La Corte Constitucional se alista a decidir sobre una tutela en la que hay involucrados $76 millones de dólares de Estados Unidos. No será una discusión fácil por el monto del dinero comprometido, porque es país tiene la lupa en el caso, y porque, aunque hay un complejo concepto jurídico de por medio, del que no hay mucha ilustración, el alto tribunal negó practicar todas las pruebas que pidieron las partes. Se trata de una tutela que interpuso una acaudalada familia condenada por un fraude financiero en Florida, que han evadido por años pagar la multa que les impusieron en suelo norteamericano.
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(En contexto: El millonario fraude en Florida que está en manos de la Corte Constitucional)
El expediente se remonta a 2011, cuando la justicia civil de Estados Unidos condenó a Marcos Fraynd Szyler, y a sus hijos, Paul, Saúl y Fanny Fraynd Rabinovich. Tendrían que pagarle $76 millones al Departamento de Servicios Financieros de Florida por el fraude que cometieron con una compañía de seguros en ese estado. Pero los Fraynd ya no estaban en el país del norte. La entidad gringa se armó de abogados, dio y, en 2019, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia colombiana homologó el fallo, pero los condenados interpusieron una tutela. Hoy está en revisión en la Corte Constitucional.
El concepto por el cual la Corte Suprema le dio efectos en Colombia al fallo civil de Estados Unidos se llama exequátur. En pocas palabras consiste en homologar fallos extranjeros, pero no hay mucha jurisprudencia sobre el tema en el país. Es decir, con el visto bueno de la Sala Civil, las autoridades colombianas podían perseguir bienes y activos de la familia Fraynd para que pagara la deuda que tiene con las autoridades de Florida: US$8 millones de la compañía de seguros Aries que movieron de manera irregular y otros US$65 millones de sus asegurados que se apropiaron ellos mismos.
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A pesar de los vacíos teóricos, en la Corte Constitucional el magistrado ponente, José Fernando Reyes, decidió cerrar el periodo de pruebas con apenas una prueba en el expediente: un cuestionario que le envió al Ministerio de Relaciones Exteriores. La entidad contestó en agosto de 2021. Por su parte, la defensa de los Fraynd, que está en cabeza del exprocurador y excontralor Edgardo Maya Villazón, había pedido algunas pruebas, y lo propio hizo el Departamento Financiero de Florida. Pero Reyes no accedió a esas solicitudes.
Así las cosas, aparte del concepto de la Cancillería, el expediente que estudia Reyes lo conforman los documentos que revisaron las Sala Laboral y Penal de la Corte Suprema, que decidieron en primera y segunda instancia las tutelas de la familia Fraynd. Nada más. Ni un testimonio, ni una intervención de algún experto. Y en un auto, firmado en enero pasado, el magistrado ponente ordenó: “Una vez recaudado en su totalidad el material probatorio, estos permiten a la Corte disponer de los elementos de juicio necesarios para adoptar la decisión definitiva”.
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La abogada del Departamento Financiero de la Florida interpuso un recurso, aún pendiente por resolver, con el que busca tumbar ese auto, pues, al parecer, habría una “omisión” del magistrado Reyes al no practicar las pruebas que pidieron las partes. Mientras tanto, sigue levantando suspicacias en los pasillos del alto tribunal que el magistrado Reyes fue subordinado de Edgardo Maya en la Procuraduría. Aunque los gringos recusaron al magistrado por esta relación laboral pasada, sus colegas negaron la solicitud y hoy sigue al frente del caso.
Si Reyes se mantiene en su decisión de cerrar el periodo de pruebas, tendrá que presentar una ponencia a la Sala Plena de la Corte Constitucional en dos meses. Dada la complejidad del asunto el asunto será estudiado por el pleno de los magistrados y no por una sala de revisión de tutelas, como es costumbre. Sin embargo, de esa discusión no participará la togada Diana Fajardo, quien pidió apartarse del caso por su amistad con la esposa del exprocurador Maya, Adriana Guillén. Un embrollo en el que se cruzan jurisdicciones distintas, relaciones personales y decenas de millones de dólares que Estados Unidos espera cobrar.
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