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Ya van siete meses de largas discusiones y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia nada que se pone de acuerdo sobre la decisión que resolverá de una buena vez el caso del general (r) del Ejército Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, condenado a 40 años de prisión por la masacre de Mapiripán, Meta. Una bárbara expedición paramilitar que salió el 12 de julio de 1997 en aeronaves particulares de Necoclí y Apartadó (Antioquia) y que llegó a San José del Guaviare; allí se le sumaron un centenar de miembros de las autodefensas que en la madrugada del 15 de julio arrasaron con el municipio y durante cuatro días perpetraron los crímenes más horrendos del Código Penal.
El general Uscátegui oficiaba entonces como comandante de la Séptima Brigada del Ejército, con sede en Villavicencio, y el batallón más cercano al lugar de los hechos era el Joaquín París. Los primeros datos reportaron que el saldo trágico de la masacre fue de 49 muertos o desaparecidos y sobre quien recayeron los señalamientos por no haber evitado esa horda de asesinatos fue el oficial Uscátegui. Él se defendió asegurando que carecía de mando operacional sobre el Batallón Joaquín París, pues éste dependía de la Brigada Móvil N° 2 y que en sus “manos nunca estuvo la posibilidad de evitar la masacre”. No obstante, el 9 de abril de 1999 fue llamado a indagatoria y el 20 de mayo detenido.
Después de una colisión de competencias, de tutelas y nulidades, finalmente el 10 de marzo de 2003 la Fiscalía lo acusó de ser responsable por omisión de los delitos de homicidio y secuestro agravado y de falsedad ideológica en documento público. El general Uscátegui siguió reivindicando su inocencia y después de un accidentado juicio que se llevó a cabo entre enero y julio de 2005, el juez especializado Óscar Gustavo Jaimes lo absolvió el 28 de noviembre de 2007 por el homicidio y el secuestro y lo condenó a 41 meses por la falsedad. El caso fue apelado y el 23 de noviembre de 2009 el Tribunal de Bogotá ordenó su recaptura, pues lo condenó a 40 años de prisión por no haber evitado la masacre. Uscátegui volvió a reclamar su inocencia y dijo ser un chivo expiatorio de otros oficiales que pasaron de agache y que sí fueron responsables de la incursión paramilitar. Apeló la sentencia y volvió a publicitar el video ¿Por qué lloró el general?, en el que narra su travesía judicial.
El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia y su estudio le correspondió al magistrado Fernando Castro. El Espectador conoció detalles de las 21 salas que ha tenido el alto tribunal para ponerle punto final a un expediente tan enrevesado. La ponencia fue repartida y entregada a los demás magistrados la primera semana de julio de 2013. Sin embargo, los debates han sido tan candentes que no se ha logrado una mayoría calificada para tomar un fallo. Este diario supo que la ponencia de Castro pide disminuirle la condena al general Uscátegui argumentando que tuvo un error en su responsabilidad de mando, pero en todo caso sí condena.
Según Castro, el entonces comandante de la Séptima Brigada no reaccionó a tiempo a la incursión de las autodefensas y por eso debe responder. Sobre la responsabilidad del coronel Lino Sánchez, comandante de la Brigada Móvil N° 2, fallecido en 2006, y el coronel Hernán Orozco, el comandante encargado del Batallón Joaquín París, no hay dudas. De hecho, Orozco tiene una condena a 40 años de prisión, pero inexplicablemente resultó en 2003 con medidas de protección en Estados Unidos, gracias a una solicitud que hizo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su salvavidas fue haber declarado contra Uscátegui, al afirmar que le avisó sobre el asalto paramilitar. La revista Semana denunció que Orozco vive en un exclusivo sector de Miami mientras burla una sentencia judicial.
El caso Uscátegui ha sido tan debatido que en septiembre de 2006 el entonces congresista Gustavo Petro salió en su defensa y sostuvo que la brigada del general no tenía jurisdicción sobre Mapiripán. Y añadió que el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le ayudó al coronel Orozco a buscar refugio en Estados Unidos después de que señalara a Uscátegui. El artículo de Semana de 2011 citaba a Petro así: “A la ONG le parecía más importante, desde el punto de vista de la opinión nacional e internacional, la condena del general que la del que verdaderamente había propiciado la masacre”, es decir, Orozco. Lo que son las paradojas: hoy el abogado de Petro en su defensa para no salir de la Alcaldía, Rafael Barrios, hace parte del Colectivo José Alvear.
Este diario conoció que la ponencia de Fernando Castro de condenar a Uscátegui, pero rebajándole la pena —podría salir por pena cumplida si se descuentan los casi 12 años que ha estado en prisión—, tiene el apoyo de tres magistrados: José Luis Barceló, Gustavo Enrique Malo y Luis Guillermo Salazar. No obstante, no han podido convencer a tres colegas que tienen posiciones disímiles. Por ejemplo, los magistrados María del Rosario González y Leonidas Bustos son de la tesis de que el general Uscátegui tenía una posición de garante y debía proteger a las víctimas de la incursión paramilitar. Por eso pidieron confirmar integralmente la sentencia del Tribunal de Bogotá. Por su parte, el magistrado Eugenio Fernández ha dejado constancia en los debates de que le corresponde a la Justicia Penal Militar tomar la decisión final.
Según conoció El Espectador, Fernández ha sostenido que Uscátegui tenía un fuero, que la primera postura de la justicia castrense era la correcta y que este caso nunca debió haber llegado a la justicia ordinaria. Por ahora, la votación está cuatro en favor de rebajarle la pena al general, dos en mantener su sentencia a 40 años y uno más indeciso sobre si la Corte tiene competencia para dictar la última palabra. Es tal el enredo que se convocó al conjuez William Monroy para aportar a la discusión. ¿Será su voto el definitivo para sellar la suerte del general Uscátegui sobre una eventual rebaja de su sentencia? Algunas fuentes consultadas lo alinearon más en la orilla de los magistrados González y Bustos, y se dice que el magistrado Fernández también podría acompañarlos en esta posición. Lo que dejaría un empate 4-4.
La próxima semana la Corte Suprema de Justicia debatirá por primera vez con el conjuez Monroy el caso Uscátegui. De sellarse este empate, la Sala Penal tendrá que convocar a otro conjuez, pues la vacante del magistrado Javier Zapata todavía no se ha llenado. El Espectador habló con tres fuentes muy cercanas a la Corte sobre esta situación y puede señalar que en ningún momento se ha esbozado la posibilidad de declarar inocente al general Uscátegui. El centro del debate está en la posibilidad de rebajar su pena. Es tal la sensibilidad que despierta este caso, con tantas aristas cruzadas como las falsas víctimas, reparaciones millonarias que no correspondían y hasta una condena de la CIDH, que la decisión de este alto tribunal atraviesa múltiples variables.
Por ejemplo, hoy nadie sabe a ciencia cierta el número de víctimas de la masacre de Mapiripán. En 2011 la unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía encontró serias inconsistencias entre las víctimas reconocidas por la CIDH en su fallo de 2005 contra el Estado colombiano. En 1997 se habló de 49 muertos o desaparecidos, en 2005 la CIDH dijo que las víctimas eran 20, en 2011 la Fiscalía dijo que no eran más de 13, pero un reporte de la Unidad de Derechos Humanos del ente acusador, también de 2011, aseguró que perecieron 77 personas en la arremetida de las autodefensas a Mapiripán. En palabras castizas, no hay certezas ni verdad histórica sobre lo que realmente aconteció allí entre el 15 y el 20 de julio de 1997.
El episodio de las falsas víctimas que hoy todavía investiga la Fiscalía es más que ilustrativo. Mariela Contreras confesó que recibió una indemnización del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por casi $3.000 millones, pues supuestamente su esposo y sus hijos terminaron asesinados en la masacre. No obstante, en 2011 Contreras dijo que mintió y que sus seres queridos perecieron en circunstancias diferentes. A esa confesión se sumó Luz Mery Pinzón, quien siendo una trabajadora sexual que sólo había ido una vez a Mapiripán para acudir a una cita odontológica, resultó acreditada como víctima. Muchos quisieron sacar provecho de la ausencia del Estado.
El caso Mapiripán resume en redondo el conflicto y la justicia en Colombia: no hay certidumbre sobre lo que ocurrió, ni sobre el número de víctimas, pero hay una condena internacional, unos falsos afectados, un coronel condenado burlando la justicia en Estados Unidos —Orozco— y un general —Uscátegui— que después de casi 17 años aún aguarda el pronunciamiento definitivo de la Corte Suprema de Justicia.
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