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La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al congresista David Racero, expresidente de la Cámara de Representantes, quien será escuchado el próximo lunes 9 de marzo, a las 8:30 a. m. El hombre es investigado por presuntamente haber destinado a integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a apoyar un negocio familiar de frutas y verduras en el barrio Villa Luz, en Bogotá, en actividades que no estarían relacionadas con su labor legislativa.
Además, Racero, quien pertenece al partido del Pacto Histórico, habría obligado a sus trabajadores a que consignaran parte de sus salarios a la cuenta bancaria personal del político. El caso es liderado por el magistrado César Augusto Reyes. Tras un reciente fallo del Consejo de Estado por hechos similares, Racero recalcó su inocencia en este caso.
Contexto: Consejo de Estado niega “muerte política” del senador David Racero por caso Fruver
El pasado 18 de febrero, el Consejo de Estado negó la solicitud de pérdida de investidura contra el senador en el proceso que buscaba su salida del Congreso por el denominado caso Fruver. Según el alto tribunal, un congresista puede incurrir de manera indirecta en una “indebida destinación de dineros públicos” cuando encarga a funcionarios de su UTL actividades que no tienen relación con sus funciones legislativas.
Con base en esto, los demandantes pidieron la pérdida de investidura del senador, también conocida como “muerte política”. Este recurso busca que un congresista pierda su cargo antes de terminar su periodo como consecuencia de una conducta que, según la ley, atenta contra la dignidad del cargo y el principio representativo democrático. Sin embargo, al considerar que “las demandas (que buscaban la salida de Racero) se presentaron con manifiesta carencia de fundamento legal”, el Consejo de Estado negó su “muerte polítca”.
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En el auto, el Consejo de Estado concluyó que “se negarán las súplicas de la demanda por cuanto no se demostró el tercer ingrediente de la causal de desinvestidura invocada en las demandas que dieron origen a los procesos acumulados”. Es decir, el alto tribunal determinó que no se probó, “libre de toda duda”, la indebida destinación de dineros públicos.
El Consejo de Estado analizaba los movimientos de dinero que llegaron a las cuentas del representante a la Cámara por parte de integrantes de su UTL, así como la posible asignación de uno de sus funcionarios a labores en un negocio privado.
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Las denuncias en contra de Racero surgieron en septiembre de 2024, a raíz de unos mensajes de WhatsApp divulgados por el periodista Daniel Coronell, en los que se leería al congresista pidiendo parte de los salarios a integrantes de su UTL y asignando a personal público a atender un negocio de frutas y verduras en Bogotá
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