3 Sep 2018 - 12:00 p. m.

Contraloría revela bajo desempeño de Planes Departamentales de Agua

La entidad de control encontró varias deficiencias en el suministro de agua en los diferentes departamentos de Colombia. Esta mala planeación afecta el derecho de muchas comunidades a la salud y al acceso de este recurso natural necesario para la vida.

Redacción Judicial

Según un reciente informe entregado por la Contraloría los Planes Departamentales de Agua muestran deficientes resultados.  / AFP
Según un reciente informe entregado por la Contraloría los Planes Departamentales de Agua muestran deficientes resultados. / AFP

Según un reciente informe presentado por la Contraloría, los Planes Departamentales de Agua muestran hoy deficientes resultados. La evaluación del ente de control encontró que no se ha logrado la regionalización de la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico ni se ha adoptado un modelo empresarial moderno y sostenible.

En el informe se advierte como en un alto porcentaje de municipios, el servicio de agua potable se presta por empresas que no cuentan con la capacidad institucional ni de ingeniería y además tienen una infraestructura que no cumple con los requerimientos necesarios para abastecer dichos lugares. Las consecuencias son baja cobertura, mala calidad y discontinuidad en el servicio.

Según el informe de la Contraloría, el Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad no alcanzó los propósitos formulados en los Planes Nacionales de Desarrollo 2010-2014 y 2014 – 2018.

(Lea: Suministro de agua potable es deber de cada municipio: Corte Constitucional)

“El Programa no ha contribuido de manera equitativa, económica, eficiente y eficaz a lograr el objetivo fundamental de la política pública, que es obtener la universalidad, en cuanto a suficiencia, salubridad, aceptabilidad, accesibilidad física, asequibilidad y disponibilidad permanente del líquido vital para toda la población colombiana”, señaló la entidad de control.

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La Contraloría destacó tres puntos clave que podrían ser parte del problema que ha afectado el desempeño de los Planes Departamentales de Agua. Inicialmente, una inadecuada planeación. El ente de control estableció que el 54% de los municipios encuestados desconocen los componentes del Programa Agua y Saneamiento para la Prosperidad y los instrumentos de planeación que este contiene.

De igual forma, la Contraloría señaló que la mayoría de los planes no se encuentran estructurados con las necesidades concretas locales y en cambio se formulan con generalidades.

En segunda instancia, existe una baja ejecución de recursos, ausencia de un modelo empresarial moderno y sostenible e intromisión política. La Contraloría señaló que durante el periodo entre 2010-2017 se tenían viabilizados proyectos de agua potable y saneamiento básico por $4,6 billones.

Sin embargo, se contaba con recursos por $5,7 billones. Es decir, que del total de recursos disponibles comprometieron realmente solo el 67%. Esta situación, según señaló la entidad, es consecuencia de deficiencia en técnicas en los diseños, la gestión ambiental y la formulación de los proyectos.

También se evidencia insuficiente asistencia de parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a los municipios. De acuerdo con la Contraloría, el 48% de los municipios usa recursos para proyectos de inversión en el sector de Agua Potable y Saneamiento Básico por fuera del Programa Agua y Saneamiento Para la Prosperidad. Esto se debe al desconocimiento de los beneficios que este plan ofrece.

Por su parte, en meses pasados la Corte Constitucional  se refirió al tema al estudiar una tutela presentada por Leila Rosa Rojas contra la empresa Aguas del Tequendama S.A. El alto tribuanal señaló que todos los colombianos, incluso los que residen en zonas de difícil acceso a los sistemas de acueducto, tienen derecho al agua potable. A cada municipio del país, según la corporación, le corresponde garantizar la prestación de los servicios públicos (entre ellos, el de suministro de agua potable), bien sea directamente o a través de particulares o comunidades organizadas. (Le podría interesar: ¿De dónde sale el agua de Bogotá?)

En criterio del alto tribunal, cada municipio debe fijar unos parámetros de acceso al agua cuando encuentre razones técnicas, operativas o socioeconómicas que impidan la prestación del servicio mediante sistemas de acueducto. “Deberán asegurar el aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico mediante la formulación de los denominados proyectos de soluciones alternativas”, detalló la Corte.

 

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