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En la mañana de este 8 de julio, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la apertura de una investigación formal contra el congresista del partido Colombia Renaciente, Jorge Alberto Cerchiaro Figueroa, por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público. En el marco del proceso, el alto tribunal también dispuso citarlo a indagatoria.
Según explicó la Corte Suprema, se investiga si Cerchiaro Figueroa intervino de manera irregular para influir en quién recibía un contrato de la Gobernación de La Guajira. De acuerdo con la investigación, el contrato iba a ser adjudicado a una persona que, presuntamente, le habría prestado dinero para financiar la campaña política de una familiar del congresista.
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Esta no es la primera investigación contra el congresista. El 19 de marzo de 2024, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema lo llamó a juicio como presunto autor del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por hechos relacionados con su gestión como alcalde de Barrancas (La Guajira).
En concreto, la investigación surgió por la tramitación y celebración de un contrato de concesión para la prestación del servicio de alumbrado público en el municipio, así como del contrato de interventoría correspondiente. Ambos acuerdos, suscritos en 2018 entre el municipio y las sociedades Alumbrado Público de Barrancas S.A.S. e Interventoría Alumbrado Público de Barrancas, fueron celebrados con fundamento en las facultades especiales que el Concejo Municipal le otorgó al entonces alcalde, Cerchiaro Figueroa.
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Según la Corte, el entonces alcalde habría tramitado el contrato sin cumplir los requisitos legales. De acuerdo con el expediente, al asumir la administración municipal sabía que los recursos recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público eran insuficientes para cubrir los costos de operación del sistema y el suministro de energía.
Pese a que Cerchiaro Figuero conocía las dificultades financieras que llevaron a la terminación del contrato con el anterior operador del servicio, presuntamente no sustentó el nuevo proceso de contratación en los estudios técnicos exigidos por la ley. Como resultado, según la Corte, se implementó un modelo económico deficitario para la prestación del servicio.
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