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La Corte Suprema de Justicia dio por finalizado el trámite de dos solicitudes de extradición hechas por Venezuela después de que el Gobierno del líder opositor Juan Guaidó, que se proclamó mandatario interino de su país, retirara dichas peticiones. Se trata de los casos de Suyín Rosaly Navarrete Balza y Oscar Arapé Garcia, quienes eran requeridos por la administración del presidente Nicolás Maduro por supuestamente cometer varios delitos.
Según la solicitud, Navarrete es señalada de cometer los delitos de fraude electrónico, legitimación de capitales y asociación para delinquir, mientras que a Arapé se le atribuyen los de forjamiento de documento, agavillamiento y obtención de lucro. La Corte Suprema tuvo en cuenta que el pasado 23 de enero el presidente Iván Duque, reconoció como presidente interino a Juan Guaidó, al igual que más de medio centenar de países.Ante retiro de solicitud por parte del embajador de Venezuela reconocido por el Gobierno de Colombia @infopresidencia, @CorteSupremaJ declara terminados los trámites de #Extradición de dos ciudadanos venezolanos. Ver https://t.co/5aHoQbsbc8 y https://t.co/UKBGPJgXLw — Corte Suprema de Jus (@CorteSupremaJ) 25 de junio de 2019
Tras esto, el 21 de febrero Duque recibió las cartas credenciales de Humberto Calderón Berti que lo acreditan como embajador de Venezuela en el país andino por designación de Guaidó. Y Calderón retiró la petición de extradición de los dos ciudadanos, por lo que «a la Corte no le queda alternativa distinta que la de dar por terminado el trámite adelantado».
«La renuncia de la petición de extradición expresada por parte del Gobierno requirente, como lo ha aceptado la sala, termina el procedimiento de extradición, pues en esas condiciones cualquieractuación tendiente a la entrega carece de objeto», se lee en una de las actas.
Debido a lo anterior, la Fiscalía General colombiana canceló la orden de captura proferida contra de los dos implicados y ordenó su libertad. Duque ha reiterado en varias ocasiones su apoyo a Guaidó, quien se adjudicó las competencias del Ejecutivo como presidente encargado del país por considerar ilegítimo a Nicolás Maduro tras ser reelegido en unos comicios que la oposición tacha de «fraudulentos».