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La Corte Constitucional acaba de admitir para su revisión una tutela en contra de uno de sus integrantes: el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, expresidente del alto tribunal. El caso que ahora está bajo la lupa es el que tiene que ver con las declaraciones que hizo el togado a un medio de comunicación en el que aseguró que su hijo mayor, Jorge Enrique Ibáñez Robles, fue producto de un abuso sexual del que supuestamente fue víctima por parte de la madre del joven.
En la mañana de este jueves 28 de mayo, la sala de selección conformada por la magistrada Lina Marcel Escobar y el magistrado Juan Carlos Cortés, admitieron para revisión la tutela presentada por el hijo mayor del magistrado, Jorge Enrique Ibáñez Robles, y por su madre, Yolanda Inés Robles Ramírez. En la acción piden que “se amparen sus derechos fundamentales a una vida libre de violencia, a la honra, al buen nombre y a la dignidad humana, ordenando la adopción de medidas de protección idóneas y suficientes”. Para los magistrados, el caso debe ser revisado por ser “un asunto novedoso y la exigencia de aclarar el contenido y el alcance de un derecho fundamental”.
La petición tuvo origen en las declaraciones hechas por el magistrado Ibáñez al medio CasaMacondo en un artículo en el que se hablaba de un expediente perdido en un juzgado de familia de Ibagué (Tolima). Los documentos extraviados precisamente hacían parte de un caso en el que el togado tuvo que reconocer en 2004 la paternidad de Jorge Enrique Ibáñez Robles. En su entrevista con el medio sobre el proceso, el expresidente de la Corte Constitucional señaló que “este es un asunto de la paternidad que aparece y se lo pongo con toda la transparencia. Aparece como consecuencia de una conducta de la que yo fui víctima. Especialmente, digamos, fui víctima de abuso sexual por parte de una señora”.
El togado también señaló que la mujer lo invitó a tomar algo “y seguramente yo terminé metido en una situación de indefensión, donde yo pude haber tenido una relación con ella”. Ante esos señalamientos, su hijo y la mujer pidieron a la justicia “que se dispusiera la retractación, rectificación y aclaración de las afirmaciones contenidas en la entrevista concedida por el accionado al medio de comunicación CasaMacondo, en condiciones de equidad, por el mismo medio, con igual despliegue y duración”.
Antes de llegar a la Corte Constitucional, la tutela pasó por dos instancias anteriores. En primer momento, un juzgado de Neiva (Huila) resolvió la tutela y ordenó al magistrado Ibáñez retractarse por las declaraciones. En diciembre del año pasado, el entonces presidente de la Corte tuvo que decir públicamente que “no he asegurado ni aseguro, porque no me consta, en tanto no tengo elementos probatorios que así lo certifiquen y por tratarse simplemente de una hipótesis descartada nunca acudí a la administración de justicia para solicitar investigación, que haya sido víctima de abuso sexual por parte de la citada señora con la cual no tuve relación alguna”.
Sin embargo, en febrero pasado, el magistrado apeló y en segunda instancia un juzgado penal de Neiva (Huila) le dio un espaldarazo al togado y ordenó al medio de comunicación CasaMacondo eliminar de su página web todas las publicaciones periodísticas relacionadas con las declaraciones que realizó Jorge Enrique Ibáñez. Además advirtieron al medio de comunicación de abstenerse de “efectuar publicaciones que atenten contra la intimidad, la honra o el buen nombre” del magistrado y de Yolanda Inés Robles.
Con esa orden, al medio le dieron cinco días para publicar una nota en su sitio web en la que se mencione que la investigación realizada por Barrientos fue retirada por orden judicial, “al haberse constatado la vulneración de derechos fundamentales”. Según el fallo, dicha nota debía permanecer disponible durante 30 días en la página del medio independiente CasaMacondo.
Ahora será la propia Corte Constitucional la que determine si su magistrado tendrá que retractarse nuevamente, como lo piden su hijo y la madre de él, o si le da nuevamente un espaldarazo al togado y su nombre. Concretamente, Robles Ramírez pide la retractación, rectificación y aclaración sobre puntos específicos, destacando “ la retractación de las manifestaciones en las que se afirmó, de manera falsa y sin sustento, que el accionado habría sido víctima de abuso sexual por parte de la señora Robles Ramírez, aclarando que la relación fue consentida”.
También pidieron la retractación de la “insinuación maliciosa según la cual la accionante habría colocado al accionado en una supuesta situación de indefensión mediante la ingesta de alguna sustancia”. Asimismo, Jorge Enrique Ibáñez Robles (hijo) pidió aclarar y rectificar afirmaciones sobre “el uso del apellido; las condiciones y el origen de la cuota alimentaria; el alcance real de los aportes económicos realizados; la inexistencia de una voluntad de ayuda adicional a la cuota acordada; la ausencia de dudas sobre la paternidad antes del proceso judicial”, entre otros aspectos de su relación personal y académica.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhordan C. Rodríguez
