El Estado colombiano sí es responsable por la muerte de Jesús Ramiro Zapata. Así lo notificó el juez Rodrigo Mudrovitsch, vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la mañana de este lunes 23 de febrero. “La Corte IDH, en su sentencia, declaró responsable a la República de Colombia por las violaciones a los derechos de Jesús Ramiro Zapata, docente, sindicalista y defensor de derechos humanos, asesinado el 3 de mayo de 2000 en Segovia (Antioquia)”.
Su asesinato, según determinó la Corte IDH, se produjo luego de que el docente fuera víctima de una serie de actos de acoso, hostigamientos y criminalización por su labor como defensor de derechos humanos. Jesús Ramiro Zapata en varias oportunidades el vínculo entre el Ejército Nacional y grupos armados en las masacres de Segovia (Antioquia), de 1988 y 1996. A raíz de ello, recibió amenazas, fue objeto de allanamientos a su vivienda y enfrentó señalamientos públicos que lo vinculaban con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), lo que dio lugar a la apertura de cinco investigaciones en su contra.
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Al respecto, la Corte IDH reconoció que la fuerza pública puso al líder en una situación de riesgo, lo que obligó al defensor de derechos humanos a desplazarse forzosamente a la ciudad de Medellín (Antioquia) en 1998. También determinó que el Estado colombiano es responsable por las violaciones a los derechos de los familiares de Jesús Ramiro Zapata, “derivadas de la falta de diligencia en el proceso de investigación posterior a su muerte”.
El tribunal consideró que existen múltiples elementos probatorios, tanto contextuales como en el caso concreto, que demuestran que el Estado vulneró el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección y a la dignidad de Jesús Ramiro Zapata. El juez Rodrigo Mudrovitsch agregó, además, que el Estado también vulneró los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, en el marco de las investigaciones realizadas para esclarecer los hechos en contra del sindicalista.
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La Corte IDH agregó: “Pese a que el Estado estaba informado de la persecución y amenazas en contra del señor Zapata, no tomó ninguna acción para lograr el cese de las mismas ni para determinar a los responsables”, particularmente frente a la persecución judicial en su contra. En cuanto al derecho al trabajo, el tribunal observó que, antes de su muerte, el docente fue suspendido provisionalmente de sus labores durante 90 días sin derecho a remuneración, para luego ser reincorporado a su cargo en Segovia.
Finalmente, el juez Rodrigo Mudrovitsch agregó que a Jesús Ramiro Zapata se le vulneró su derecho autónomo a defender los derechos humanos, y encontró que su asesinato ocurrió en un contexto de violencia contra quienes ejercían esta labor. Aunque el Estado reconoció que Zapata era un defensor de derechos humanos y que se realizaron actos de inteligencia ilegales y hostigamientos en su contra, nunca adoptó medidas para garantizar las condiciones de seguridad necesarias para que el docente ejerciera libremente su labor.
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En cuanto a las reparaciones ordenadas, la Corte IDH estableció que el Estado colombiano debe investigar, impulsar, dirigir y concluir, en un plazo razonable, las actuaciones encaminadas a esclarecer los hechos de violencia, amenazas, intimidaciones y hostigamientos en contra de Jesús Ramiro Zapata y, en su caso, sancionar a los responsables. Asimismo, ordenó realizar una recopilación de la información relacionada con el sindicalista, con el fin de garantizar la eliminación de los datos en los que figure su nombre en archivos de inteligencia.
También ordenó al Estado realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, así como instalar una placa en tributo a Jesús Ramiro Zapata en Santo Domingo Savio, la última escuela en la que ejerció como profesor. Además, dispuso la elaboración y difusión de un documental audiovisual sobre su labor como defensor de derechos humanos. La Corte IDH aseveró que supervisará el cumplimiento de esta sentencia, en un caso que por más de 26 años estuvo en la impunidad.
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