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Cinco congresistas y un excongresista señalados de participar en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) seguirán en libertad, por lo menos, hasta que pasen las elecciones del próximo 8 de marzo. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que estudiaba una ponencia que pedía llamarlos a juicio y enviarlos a prisión preventiva, quedó empatada y aplazó la decisión para el próximo miércoles 11 de marzo.
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Los congresistas que se juegan su libertad son: Wadith Manzur, Liliana Esther Bitar (Partido Conservador), Julián Peinado, Juan Pablo Gallo (Partido Liberal), Karen Astrith Manrique (curules de paz), y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde). Todos ellos son investigados por el presunto delito de cohecho impropio por, supuestamente, aprobar créditos de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) en el Congreso a cambio de proyectos de la unidad. Tres de ellos están actualmente en campaña.
Según conoció este diario, la votación en la Sala quedó tres votos a favor y tres en contra de la ponencia presentada por el magistrado Misael Rodríguez, quien lidera las pesquisas contra los políticos. Por eso, los magistrados optaron por llamar a dos conjueces que conocerán el caso y se sumarán al debate en la sala del próximo miércoles, cuando hayan pasado las elecciones del próximo 8 de marzo.
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La ponencia del magistrado Rodríguez sostenía que la Corte tiene en su poder documentos, grabaciones y testimonios, dentro de otras pruebas, que apuntan a la posible responsabilidad de estos seis políticos en el escándalo. Esas pruebas que enlistó el ponente del caso darían cuenta de que los congresistas le dieron el viso bueno a los créditos de la Nación a cambio de cupos indicativos. Por eso, él considera que deben enviarlos a prisión de manera preventiva.
Esos ofrecimientos habrían llegado a los congresistas por órdenes, al parecer, de los exministros del Interior y de Hacienda, Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla. Ambos ya fueron imputados por este caso y están en privados de su libertad desde diciembre del año pasado a la espera de que la Fiscalía avance en la investigación y los llame a juicio.
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Lo que la investigación ha logrado esclarecer es que los proyectos que les habría ofrecido el Gobierno a cambio de su apoyo en la CICP sumaban cerca de COP 92 mil millones y estaban distribuidos en los municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar (Bolívar).
De los seis investigados, dos están en campaña: los representantes a la Cámara Karen Manrique y Wadith Manzur (Partido Conservador).
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