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La Corte Constitucional encontró que no se están cumpliendo las órdenes que viene impartiendo desde hace nueve años para que se superen los problemas de acceso al agua potable, alimentación y salud que sufren los niños y niñas Wayuu de La Guajira. Por eso, tras una nueva visita a la zona el pasado 13 de octubre, determinó que la vulneración masiva y sistemática de derechos que llevaron a declarar un Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en 2017 persiste. Aunque recordó que es un problema de fondo que viene a lo largo de los años, puso fechas límites y dio órdenes caras al gobierno de Abelardo de la Espriella para que, de una vez por todas, le haga frente a la problemática. Eso sí, resaltó la Corte, sin desconocer o echar para atrás, los logros del gobierno pasado.
Los hallazgos
Concretamente, el alto tribunal comprobó que "persistían las causas estructurales que dieron origen a dicha decisión" y que "la niñez Wayuu en Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia continúa padeciendo una vulneración masiva, generalizada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua potable, a la alimentación, a la salud y a la participación". Según datos del SIVIGILA, en los cuatro municipios priorizados se registraron 142 fallecimientos en 2025 por Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) o Desnutrición Aguda (DNT), y de forma preliminar al 23 de octubre de 2026 se notaron 61 muertes.
Asimismo, se evidenció la existencia de múltiples obras de agua financiadas con recursos públicos que se encuentran fuera de servicio. Por ejemplo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios reportó que "no operan veinte de sesenta infraestructuras inspeccionadas en Manaure, cuatro de catorce en Uribia, una en Maicao y dos en Riohacha", lo que demuestra una grave brecha entre la obra construida y la disponibilidad real de agua. Por otra parte, se descubrió que no existe un Plan Estructural de Acción (PEA) definitivo para hacerle frente a la problemática. El que presentó el gobierno Petro, dice la Corte, contempla 65 acciones y 156 indicadores, pero al revisarlo a detalle presentó "deficiencias metodológicas y técnicas, advertidas por los órganos de control, en la definición de indicadores, la financiación, la trazabilidad de resultados y la articulación con los objetivos constitucionales mínimos".
También así, el alto tribunal señaló "la ausencia de una línea base poblacional y territorial confiable, la insuficiente interoperabilidad entre las entidades y las dificultades para identificar de manera precisa las comunidades beneficiarias". Además, el Registro Multidimensional Wayuu (RMW) a cargo del DANE "apenas alcanzó una cobertura territorial aproximada del 70 %". Por la misma línea se encontró que hay una crisis de representatividad étnica. El alto tribunal detalló que el Ministerio del Interior admitió en la sesión técnica que "el estudio etnológico ordenado por la Sentencia T-172 de 2019 aún no ha sido culminado" y que "únicamente cuatro de los cuarenta delegados del pueblo Wayuu previstos para integrar el Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP) han sido designados".
Para la Corte, hay una serie de bloqueos institucionales que han hecho imposible superar el ECI. Por una parte, resalta "la falta de un PEA definitivo, concertado, financiado y medible", sumado a la decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de "revisar y reformular integralmente el documento, sin que a la fecha haya radicado una propuesta propia". También, "la ausencia de una línea base interoperable que permita focalizar, evitar duplicidades y medir el goce efectivo de los derechos". Igualmente, se puso de presente que existe una clara "brecha entre la inversión en infraestructura hídrica y la disponibilidad real de agua para las comunidades", al entregarse obras abandonadas o inoperantes por fallas de mantenimiento y gestión. Asimismo, el alto tribunal resaltó "la crisis de representatividad que dificulta el diálogo genuino con el pueblo Wayuu", debido a la falta de certeza sobre autoridades legítimas e inconclusión del estudio etnológico.
Las órdenes al gobierno de De la Espriella
Ante los distintos bloqueos y problemas estructurales que no han permitido superar la ECI en La Guajira, la Corte dictó órdenes claras y concretas para que el gobierno de Abelardo de la Espriella las cumpla. Por ejemplo, ordenó al Ejecutivo formular una "ruta crítica de consolidación del Plan Estructural de Acción (PEA), con responsables, actividades, productos, fechas de los espacios de participación efectiva, identificación de la información faltante y mecanismos para resolver los desacuerdos interinstitucionales".
Por la misma línea pidió enviar al DNP y Ministerio de Hacienda el borrador del PEA de julio de 2026 y las matrices de priorización para que sean tenidos en cuenta en la formulación de la ley del PND y su Plan Plurianual de Inversiones (PPI). También, el alto tribunal le hizo una advertencia clara a De la Espriella: "no podrá suprimir acciones, reducir metas, coberturas o indicadores, ni eliminar fuentes de financiación ya identificadas" desde el gobierno anterior, el de Gustavo Petro.
A la Consejería Presidencial para las Regiones, como instancia articuladora del MESEPP, le ordenó que dentro de los 10 días hábiles siguientes envíe a la Corte una ruta crítica de consolidación del Plan Estructural de Acción (PEA), con responsables, actividades, productos, fechas de los espacios de participación efectiva, identificación de la información faltante y mecanismos para resolver los desacuerdos interinstitucionales. Además, pidió indicar la fecha de la sesión extraordinaria del MESEPP anunciada para la última semana de noviembre de 2026 y la fecha prevista para la adopción definitiva del PEA. “Si esta última excede el mes de mayo de 2027, fecha comprometida por el MESEPP en la sesión técnica, la Consejería deberá justificarlo expresamente", se lee en el auto.
También le ordenó a la Consejería Presidencial para las Regiones y a las entidades del MESEPP que, a más tardar dentro de los cinco días hábiles “remitan al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la propuesta de PEA radicada el 29 de julio de 2026 por la administración anterior, sus matrices y diagnósticos existentes, y una ficha de priorización de medidas relacionadas con agua, alimentación, salud, participación y transparencia, con los costos, fuentes y proyectos de inversión ya identificados".
Asimismo, la decisión, que tuvo como ponente al magistrado Carlos Camargo Assis, estableció que "el gobierno nacional que se posesionó el 7 de agosto de 2026 conserva plena competencia para revisar, ajustar o reformular el borrador presentado por la administración anterior y para imprimirle sus propias prioridades, pero no puede desconocerlo como punto de partida ni prescindir, sin justificación, de los avances técnicos, presupuestales y participativos acumulados. La continuidad institucional es, en este contexto, una garantía para la niñez Wayuu". También, que "la versión unificada del PEA deberá construirse a partir del borrador radicado por el MESEPP el 29 de julio de 2026, y no podrá suprimir acciones, reducir metas, coberturas o indicadores, ni eliminar fuentes de financiación ya identificadas, salvo que la autoridad responsable demuestre que el cambio es necesario y que la medida que lo reemplaza ofrece una protección igual o mayor de los derechos de la niñez Wayuu".
Los plazos
Para que sus órdenes por fin se cumplan y sean constantemente revisadas, la Corte dio cinco días para la remisión del borrador del PEA de julio de 2026 y sus matrices de costos al DNP y al Ministerio de Hacienda por parte del MESEPP y la Consejería Presidencial. Ese mismo tiempo fue el que le dio al Ministerio del Interior para que presente el cronograma detallado sobre el estudio etnológico, registro de autoridades y delegados al MESEPP. Por otra parte, dio 10 días para la presentación de la ruta crítica de consolidación del PEA por parte de la Consejería Presidencial y la misma cantidad de días para la presentación de la ruta de participación efectiva y diálogo genuino en lenguaje wayuunaiki.
El gobierno tendrá 20 días para entregar la metodología pública y verificable de focalización de beneficiarios por MinVivienda, MinAgricultura, ICBF y entidades territoriales, así como el reporte de cumplimiento, con soportes, de los compromisos asumidos por las distintas entidades de orden nacional. Por otra parte, dio 30 días para que se entregue el inventario de infraestructura hídrica inoperante y del plan de intervención escalonado por parte de MinVivienda y entes territoriales, así como para hacer la convocatoria y realización de la sesión de verificación del MESEPP con participación de los representantes Wayuu.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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Julio César(69508)•Hace 4 horasNada màs apropiado que el verbo utilizado en este artìculo " Ordenar" para significar que el presidente de la repùblica tiene "superiores" que le imparten òrdenes de ineludible cumplimiento.