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En firme quedó el llamado a juicio contra los excongresistas Iván Name y Andrés Calle por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd). La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión tras negar un recurso de reposición que buscaba tumbar el llamado a juicio.
Tras el pronunciamiento de la Corte, Name y Calle serán juzgados por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor de terceros. El expediente será entregado a la Sala Especial de Primera Instancia. Esta investigación responde a las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos de la Ungrd en las que habrían intervenido ambos excongresistas.
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“Los legisladores se habrían comprometido, a cambio de la supuesta entrega de los recursos, a impulsar reformas que estaban en trámite en el Congreso y que habían sido radicadas por el Gobierno Nacional”, agregó el alto tribunal.
Según explicó la Corte, en una decisión previa, la Sala negó un recurso que interpuso la defensa de Calle en el que solicitó la libertad al considerar que “la calificación del proceso se dio cumpliendo los tiempos establecidos en la normatividad”.
La investigación contra Name y Calle
Dentro de los expedientes contra los dos congresistas, la Sala de Instrucción recopiló declaraciones y pruebas técnicas, con las que concluyó que hay indicios suficientes para llevar a juicio a Name y Calle. Ambos, quienes aseguran ser inocentes, permanecen privados de la libertad en la cárcel La Picota desde el pasado 7 de mayo, cuando el alto tribunal ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los dos.
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De acuerdo con las pesquisas en contra de los políticos, a Iván Name se le habrían entregado $3.000 millones, mientras que Calle habría recibido $1.000 millones. La Fiscalía ha dicho que dentro de las pruebas y testimonios que han recopilado sobre el caso Ungrd, y basándose en los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), habría sido quien ordenó los sobornos a Iván Name y Andrés Calle.
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