Corte Suprema de Justicia rechaza destrucción de sede de la Fiscalía en Popayán

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández Barbosa, se pronunció públicamente a cerca de la grave situación de orden público que se presentó en la noche del pasado viernes 14 de mayo, en la capital del Cauca, Popayán. La ciudad vivió una convulsionada jornada de protestas en la que cientos de personas se manifestaron en rechazo, principalmente, al caso de una menor de 17 años, quien, antes de quitarse la vida, denunció que fue “manoseada” presuntamente por miembros de la Policía. (Lea también: “No es falsa la noticia sobre joven de 17 años en Popayán”: abogada Lizeth Montero)

La movilización terminó en fuertes disturbios en los que resultó destruida la Unidad de Reacción Inmediata (URI), a donde habría sido llevada la menor; la sede de la Fiscalía y la sede de Medicina Legal. Ante este panorama, el presidente del alto tribunal emitió un comunicado público en el que rechazó categóricamente el atentado y la destrucción de dichas instalaciones públicas e hizo un llamado a la solidaridad nacional e internacional para “salvaguardar la función de la Fiscalía”.

“En todos los momentos de la vida de una nación, los ataques contra la justicia levantan los mayores obstáculos para la resolución de conflictos. En las actuales circunstancias del país, ningún colombiano debe perder de vista que en la indemnidad y fortaleza del valor-función de la justicia radica la efectividad de las obligaciones del Estado y los ciudadanos, y las garantías, libertades y derechos fundamentales de las personas”, indicó el alto tribunal. (Le puede interesar: Testimonio del periodista que grabó detención de joven de 17 años en Popayán)

Para la Corte, el saqueo y la pérdida de pruebas y evidencias forences que reposaban, tanto en la Fiscalía, como en la sede de Medicina Legal de Popayán, contribuye a la impunidad, y no a la lucha contra la injusticia y la vulneración de los derechos humanos. En su comunicado, la Corte Suprema alentó a la Fiscalía a sobreponerse a las dificultades para seguir adelante en “la urgente misión de combatir el delito y esclarecer, con prontitud y certeza episodios tan lamentables en el país como las muertes trágicas de la menor de 17 años de edad y el joven Sebastián Quintero Múnera”.

El joven al que se refiere la Corte murió el pasado viernes 14 de mayo en medio de las protestas, al parecer, por el impacto de un artefacto lanzado por hombres de la fuerza pública. “Sin justicia estamos condenados al caos y a la barbarie. La violencia es inaceptable como forma de expresión. Las instituciones judiciales son puentes de la sociedad para resolver democráticamente sus conflictos”, concluyó el alto tribunal mientras indicó que “estamos frente al desafío histórico de aportar soluciones, responsabilidad, serenidad y disposición de diálogo”. (Noticia relacionada: Policía niega violencia sexual contra joven que se suicidó en Popayán y Fiscalía investiga)

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández Barbosa, se pronunció públicamente a cerca de la grave situación de orden público que se presentó en la noche del pasado viernes 14 de mayo, en la capital del Cauca, Popayán. La ciudad vivió una convulsionada jornada de protestas en la que cientos de personas se manifestaron en rechazo, principalmente, al caso de una menor de 17 años, quien, antes de quitarse la vida, denunció que fue “manoseada” presuntamente por miembros de la Policía. (Lea también: “No es falsa la noticia sobre joven de 17 años en Popayán”: abogada Lizeth Montero)

La movilización terminó en fuertes disturbios en los que resultó destruida la Unidad de Reacción Inmediata (URI), a donde habría sido llevada la menor; la sede de la Fiscalía y la sede de Medicina Legal. Ante este panorama, el presidente del alto tribunal emitió un comunicado público en el que rechazó categóricamente el atentado y la destrucción de dichas instalaciones públicas e hizo un llamado a la solidaridad nacional e internacional para “salvaguardar la función de la Fiscalía”.

“En todos los momentos de la vida de una nación, los ataques contra la justicia levantan los mayores obstáculos para la resolución de conflictos. En las actuales circunstancias del país, ningún colombiano debe perder de vista que en la indemnidad y fortaleza del valor-función de la justicia radica la efectividad de las obligaciones del Estado y los ciudadanos, y las garantías, libertades y derechos fundamentales de las personas”, indicó el alto tribunal. (Le puede interesar: Testimonio del periodista que grabó detención de joven de 17 años en Popayán)

Para la Corte, el saqueo y la pérdida de pruebas y evidencias forences que reposaban, tanto en la Fiscalía, como en la sede de Medicina Legal de Popayán, contribuye a la impunidad, y no a la lucha contra la injusticia y la vulneración de los derechos humanos. En su comunicado, la Corte Suprema alentó a la Fiscalía a sobreponerse a las dificultades para seguir adelante en “la urgente misión de combatir el delito y esclarecer, con prontitud y certeza episodios tan lamentables en el país como las muertes trágicas de la menor de 17 años de edad y el joven Sebastián Quintero Múnera”.

El joven al que se refiere la Corte murió el pasado viernes 14 de mayo en medio de las protestas, al parecer, por el impacto de un artefacto lanzado por hombres de la fuerza pública. “Sin justicia estamos condenados al caos y a la barbarie. La violencia es inaceptable como forma de expresión. Las instituciones judiciales son puentes de la sociedad para resolver democráticamente sus conflictos”, concluyó el alto tribunal mientras indicó que “estamos frente al desafío histórico de aportar soluciones, responsabilidad, serenidad y disposición de diálogo”. (Noticia relacionada: Policía niega violencia sexual contra joven que se suicidó en Popayán y Fiscalía investiga)