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Después de cinco meses de haber desaparecido del radar de la Corte Constitucional, la reforma pensional de Gustavo Petro vuelve a la Sala Plena del alto tribunal. La magistrada Paola Meneses, actual ponente en el estudio de la demanda que pide tumbar la totalidad de la iniciativa, ya presentó a sus compañeros un nuevo proyecto de fallo para definir el futuro de una de las banderas del recién terminado gobierno. El Espectador conoció detalles de la propuesta de Meneses que llevaría a la reforma a pasar, por tercera vez, a debate en el Congreso de la República.
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Desde agosto de 2024 la senador Paloma Valencia demandó la ley 2381 de ese mismo año argumentando que había sido mal tramitada en el Congreso. A partir de allí, se convirtió en el expediente más importante para la Corte, teniendo como ponente inicialmente al magistrado Jorge Enrique Ibáñez que en tres ocasiones presentó ponencias para tumbar la reforma. Sin embargo, hace cinco meses salió del proceso por haber comprometido su imparcialidad al hablar públicamente del caso. En ese momento pasó a manos de Meneses que, en su nueva ponencia, conservó un aspecto clave que ya había dicho Ibáñez.
En su última ponencia, el magistrado Ibáñez dijo que en junio de 2025, cuando se determinó que la reforma sí tenía errores en su trámite, pero que podrían ser corregidos por el Congreso, el Legislativo no los arregló realmente. Esa misma perspectiva tiene ahora la magistrada Meneses. De acuerdo con fuentes enteradas del proceso que hablaron con este diario, el proyecto de fallo presentado por la togada señala que, como lo señaló el anterior ponente en su momento, los congresistas no hicieron bien el trámite el año pasado, cuando se los ordenó la Corte.
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En las sesiones extraordinarias del 27 y 28 de junio del año pasado convocadas por el gobierno de Gustavo Petro, se aprobó por segunda vez la reforma pensional. Sin embargo, según la nueva ponencia, el debate que se hizo para aprobarla no se habría adelantado correctamente ni bajo los parámetros que estableció la propia Corte Constitucional. El proyecto de Meneses apunta a que cuando el alto tribunal determinó que la iniciativa debía regresar al Legislativo, el gobierno citó a extras sin tener la decisión judicial completa.
Los detalles y parámetros de cómo debía llevarse a cabo el nuevo debate se conocieron semanas después, cuando se emitió el auto 841 del año pasado, en el que el alto tribunal resaltó que para corregir los errores en el trámite la Cámara de Representantes no debía hacer solamente un debate más extenso sobre si se acogía o no la totalidad del texto del Senado, sino que debían debatir todo el proyecto. Finalmente eso no ocurrió, porque la plenaria de la cámara baja votó para no discutir todo el articulado y solo revisar la proposición de la congresista del Pacto Histórico María del Mar Pizarro, que pedía acoger el texto tal cual venía de la cámara alta.
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Por eso, la nueva ponencia, primera que presenta Meneses, apuntaría a devolver el proyecto al Congreso para que, con nuevo congresistas, se debata de fondo el articulado en la Cámara de Representantes y el destino de la iniciativa de defina en el Ejecutivo. Uno de los puntos claves sobre los que todavía no se tiene información y podría quedar en manos del Congreso ahora es que pasará con los más de 166.000 trabajadores pudieron hacer su cambio de régimen durante los dos años en que operó parte de la reforma pensional.
El Congreso al que podría volver la reforma no es el mismo que la aprobó en dos ocasiones, cuando Petro, entonces presidente, logró las mayorías necesarias para que uno de sus proyectos bandera pasara. Ahora, aunque el Pacto Histórico tiene una amplia representación -25 curules en Senado y 42 en Cámara- no logran la mayoría en un Legislativo que parece más volcado, al menos inicialmente, hacia el oficialismo con Abelardo de la Espriella. Además, el nuevo jefe de Estado ya dijo que no comparte la iniciativa e incluso plantea presentar una “contrarreforma” en la que igual le haría una cirugía a la iniciativa que dejó el gobierno de izquierda.
Por ahora, está en manos de la Corte determinar qué será lo siguiente que pase con la reforma pensional y si eventualmente debe regresar al Legislativo por tercera vez o si pueden desde el poder judicial ponerle punto final al debate.
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