Corte Suprema envía expediente de Álvaro Pacheco (exgobernador de Caquetá) a la JEP

Al exgobernador de Caquetá y excongresista por el Partido Liberal, Álvaro Pacheco Álvarez, se le abrió una nueva ventana en su proceso por parapolítica: La Corte Suprema envió el expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Tras comprobar que las conductas que se le endilgan a Pacheco tienen un vínculo con el conflicto armado, el alto tribunal concluyó que el caso es competencia de la justicia especial. La JEP, sin embargo, deberá estudiar la solicitud del exgobernador, así como su propuesta de verdad y reparación, antes de admitirlo. Mientras tanto, el proceso contra Pacheco queda congelado.

(En contexto: Las razones por las que la Corte Suprema condenó al gobernador de Caquetá)

Luego de que la Corte Suprema lo condenara el 22 de mayo de este año por parapolítica —por sus vínculos con las Autodefensas del sur del país— Pacheco Álvarez se jugó dos cartas al tiempo: pidió pista en la JEP el 29 de agosto siguiente y volvió a la Corte a solicitar doble conformidad (una nueva instancia para alguien que fue absuelto y luego condenado, como es su caso). Así, en la cita que tuvo en el alto tribunal para discutir un eventual nuevo juicio, les informó a los magistrados que lo juzgarían que había pedido cupo en la justicia especial y les pidió que enviaran su caso a esa corporación.

El estudio de la solicitud le correspondió al magistrado Jaime Humberto Moreno, quien centró su análisis en dos puntos. Por un lado, en verificar, si Pacheco Álvarez había hecho la solicitud dentro del tiempo que le da la ley (tres meses desde la sentencia) y, por otro lado, si las conductas que se le atribuyen guardan alguna relación con el conflicto. Del primer punto salió rápido, pero en el segundo aspecto se concentra la mayor parte del auto que consigna la decisión, en poder de este diario.

(Lea también: David Char en la JEP, ¿qué pasará con otros parapolíticos que buscan entrar a esa justicia especial?)

Por un lado, ya la Corte había demostrado que entre 1997 y 2006, mientras Pacheco tuvo altos cargos públicos en Caquetá, se asoció con el Bloque Caquetá de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Frente Sur Andaquíes (Fsa) de las Autodefensas Unidas de Colombia. Puntualmente, se le condenó por “haber sostenido, en diferentes periodos, reuniones con militantes” de estos grupos paramilitares, “producto de innegables vínculos de amistad y cercanía con los miembros de la organización”.

Asimismo, se comprobó su “colaboración a la organización, como Jefe de Tránsito en Florencia, para la legalización de vehículos obtenidos ilegalmente”; la “destinación de recursos públicos al grupo armado ilegal cuando fungió como alcalde (de Florencia)”; la “intermediación (como alcalde) para que militarmente se le colaborara al Fsa con menos operaciones”; y la “exigencia de resultados contra extorsionistas y guerrilleros”. A cambio, se conoció que Pacheco Álvarez recibió el “respaldo del grupo ilegal a sus aspiraciones a la Cámara de Representantes (en 2006) y a la Gobernación de Caquetá (en 2007)”.

(Le puede interesar: Corte Suprema envía a la JEP proceso por parapolítica del excongresista Rodrigo Roncallo)

Para la Corte, existe una relación directa de todas estas conductas con el conflicto armado. Según se lee en el auto que consigna la decisión de enviar el expediente a la JEP, ese vínculo se intuye, “dado que, en su condición de servidor público, desde diversos cargos, incluido el de primer mandatario de la ciudad de Florencia (Caquetá), ayudó al grupo paramilitar a expandir en la región su proyecto político, que buscaba erradicar las guerrillas de ideología de extrema izquierda”,

Así las cosas, la condena de siete años y medio de prisión, y los demás efectos de la sentencia de mayo pasado quedan congelados mientras la JEP se pronuncia. En el curso de esa solicitud, Pacheco Álvarez tendrá que especificarle a la JEP el plan de verdad que va a aportar, así como la estrategia con la que planea reparar a las víctimas de sus acciones.

Al exgobernador de Caquetá y excongresista por el Partido Liberal, Álvaro Pacheco Álvarez, se le abrió una nueva ventana en su proceso por parapolítica: La Corte Suprema envió el expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Tras comprobar que las conductas que se le endilgan a Pacheco tienen un vínculo con el conflicto armado, el alto tribunal concluyó que el caso es competencia de la justicia especial. La JEP, sin embargo, deberá estudiar la solicitud del exgobernador, así como su propuesta de verdad y reparación, antes de admitirlo. Mientras tanto, el proceso contra Pacheco queda congelado.

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Luego de que la Corte Suprema lo condenara el 22 de mayo de este año por parapolítica —por sus vínculos con las Autodefensas del sur del país— Pacheco Álvarez se jugó dos cartas al tiempo: pidió pista en la JEP el 29 de agosto siguiente y volvió a la Corte a solicitar doble conformidad (una nueva instancia para alguien que fue absuelto y luego condenado, como es su caso). Así, en la cita que tuvo en el alto tribunal para discutir un eventual nuevo juicio, les informó a los magistrados que lo juzgarían que había pedido cupo en la justicia especial y les pidió que enviaran su caso a esa corporación.

El estudio de la solicitud le correspondió al magistrado Jaime Humberto Moreno, quien centró su análisis en dos puntos. Por un lado, en verificar, si Pacheco Álvarez había hecho la solicitud dentro del tiempo que le da la ley (tres meses desde la sentencia) y, por otro lado, si las conductas que se le atribuyen guardan alguna relación con el conflicto. Del primer punto salió rápido, pero en el segundo aspecto se concentra la mayor parte del auto que consigna la decisión, en poder de este diario.

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Por un lado, ya la Corte había demostrado que entre 1997 y 2006, mientras Pacheco tuvo altos cargos públicos en Caquetá, se asoció con el Bloque Caquetá de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y el Frente Sur Andaquíes (Fsa) de las Autodefensas Unidas de Colombia. Puntualmente, se le condenó por “haber sostenido, en diferentes periodos, reuniones con militantes” de estos grupos paramilitares, “producto de innegables vínculos de amistad y cercanía con los miembros de la organización”.

Asimismo, se comprobó su “colaboración a la organización, como Jefe de Tránsito en Florencia, para la legalización de vehículos obtenidos ilegalmente”; la “destinación de recursos públicos al grupo armado ilegal cuando fungió como alcalde (de Florencia)”; la “intermediación (como alcalde) para que militarmente se le colaborara al Fsa con menos operaciones”; y la “exigencia de resultados contra extorsionistas y guerrilleros”. A cambio, se conoció que Pacheco Álvarez recibió el “respaldo del grupo ilegal a sus aspiraciones a la Cámara de Representantes (en 2006) y a la Gobernación de Caquetá (en 2007)”.

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Para la Corte, existe una relación directa de todas estas conductas con el conflicto armado. Según se lee en el auto que consigna la decisión de enviar el expediente a la JEP, ese vínculo se intuye, “dado que, en su condición de servidor público, desde diversos cargos, incluido el de primer mandatario de la ciudad de Florencia (Caquetá), ayudó al grupo paramilitar a expandir en la región su proyecto político, que buscaba erradicar las guerrillas de ideología de extrema izquierda”,

Así las cosas, la condena de siete años y medio de prisión, y los demás efectos de la sentencia de mayo pasado quedan congelados mientras la JEP se pronuncia. En el curso de esa solicitud, Pacheco Álvarez tendrá que especificarle a la JEP el plan de verdad que va a aportar, así como la estrategia con la que planea reparar a las víctimas de sus acciones.