La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación al representante a la Cámara, Carlos Alberto Carreño Marín, por el delito de acto sexual violento. El alto tribunal sigue una denuncia que presentó una funcionaria de la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignada al esquema de seguridad del congresista por hechos ocurridos en febrero de este año.
Según detalló la funcionaria en su relato, el congresista le hizo “tocamientos de contenido sexual, y ante su rechazo, (Carreño Marín) la aisló de su trabajo hasta desvincularla de las labores como escolta asignada a su seguridad”, se lee en el informe de la Corte Suprema.
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El representante a la Cámara por el partido Comunes también está siendo investigado por, supuestamente, cobrar a los miembros de su UTL parte de sus salarios mensuales. Además, los pondría a hacerle los trabajos de la maestría que adelanta. De acuerdo con la información del proceso revelada por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, los dineros que supuestamente le pedía a sus trabajadores era para distintos gastos que no tenían anda que ver con su trabajo en el Congreso.
Según el medio de comunicación, dentro del proceso que está en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, hay pruebas de que con esos dineros que recolectaba de sus trabajadores, pagó hoteles, estudios profesionales y ropa, dentro de otras cosas. Dentro de las pruebas, también está la declaración de su propia asistente, Irene Amado, sobrina de Griselda Lobo, conocida en la otrora guerrilla con el alias de Sandra Ramírez.
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Según su testimonio, Carreño supuestamente les decía: “Dígame quién no quiere dar la plata porque aquí estos contratos son contratos de libre nombramiento y remoción. Yo los puedo sacar en el momento que sea“. La mujer, según aseguró Noticias Caracol, está exiliada en Estados Unidos debido a las amenazas que asegura haber recibido por denunciar al representante Carreño.
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