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24 Jun 2020 - 1:18 p. m.

Corte Constitucional tumba facultades transitorias a procuradores en casos de alimentos

Se trata de un apartado del decreto 460 de 2020, emitido en el Estado de Emergencia por la pandemia. Las otras medidas allí establecidas para el funcionamiento en estos tiempos de las comisarías de familia fueron avaladas.
La Sala Plena de la Corte Constitucional/ Mauricio Alvarado-El Espectador.
La Sala Plena de la Corte Constitucional/ Mauricio Alvarado-El Espectador.

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó un apartado del decreto 460 de 2020, que fue emitido en el marco del Estado de Emergencia por la pandemia de COVID-19, que daba facultades transitorias a los procuradores judiciales de familia para hacer algunos procesos propios de jueces relacionados con procesos de custodia de menores de edad, alimentos y visitas. La decisión se tomó al considerar que esas funciones nada tiene que ver con el mandato de la Procuraduría General.

“La Corte consideró que la disposición prevista en el parágrafo del artículo 2o, permite la reasignación transitoria de una función ajena al ámbito regulatorio que se pretende en el Decreto y que despoja de su función a entidades del orden territorial para asignársela a un organismo del Estado que, si bien tiene funciones de intervención en los procesos judiciales, no le está adjudicada dicha competencia”, señaló el alto tribunal.

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Salvo ese apartado, la Sala Plena dio su visto bueno al resto del decreto que fijó una serie de parámetros para que las 1.273 comisarías de familia que existen en el país siguieran funcionando en condiciones de aislamiento obligatorio. Ese decreto, en pocas palabras, decía a los alcaldes que debían asegurar sus servicios y que priorizaran los casos de violencia intrafamiliar.

“Para esto, el decreto establece unas obligaciones a los alcaldes para la atención permanente de las víctimas apelando a estrategias de servicio remoto, puede ser telefónico o puede ser virtual, pero además les dice que (el servicio) debe ser presencial cuando no hay opción de hacerlo virtual o telefónico”, explicó a este diario Juanita López Patrón, viceministra de Justicia, en abril pasado.

Para la Corte, el decreto está ajustado a la Constitución, por pretender contrarrestar la violencia intrafamiliar que, de acuerdo con la información recibida en este proceso, ha aumentado durante la cuarentena nacional. Como el decreto ordenaba la difusión de medidas de prevención por radio, el alto tribunal precisó que esa obligación “gratuita a cargo de las emisoras comunitarias también aplica a las radiodifusoras públicas”.

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Sobre este aspecto, los magistrados Cristina Pardo Schlesinger y Alberto Rojas Ríos salvaron parcialmente su voto por considerar que la obligación debió extenderse también a las radiodifusoras privadas. Por su parte el magistrado Alberto Rojas Ríos salvó de manera parcial su voto en relación con unos apartados por considerar que carecen de una visión integral de la violencia en el contexto intrafamiliar, la cual puede ser padecida por cualquiera de sus integrantes, incluidos hombres.

De otro lado, la Sala Plena avaló el decreto 482 de 2020 que dictó una serie de medidas para la operación del sector transporte en medio de la pandemia por considerar que son proporcionales frente a la crisis que pretende conjurar y a la garantía de la movilidad de la ciudadanía en general. Sin embargo, la Corte “precisó que la medida que suspende los topes laborales de los controladores aéreos, los bomberos y demás personal de apoyo, debía condicionarse su aplicación a las situaciones estrictamente necesarias para asegurar la prestación del servicio de transporte de pasajeros y/o de carga, bajo condiciones de seguridad para ese personal y el público en general”.

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