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17 Sep 2020 - 7:01 p. m.

Corte Constitucional tumba decreto sobre arrendamientos comerciales en la pandemia

Se trata del decreto 797 de 2020 expedido en el marco del Estado de Emergencia por la pandemia de COVID-19 que regulaba la terminación unilateral y anticipada de los arriendos.
Sala Plena Corte Constitucional
Sala Plena Corte Constitucional
Foto: Corte Const

La Corte Constitucional tumbó este jueves, con una votación 5-4, el decreto 797 del pasado 2º de junio que fue expedido en el marco del Estado de Emergencia por la pandemia de COVID-19 para regular la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de locales comerciales por parte de los arrendatarios. Esto aplicaba para sectores que no estaban todavía habilitados para volver a funcionar como bares, discotecas, casinos, gimnasios, piscinas, spa, cines, entre otros.

El decreto facultaba a los arrendatarios a terminar de forma unilateral hasta el pasado 31 de agosto los contratos de locales comerciales en los que también funcionaran terminales de juego de video, balnearios, canchas deportivas, parques de atracciones mecánicas, teatros y servicios religiosos que implicaran aglomeraciones. Y señalaba que el arrendatario estaba obligado a pagar un tercio de la cláusula penal pactada en el contrato, sin mayor sanción.

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En caso de que dicha cláusula no existiera, el arrendatario tenía que pagar lo equivalente a un canon de arrendamiento. Según el decreto, esta medida era necesaria teniendo en consideración las limitaciones en la explotación económica de locales comerciales, así como la disminución de sus ingresos. “(…) resulta necesaria la adopción de una medida de orden legislativo sobre la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de local comercial, que no solo promueva las negociaciones entre las partes y el mantenimiento del equilibrio económico contractual, sino que, además, contribuya a evitar abusos del derecho y una aglomeración de controversias judiciales”, decía el decreto.

Al estudiar el caso, la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto al estimar no se podía vulnerar la autonomía de la voluntad privada y la libertad contractual, en tratándose de comerciantes. El alto tribunal señaló que el decreto no era necesario en el marco del Estado de Emergencia y estimó que el Código Civil y el Código de Comercio tenían diversos instrumentos para superar circunstancias imprevisibles en el desarrollo de la voluntad contractual que pueden ser usados en estos casos, por lo que no era necesaria la intervención en este asunto vía decreto.

En este caso, el abogado Humberto Sierra Porto como representante de la Asociación de Centros Comerciales había solicitado a la Corte tumbar el decreto al estimar que estas medidas no estaban relacionadas directamente con la emergencia económica.

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“En efecto, por un lado, no es una medida que preserve el empleo, por el contrario, en realidad causa más desempleo porque las empresas ya no tendrían un establecimiento para desarrollar sus actividades y por lo tanto los empleados carecerían de un lugar donde trabajar. Además, nada garantiza que los empresarios destinen efectivamente el dinero previsto para el pago de los arrendamientos al pago de la nómina. Tampoco es una medida que mejore la situación económica de las empresas porque no se trata de un auxilio, subsidio o un aporte económico que les permita afrontar sus distintas obligaciones”, indicó.

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