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Colombia ha vivido tragedias de todo tipo. ¿Qué tan preparada estaba Medicina Legal para atender una situación como la que tuvimos el lunes con el terremoto?
Creo que Medicina Legal ha avanzado muchísimo en los últimos 30 años. Somos referentes a nivel latinoamericano, aunque también nos faltan cosas. No digamos que somos perfectos ni nada de eso, pero creo que estamos preparados para atender una situación como la que se presentó. Ya activamos planes de contingencia y hemos recibido todo el apoyo necesario por parte del Puesto de Mando Unificado (PMU) y ya logramos conseguir un contenedor que nos donaron para ubicarlo en Pereira y poder refrigerar los cuerpos. Estamos trabajando a toda velocidad y de la mejor manera posible. Ya mandamos un carro a Cali para refrigerar 20 cuerpos, donde tenemos una situación complicada: la sede está cerrada porque puede estar en riesgo de colapso. Mañana llega el patólogo estructural para determinar si es viable o no que podamos entrar.
(¿Tiene una persona desaparecida por el temblor? Repórtela acá)
¿Dónde más han tenido este tipo de dificultades?
Hay un asunto también complicado y es que nosotros tenemos cuatro puntos de genética a nivel nacional: en Medellín, Villavicencio, Bogotá y Cali. En este momento quedamos con solo tres y todo el soporte genético, es decir, las pruebas genéticas para identificar a una víctima se harán en Bogotá.
¿Qué le ha hecho falta a la entidad para afrontar situaciones como esta?
En Quibdó (Chocó) tenemos un problema grave: no contamos con infraestructura propia. Tenemos un proyecto de inversión que esperamos que salga a licitación este año, precisamente para construir la sede de Medicina Legal en el departamento. En Pereira contamos con una infraestructura muy buena; en Manizales también, pero en Cali no. Allí la sede funciona en un espacio que tenemos en comodato con el Hospital Universitario del Valle. Pero resulta que también colapsó. Nos tocó acudir al plan C: trasladarnos a Palmirá y Tuluá. Hemos desplazado los equipos necesarios desde Bogotá y Medellín para sacar las cosas adelante. Diría que, hasta el momento, estamos funcionando de la mejor manera.
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Usted ha hablado de que existe un protocolo específico para este tipo de situaciones. Cuéntenos, por favor, en qué consiste, cómo funciona y cuáles son sus puntos clave.
El protocolo que tenemos para estos casos es mucho más rápido, porque no necesitamos abordar todo el cuerpo de la persona fallecida. ¿Por qué? Porque sabemos que las muertes están relacionadas principalmente con aplastamientos causados por las estructuras. Entonces podemos aplicar un protocolo que nos permite determinar la causa y la manera de muerte de forma más expedita. Eso nos permite entregar los informes y los cuerpos con mayor rapidez. También tenemos un protocolo para los menores de edad que implica realizar pruebas genéticas. No podemos entregar un cuerpo a un padre que diga: “Ese es mi hijo” si no tenemos la genética para confirmar que sí lo es. Podríamos entregar equivocadamente un cuerpo y, después, el perjudicado sería el Instituto.
Sobre los casos de menores de edad, me dice que tienen cinco. ¿En qué lugares están y cómo los están manejando?
En este momento tenemos cuerpos de menores en Palmira. Estamos tomando muestras genéticas de los cuerpos y de las familias para enviarlas a Bogotá, por vía aérea o terrestre. El problema es que el aeropuerto de Cali apenas lo van a abrir este miércoles al mediodía. Una persona podría decir, pero por qué no los identifican con un cotejo dactilar, pero el problema es que es procedimiento no se puede hacer porque se nos exige la muestra genética. Es decir, nos toca tomar muestras a los padres y madres y comprara las cadenas genéticas para confirmar. Es un proceso un poco más lento, pero le hemos dado prioridad porque entendemos el dolor de las familias y tenemos que entregarles los cuerpos a los padres.
¿Cuánto tiempo podría tardar el proceso de identificación en esos casos?
Máximo dos días.
¿Qué decirles a esas familias que están esperando que les devuelvan a sus hijos y que deben esperar más tiempo por ese cotejo?
Que estamos haciendo ese esfuerzo maratónico para cumplirles a los padres de familia y a la sociedad colombiana. Lo hacemos de la mejor manera, con celeridad y experticia.
¿Cómo avanzan los procedimientos relacionados con las personas fallecidas en el departamento del Chocó?
Tenemos varios puntos de Medicina Legal en Chocó que están brindando apoyo, en Istmina y Quibdó. Desplazamos desde Medellín un equipo adicional de peritos para apoyar. Pero, independientemente de Chocó y de lo ocurrido con la infraestructura, los puntos más álgidos han sido Pereira y Cali. Hemos dispuesto, de la mejor manera posible, contenedores y carros refrigerados, además de peritos, para ampliar el servicio en los lugares de mayor necesidad.
En su diálogo con las demás instituciones que están al frente del proceso, ¿tienen alguna proyección de cuántas podrían ser las víctimas del terremoto o todavía no cuentan con un cálculo aproximado?
Participamos en el PMU que coordina la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) por orden de la Presidencia. Allí se abordan todos estos puntos, pero, hasta donde sé, en este momento no hay una proyección que permita determinar cuántas personas fallecieron o podrían fallecer.
En el caso de Cali está el problema de la infraestructura de Medicina Legal, que quedó muy afectada, y la necesidad de trasladar la operación a ciudades cercanas e intermedias. Pero también está el drama de los funcionarios de la entidad que resultaron afectados por el terremoto.
Sí. Ayer le di la orden a la Secretaría General y a la oficina de personal de hacer un inventario de los funcionarios afectados, para determinar cómo podemos apoyarlos desde Medicina Legal en estos momentos difíciles. Sabemos, por ejemplo, que hay funcionarios en Pereira y Cali cuyas viviendas resultaron afectadas. Algunas personas han tenido que alojarse en hoteles. También estamos trabajando internamente en ese sentido.
¿Tienen registro de funcionarios con familiares desaparecidos bajo los escombros o fallecidos?
No, todavía no tenemos registro de eso, pero sí sabemos que hay personas cuyas viviendas quedaron afectadas. En eso estamos trabajando con la oficina de personal.
¿Cuántos funcionarios de Medicina Legal trabajan en este momento en la identificación de las personas fallecidas en el terremoto?
Tenemos varios lofoscopistas trabajando en Palmira, Manizales, Pereira y Quibdó. Son entre 10 y 15 funcionarios que toman las huellas. También están los peritos correspondientes, que trabajan en equipos de dos en cada uno de los lugares, abordando los cuerpos. Además, toda la infraestructura administrativa está apoyando el trabajo. Tenemos una logística de medios a través de la oficina de comunicaciones y una red de información que nos permite publicar en los boletines los nombres de las personas fallecidas. Hemos emitido cuatro boletines.
La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, anunció la creación de un sistema único de información para agilizar la identificación y la entrega digna de los cuerpos a sus familiares. Sobre todo, para garantizar una entrega rigurosa. Cuéntenos cómo funciona esa herramienta y cómo se articulan Medicina Legal y la Fiscalía para hacer más ágil el trabajo.
Recibimos información a través del SPOA, una plataforma electrónica mediante la cual llega toda la información de la Fiscalía a Medicina Legal. También contamos con una plataforma propia, compartida con la Fiscalía, que es el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec). Allí quedan registrados los desaparecidos y los cadáveres. Compartimos esa información y también tenemos conexión con la Registraduría Nacional del Estado Civil para automatizar la identificación de las personas. Así se intercambia información interinstitucional en materia de policía judicial. Adicionalmente, la Fiscalía, en coordinación con nosotros, dispuso dos fiscales en Medicina Legal de Pereira y otros dos en Palmira para agilizar la entrega de los cuerpos. Estamos trabajando de la mano con ellos.
Cuéntenos con más detalle cómo es ese proceso: desde el rescate y la identificación del cuerpo hasta su entrega a las familias con todas las garantías.
Se rescata el cuerpo y se lleva a Medicina Legal, como debe hacerse siempre, independientemente de la situación. El traslado lo realizan las autoridades competentes de policía judicial, porque nosotros no transportamos cuerpos. En este caso, lo hacen la Fiscalía, a través del CTI, o la Policía, mediante la Sijín. El cuerpo llega a Medicina Legal y, con la orden de la Fiscalía que recibimos por medio del SPOA, lo abordamos, lo identificamos y realizamos la autopsia. Después elaboramos un informe que se sube al Sirdec, que está conectado con el SPOA. En ese momento debemos recibir una orden judicial de la Fiscalía que nos permita entregar el cuerpo. No podemos actuar sin órdenes judiciales. Como hay fiscales en los lugares que acabo de mencionar, allí se expide inmediatamente la orden judicial y podemos entregar el cuerpo. Generalmente se entrega a la funeraria con la que la familia ya estableció contacto para que lo recoja. En ese momento, el fiscal también expide la licencia de inhumación para que el cuerpo pueda ser sepultado en el cementerio correspondiente.
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Hablando de cementerios, recibimos información de que en Pereira les estaban pidiendo a las personas que se acercaran a preguntar por sus seres queridos, ante el drama de todo lo que está sucediendo en la ciudad. ¿Eso es cierto? ¿Hay colapso en las morgues de Pereira? ¿Qué ocurre allá?
No tengo información sobre el tema, pero sí sé que todo debe hacerse a través de Medicina Legal, que es a donde llegan los cuerpos. Ningún cuerpo puede llegar a un cementerio sin haber pasado por el Instituto. Nosotros somos los encargados. Ahora, ¿qué proceso viene de aquí en adelante? Este es, digámoslo entre comillas, el proceso con “cuerpos frescos”. Ahora viene un problema aún más grave: los cuerpos se descomponen. Mientras retiran las estructuras que colapsaron, surge un problema de salud pública. En ese momento, los cuerpos tendrán que ser llevados a morgues especiales, que no son para cuerpos frescos —perdón por la expresión—, sino para cuerpos en descomposición. También debemos articular ese proceso y abordarlos allí.
Entonces, para decirlo de alguna manera, ahora estamos en lo fácil, viene lo más complicado. ¿De cuánto tiempo estamos hablando?
El cuerpo empieza a descomponerse desde el momento en que la persona fallece, porque termina toda su actividad metabólica. Ya han pasado 48 horas desde que ocurrió la situación. Hasta este momento hemos entregado 127 cuerpos; probablemente ya estemos cerca de los 150. Si agilizamos este proceso, podremos concentrarnos más en los cuerpos que empiecen a llegar después de 48 horas, que son los casos más complicados. Recordemos, además, que Medicina Legal no funciona únicamente para atender el terremoto. También debemos atender las situaciones del día a día. El país sigue. Se lo digo así: en Buenaventura hubo un incendio en una cárcel y ayer recibimos siete cuerpos calcinados en Tuluá, porque no podíamos atenderlos en Buenaventura. También tenemos que abordar esos casos. Medicina Legal tiene que estar preparada para todo eso. Pero, ¿sabe cuál es ahora el reto más grande?
¿Cuál?
Dormir.
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Sobre el tema de la crisis de salud pública. Se ha advertido mucho sobre ella; también se hizo hace un mes, tras los terremotos de Venezuela, por la magnitud que tuvieron. La vivimos en 2010, después del terremoto de Haití. En Colombia, tras lo ocurrido el lunes, ¿estamos ante la posibilidad de una situación similar?
Depende del número de muertos. Creo que ese asunto debe manejarlo el Ministerio de Salud, porque puede convertirse en un problema de salud pública. Nosotros estamos involucrados indirectamente porque los cuerpos llegarán a Medicina Legal, pero sí existe la posibilidad de que el país enfrente una situación de ese tipo. Por nuestra experiencia —además tuvimos un equipo trabajando en Venezuela— sabemos que eso puede comenzar a partir del jueves o el viernes. Estamos preparados. Es cierto que la prioridad son los sobrevivientes, que es en lo que se está trabajando, pero después vienen los fallecidos. Nos acercamos a las horas cruciales.
¿Ha podido hablar con la ministra de Salud para advertirle sobre lo que viene?
Hemos estado en contacto directo con la fiscal general que está informada de todo lo que sucede. Esta mañana también tuvimos la oportunidad de hablar con el vicefiscal. Anoche hablamos con la ministra de Salud y también con el ministro de Justicia. Hemos mantenido contacto permanente para intercambiar la información correspondiente.
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¿Qué mensaje o indicaciones darles a las familias que tienen a un ser querido desaparecido? Algunas conservan la esperanza de que siga bajo los escombros de alguna estructura colapsada; otras tienen indicios de que pueden estar en Medicina Legal.
Creo que son tres. En primer lugar, tenemos los boletines en los que informamos quiénes son las personas identificadas. En segundo lugar, dispusimos en nuestra página web un enlace a un formulario para reportar desaparecidos, al que también se puede acceder mediante un código QR. Allí pueden suministrarnos toda la información sobre la persona desaparecida. Y el tercer paso —que es difícil, porque entiendo que las familias buscan a su ser querido y quieren recuperar su cuerpo— es tener un poco de paciencia. Créanme que estamos trabajando duro para poder cumplirle a Colombia.
¿Qué es lo que más le preocupa? ¿Qué le quita el sueño?
El tiempo. Aquí todos estamos haciendo nuestro trabajo. Todos los funcionarios del Instituto están trabajando sin descanso.
¿Y qué le da esperanza, doctor?
Que Colombia sea solidaria. Uno ve, por ejemplo, que la primera dama está buscando recursos. Gracias a su gestión, nos llegó a Pereira un contenedor de Alpina. Nos llegará otro a Palmira. Hemos recibido el apoyo de toda una red que atiende la situación. Creo que eso es solidaridad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
