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La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la tutela presentada por el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, con la que buscaba que se levantara la medida de aseguramiento en su contra por los presuntos delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Esto, en el marco de su presunta participación en el escándalo por el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
El alfil del petrismo, prófugo de la justicia, alegó que la medida de aseguramiento dictada por el Tribunal Superior de Bogotá vulneraba sus derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa. No obstante, al analizar su solicitud, la Corte Suprema concluyó, en segunda instancia, que no se advertía la vulneración de los derechos fundamentales invocados ni la existencia de un perjuicio irreparable, por lo que negó el amparo solicitado.
La tutela fue presentada en primera instancia el pasado 1 de octubre. En su momento, el alto tribunal indicó que “además de que implica un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, no probó la urgencia, gravedad, inminencia y la impostergabilidad que viabilizan su procedencia”. Por su parte, el 4 de septiembre, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento contra el exdirector, luego de decidir sobre una apelación presentada por su defensa.
Asimismo, el 3 de julio, durante otra audiencia del Tribunal Superior de Bogotá, se ordenó la medida de aseguramiento en centro carcelario para Ramón González. Sin embargo, para esa fecha, el exdirector del Dapre ya había salido del país. El magistrado Leonel Rogeles concluyó que el ente investigador había presentado información suficiente para demostrar la presunta participación de González en el desfalco a la Ungrd.
El togado señaló que “la mayor gravedad de las conductas reprochadas se denota en las calidades que ostenta el implicado, quien se mueve en las más altas esferas del Estado, cuenta con un reconocimiento público y está vinculado desde hace bastantes años con el poder político”.
Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que Ramón González habría pactado inicialmente con Ólmedo López, exdirector de la Ungrd, la entrega de contratos por COP 60.000 millones a Iván Name, expresidente del Senado, y por COP 10.000 millones a Andrés Calle, exmiembro de la Cámara de Representantes, un negocio que nunca se materializó.
En su lugar, al parecer, se entregaron sobornos de COP 3.000 millones para Name y de COP 1.000 millones para Calle. Ambos congresistas se encuentran en prisión preventiva desde mayo pasado por estos hechos, por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
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