La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir relacionados con su rol como líder del grupo paramilitar conocido como "Los 12 Apóstoles". El alto tribunal rechazó un recurso con el que Uribe buscaba que su caso llegara a la Sala de Casación Penal con el objetivo de anular su condena y probar su inocencia.
En este contexto, Santiago Uribe presentó una tutela ante la Sala Laboral del alto tribunal para que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, el acceso a la administración de justicia y libertad personal. En junio pasado la Sala Penal de la Corte no casó su proceso para revisar si la condena en su contra debía mantenerse o debía cambiar.
Lea también: Caso Deicy Jiménez: nuevos pronunciamientos sobre denuncias contra Petro
Lo que pedía Uribe concretamente era dejar sin efecto esa decisión y que en su lugar "se restablezca la oportunidad procesal correspondiente al recurso extraordinario de casación interpuesto en la misma fecha y se habilite el término legal previsto en el artículo 210 de la Ley 600 de 2000 para que la defensa presente la demanda respectiva".
Asimismo, pedía a la Sala Laboral que "se ordene la suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad mientras se tramita y decide dicho mecanismo". Dentro de los argumentos que presentó, alegó un trato inequitativo, señalando que "se está dando un trato procesal distinto a quien es condenado en primera instancia, por cuanto tiene derecho a interponer el recurso de apelación y, una vez resuelta la segunda instancia por el Tribunal, puede promover el recurso extraordinario de casación”.
En contexto: Lo que sigue para Santiago Uribe tras la condena por su participación en “Los 12 Apóstoles”
La defensa de Santiago Uribe apuntó también que la Sala Penal de la Corte se equivocó y rechazó "un recurso oportunamente interpuesto, antes del término para presentar la demanda de casación y formular los cargos respectivos, lo cual le impidió obtener una decisión individualizada sobre su procedencia y admisibilidad".
Sin embargo, la Sala de Casación Laboral concluyó que el fallo fue legítimo pues se aplicaron las normas sobre la doble conformidad. Por eso, el alto tribunal confirmó la sentencia. "En la providencia no se vislumbra arbitraria o caprichosa. Por el contrario, se observa que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia actuó dentro del marco de la autonomía e independencia que le es otorgada por la Constitución y la ley, y con fundamento en la realidad procesal", se lee en el documento.
Y agregó. "No encuentra la Sala desatino alguno que amerite la intervención del juez de tutela, pues se torna innecesario que la autoridad convocada habilite un término para la presentación de una demanda, sobre un recurso extraordinario que como se ha indicado a lo largo de esta decisión, resultaba abiertamente improcedente".
En la sentencia de 605 páginas que condena a Santiago Uribe se lee que los hechos eran “ultrajes especialmente lesivos de la dignidad humana que degradan de forma grave los más caros intereses del ser humano” y que formaban parte de “eventos sistemáticos y generalizados”. Asimismo, la Corte dijo que los hechos “se enmarcaron en el ataque sistemático y generalizado contra la población civil del norte del departamento de Antioquia”.
Dentro de lo analizado por la Sala Penal para confirmar la condena estuvo que testimonios, como el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, señalaron que Santiago Uribe Vélez era quien “abastecía y quien le vendía ese material de guerra y fusiles al grupo que estaba en Yarumal (Antioquia)”. Además, se estableció que mantenía comunicación por radio con hombres de confianza de la organización. Igualmente, que dentro del proceso existen “múltiples menciones y señalamientos contra Santiago Uribe como líder y miembro principal de un grupo ilegal armado, que cumplió acciones criminales de limpieza social”.
Para la Sala Penal, quedó claro “el liderazgo que el procesado ejercía sobre el grupo criminal, junto con la fuerza pública, para coordinar asesinatos selectivos”, además destacó que había evidencia que quitó cualquier manto de duda sobre que hacienda La Carolina, de la cual era propietario y administrador, era el “lugar de encuentro y entrenamiento de personas armadas con ese fin”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.