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En la mañana de este lunes 23 de febrero, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a Yénica Acosta, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático. La congresista es investigada por el alto tribunal desde mayo de 2024 por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por apropiación, por una presunta contratación irregular.
La denuncia que dio origen al caso y que fue recogida por la Corte Suprema de Justicia señala que la congresista habría contratado a una persona en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), que habría cobrado su salario durante un período de diez meses, pero sin ejercer ninguna de sus funciones ni cumplir con sus obligaciones laborales en el Congreso de la República.
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Esa contratación, dice la denuncia, fue entre el 8 de septiembre de 2021 y el 28 de junio de 2022. Además de que la persona contratada habría omitido el cumplimiento de sus responsabilidades como funcionaria pública, habría estado fuera del país en tres oportunidades, durante el mismo lapso en el que estaba vigente su contrato en la UTL de la congresista Acosta.
Algunos de los detalles que se han conocido durante los casi dos años que ha investigado la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia apuntan a que la funcionaria que estaría en el centro de esa posible contratación ilegal se llama Otilia Rodríguez. Pero no solo habría obviado sus responsabilidades, sino que incluso se habría posesionado desde Canadá, donde estaba.
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Aunque la ley permite que los funcionarios que hacen parte de las UTL de los congresistas trabajen desde los departamentos, con el objetivo de mantener su vinculación con los territorios, no es posible hacerlo desde el extranjero. Mucho menos cobrar salarios por trabajos que no se realizaron, que es lo que ahora busca confirmar o desestimar el alto tribunal.
Dentro del expediente también apareció en su momento el nombre de otro congresista: David Racero, senador del Pacto Histórico. Según la denuncia, el congresista “habría conocido de esos hechos y contribuido a ocultarlos”. Sin embargo, el alto tribunal dijo en su momento que las indagaciones dieron cuenta de que esos señalamientos eran infundados y lo desvinculó del caso.
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Hace apenas una semana que la justicia le dio otro espaldarazo al congresista Racero, al emitir una decisión con la que negó una solicitud de pérdida de investidura o muerte política, tras una denuncia por posibles abusos en contra de las personas que integran su UTL. El congresista era señalado, entre otras cosas, de pedirle dinero a los funcionarios de su equipo.
“Las pruebas que integran el acervo probatorio no permiten establecer con certeza y plena convicción que el congresista demandado asignó tareas o labores particulares al señor Jhon Leonardo García, servidor público integrante desu Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)”, concluyó el Consejo de Estado en su más reciente decisión.
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