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La Corte Constitucional le ordenó a la multinacional Cerro Matoso costear los exámenes médicos que se les deberá practicar a la población del municipio de Montelíbano (Córdoba) quienes se encuentran expuestos al níquel por la explotación minera que se adelanta en la zona.
El examen tiene como objetivo establecer si los problemas de salud que han registrado varios de los habitantes, como lo son las molestias en los ojos, afectaciones respiratorias, irritaciones en la piel, entre otras, son causadas por las actividades adelantadas por la empresa.
Este estudio deberá ser adelantado por el Instituto de Medicina Legal, el cual tiene un plazo de seis meses para presentar los resultados de los mismos. La Corte Constitucional considera necesario establecer si los pobladores de la zona, entre los que se encuentran las comunidades indígenas de los Zenú de Alto San Jorge y afrodescendientes de las comunidades de Uré se han visto afectadas.
El fallo, con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos le solicitó al Ministerio de Salud que suministre los respectivos estudios de salud pública a la Gobernación de Córdoba, así como a las respectivas autoridades locales en los municipios de Montelíbano, San Jorge de Uré y Puerto Libertador.
La Corte Constitucional tomó esta decisión en el marco del estudio de una acción de tutela presentada por los pobladores que pide la protección de sus derechos fundamentales, los cuales consideran afectados por la explotación indebida del mineral en la región.
Por El Espectador
