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El decreto con el cual el gobierno de Gustavo Petro declaró una nueva emergencia económica en el país ya está bajo la revisión de la Corte Constitucional. El caso será liderado por el magistrado Miguel Polo Rosero, quien fue designado como ponente.
Esta nueva orden del presidente Petro tiene como objetivo enfrentar la crisis que han generado las lluvias en varios departamentos de la Costa Caribe, especialmente en Córdoba. Según indicó el gobierno, la emergencia por inundaciones ha generado una situación extraordinaria que requiere medidas urgentes y recursos adicionales.
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El Ejecutivo señaló que el recaudo de impuestos en esta emergencia económica sería usado de forma exclusiva para atender la situación en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda anunció que, en el marco de la nueva emergencia económica declarada por el gobierno Petro, se adoptarán medidas para recaudar cerca de COP 8 billones, destinados para atender los daños provocados por la emergencia de lluvias.
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La otra emergencia económica que revisa la Corte
Desde diciembre de 2025, el Ejecutivo declaró una primera emergencia económica, la cual se encuentra suspendida desde el pasado 29 de enero, por decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional. El alto tribunal estudió una ponencia del magistrado Carlos Camargo, quien propuso a la Sala suspender el decreto mientras se adopta una decisión de fondo.
Según el proyecto de fallo, en el decreto del Ejecutivo existen “algunos aspectos en los que, en principio, se puede evidenciar una ostensible incompatibilidad con el ordenamiento constitucional”. Los argumentos del primer mandatario indicaban que, con este primer decreto de emergencia económica, busca hacerle frente a “la situación grave e inminente que enfrenta la Nación, consistente en la incapacidad material y jurídica de garantizar el goce de algunos derechos fundamentales”.
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De igual manera, el Gobierno aseguró que era una medida necesaria por la “no aprobación por parte del Congreso de la República de dos proyectos sucesivos de Ley de Financiamiento para las vigencias fiscales 2025 (COP 12 billones) y 2026 (COP 16,3 billones)”.
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