La Corte Constitucional avaló 55 de los 64 artículos de la llamada Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, con la cual se ponen límites a las actividades que de ahora en adelante desarrollen los organismos de inteligencia del Estado.
Con la decisión del alto tribunal se establecieron límites a las interceptaciones telefónicas, para lo cual se creó una comisión parlamentaria que tendrá como misión principal proteger la identidad de quienes ejercen esa actividad.
La Corporación aclaró que ninguno de los archivos podrá tener reserva de carácter indefinido, toda vez que la norma pretendía autorizar al presidente de la República para ordenar el sostenimiento del veto hasta que lo considerara pertinente, frente a la información de integrantes de grupos armados que optaran por la desmovilización; por lo que la reserva se mantendrá durante 30 años y hasta 15 más si el Presidente de la República así lo considera.
Aunque el alto tribunal le dio su visto bueno a la participación de organismos de control como la Procuraduría General y el Congreso de la República en el seguimiento a la actividad del nuevo organismo de inteligencia que reemplace al DAS, limitó la penalización de las violaciones a las normas de inteligencia y contrainteligencia.
Sin embargo se hizo la salvedad de que en ningún caso los congresistas que integren la llamada Comisión de Seguimiento podrán tener acceso a la minucia de la información recopilada en el marco de la seguridad nacional, toda vez que se entiende su labor como un mecanismo de control político.
Igualmente se puso un límite en el caso de los periodistas, señalando que no se les aplicarán las sanciones establecidas por publicar información que tenga el rótulo de carácter reservado, sin embargo los medios tendrán que tener normas internas de autorregulación con el fin de analizar el impacto que pueda tener dicha información sobre la seguridad del país.
La Corte no le dio su visto a bueno a varios artículos relacionados con la violación de la reserva de información, así como el acceso a redes de telecomunicaciones manifestando que podría ser aprovechada por personas inescrupulosas para hacer labores distintas a la protección de la seguridad nacional.