

El ente de control decidió hacer una visita a las instalaciones de la CAR el 9 de diciembre pasado. Allí  Pero el director de la CAR, Néstor Franco, le dijo a la Contraloría que las llamadas “rentas de destinación general” eran de “libre destinación”. Su directora administrativa y financiera confirmó la versión, indicando que esas rentas no estaban compuestas solo por el porcentaje y sobretasa ambiental sino, también, por “todas aquellas que (se) consideran de libre destinación” y que, por eso mismo, no era posible “detallar el pago realizado”. Es decir, identificar punto a punto de dónde salió el dinero de la sede. (Luis Fernando Sanabria, nuevo director de la CAR, asumió el inicio de su labor)

“Llama la atención de la CGR (Contraloría General de la República) el hecho de que con el fin de garantizar la suficiencia de recursos para la adquisición de la nueva sede, el Consejo Directivo de la CAR, procedió a realizar traslados de recursos de gastos de funcionamiento, transferencias y de otros proyectos de inversión”. El organismo encontró que, para cubrir los $66.750 millones con el fin de tener sede nueva, con la venia del Consejo Directivo, se sacaron más de $62.000 millones de rubros planeados para otras cosas: $42.000 millones eran para inversión, $15.000 millones, funcionamiento y $4.000 millones, de la deuda.

Para la Contraloría, fue más grave aun detectar que, al cierre de la vigencia de 2018, la CAR ejecutó $116.667 millones que hacían parte de las rentas de destinación general. El dinero se incluyó en la vigencia de 2019 como “excedentes financieros”, pero la Contraloría reprochó que ese no era su objetivo. “(No es) la vocación de los recursos públicos permanecer año tras año en productos financieros omitiendo la satisfacción de necesidades ambientales del área de la jurisdicción de la CAR, en detrimento del medio ambiente”, pues proteger el ambiente es, al fin y al cabo, la razón de ser las corporaciones autónomas regionales.

Con todos estos elementos sobre la mesa, el ente de control llegó a la conclusión de que la CAR compró su nueva sede con recursos que debieron utilizarse para otros fines. “Resulta claro para la CGR respecto a la adquisición de los pisos 6 y 7 del Edificio Gran Estación II que: (i) la CAR utilizó recursos del porcentaje y/o sobretasa ambiental de Bogotá D.C y de los municipios de su jurisdicción para financiar el negocio; (ii) dicha compra no se enmarca en los fines previstos por la norma, los cuales corresponden a inversión en la protección del medio ambiente en los municipios y Distrito Capital que generan la transferencia”. (Tribunal de Cundinamarca ordena a la CAR seguir con la financiación de PTAR Canoas)

Además, la Contraloría halló que fueron ocho los proyectos que figuraban en gastos de inversión y que quedaron desfondados para comprar las oficinas. A la iniciativa “Estado de los Recursos Naturales”, por ejemplo, debían llegarle más de $40.000 millones, según lo que se planeó para la vigencia 2018, pero solo le llegaron $9.256 millones (el 22 %). A la de “Conservación y protección de la estructura ecológica principal” debían entrarle más de $19.000 millones, pero solo llegaron $4.605 millones (el 24 %). Para “regulación hídrica y adecuación hidráulica” había inicialmente $28.000 millones. Recibió $9.000 millones.

“Se realizaron traslados presupuestales de recursos de 8 proyectos de inversión que si corresponden al deber misional de la Corporación, en cuantía de $42.804.906.141, que permitieron financiar la pluricitada adquisición y cuyas justificaciones denotan falencias de planeación presupuestal y misional”, destaca la Contraloría. Para el ente, la CAR de Néstor Franco hizo caso omiso a normas que dejan claro cuál es el uso que se tiene que dar a los recursos de porcentaje y sobretasa ambiental y el Consejo Directivo, por su parte, pecó al desviar recursos que debían usarse en proteger el medio ambiente, básicamente.

La respuesta de la CAR

La CAR defendió sus decisiones. Le dijo a la Contraloría que la Ley 99 de 1993 autoriza a las corporaciones autónomas regionales a recibir los recursos del porcentaje y sobretasa ambiental y que, entre sus funciones, está la de “adquirir bienes de propiedad privada y los patrimoniales de las entidades de derecho público y adelantar ante el juez competente la expropiación de bienes, una vez surtida la etapa de negociación directa, cuando ello sea necesario para el cumplimiento de sus funciones o para la ejecución de obras o proyectos requeridos para el cumplimiento de las mismas”.

Asimismo, explicó que la Ley 99 de 1993 permitía que las rentas propias no tuvieran destinación específica, o sea, que podían usarse a conveniencia de la entidad. Y, por último cuestionó que aunque la Contraloría ya había revisado el trámite de la compra de las oficinas en el Gran Estación II, no se había pronunciado “en los términos en que ahora lo hace”. Aseguró que hizo la transacción tras un análisis de mercado juicioso, la planeación correspondiente y pensando en una ubicación que favoreciera la calidad de vida de los funcionarios, como lo es el sector Salitre, donde hay muchos edificios nuevos con oficinas.(Director de la CAR: ¿impedido para firmar acta de concertación ambiental del POT de Bogotá?)

La Contraloría, sin embargo, no encontró en esas respuestas justificación legal para que la CAR hubiera adquirido su sede nueva de la forma en que lo hizo. Indicó que los recursos por sobretasa ambiental debían invertirse en concordancia con los planes de los municipios -no a voluntad propia de la CAR-, que el plan de acción fue modificado sobre la marcha para poder tener recursos para la compraventa del inmueble y señaló que sí había analizado “una situación particular” de la vigencia 2018, pero que no había hecho el examen que hacía ahora, como sostuvo la CAR.

Para la Contraloría, tampoco hubo la planeación adecuada para obtener los dos pisos del edificio Gran Estación II. La CAR explicó que, de pagar arriendo por 80 meses -lo proyectado a raíz del tratamiento de renovación urbana en la localidad de Santa Fe, liderado por el Distrito, habría tenido que pagar más de $70.000 millones, por lo que, financieramente, tenía más sentido comprarlo (costaba $4.000 millones menos que el total del alquiler). La Contraloría, no obstante, indicó que ese no era el único ítem a tener en cuenta. Los estudios previos, expresó el ente de control, no incluyeron “las condiciones y calidades requeridas”. 

Se refería a las necesidades que la propia CAR ya había identificado al dejar su sede del centro de Bogotá, “tales como conectividad, capacidad de espacio y salud ocupacional para funcionarios y contratistas, requerimientos para el archivo, atención a los usuarios, entre otros”. Por ejemplo, resaltó la Contraloría, los puestos de trabajo recibidos en los dos pisos fueron 928, lo que alcanza perfectamente para cubrir su planta de 644 funcionarios, pero no para los más de 1.000 contratistas que se proyectaron en la vigencia 2018 o la población flotante (visitantes), que pueden ser un día tanto 900 personas como 3.000. (Descontaminación del río Bogotá no se puede paralizar por sanciones: Procuraduría)

“Por lo anterior, concluye la CGR que la necesidad de la compra de esta sede no podía estar basada en aspectos meramente de beneficios financieros (compra vs arrendamiento), dejando de lado los requerimientos anotados anteriormente, sino que era obligatoria la realización de un análisis detallado de las exigencias que considerara la entidad para lograr la satisfacción de una necesidad plena y previamente identificada, con la que se diera cumplimiento a los fines de la contratación estatal y por ende a la eficiencia del uso de los recursos públicos”, resalta el informe.

Por todas estas razones, resumidas en dos hallazgos, la Contraloría apuntó que sus observaciones tenían presuntas incidencias penales y disciplinarias, por lo que ahora la bola queda en la cancha de la Fiscalía y Procuraduría. Esta última es una vieja conocida del exdirector de la CAR, Néstor Franco: en diciembre del año pasado confirmó en dos instancias su destitución e inhabilidad durante 10 años para ocupar cargos públicos, tras encontrar irregularidades de la CAR en relación con la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía.

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