Después de casi tres décadas de cargar los estigmas del condenado, que en su caso incluyen diez años, ocho meses y 28 días privado de la libertad en centros carcelarios, por primera vez la justicia ha dado un paso decisivo para evaluar si se cometió un error con Gustavo Sastoque. La Corte Suprema de Justicia pidió escuchar el testimonio de tres exguerrilleros de las FARC, hoy congresistas de Comunes, que se atribuyeron el asesinato de Hernando Pizarro Leongómez, perpetrado el 26 de febrero de 1995 al nororiente de Bogotá, delito que llevó a prisión a Gustavo Sastoque.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
El 23 de febrero de 2023, Julián Gallo Cubillos, Pastor Alape y Pablo Catatumbo acudieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para reconocer la comisión de varios crímenes políticos en Bogotá, como los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado y Hernando Pizarro Leongómez, exguerrillero del M-19 y jefe de la disidencia del Ricardo Franco. Por ese asesinato, cometido por hombres que lo sacaron de una casa en el barrio Altablanca y le dispararon en la cabeza cuando gritaba que llamaran a la Policía y a la prensa, Gustavo Sastoque estuvo preso por más de una década sin declinar un día en su bandera de inocencia.
La decisión del magistrado Jorge Hernán Díaz Soto, respaldada por seis magistrados más de la Sala Penal, tiene un énfasis inequívoco: busca establecer, sin margen a duda, si alguno de ellos conocía a Gustavo Sastoque. Además de pedir su declaración, el alto tribunal ya pidió la confesión completa que entregaron los ex-FARC a la JEP, a título de “prueba trasladada”. Es el último escollo para que tenga arraigo lo que se busca de fondo: que la Corte revise la condena contra el funcionario judicial, como lo pidieron su defensa y un procurador judicial de Bogotá, en cumplimiento de una decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de mayo de 2018.
Ese organismo internacional, que conoció el caso desde 2002, concluyó que a Gustavo Sastoque le fueron violados sus derechos a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección de la justicia. De ese proceso surgió un acuerdo de solución amistosa con el Estado, en cabeza de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, ha cumplido con algunas reparaciones y otros derechos para el esclarecimiento de la verdad, pero a Gustavo Sastoque, a quien poco le ha interesado saber quién mató a Hernando Pizarro, solo le falta un objetivo en su lucha: que la justicia reconozca su inocencia.
Cuando lo apresaron, el 8 de marzo de 1995, tenía 27 años, y trabajaba como funcionario administrativo del CTI en los juzgados de Paloquemao. Ese miércoles volvió de almorzar a su puesto de trabajo y la secretaria de criminalística lo recibió con un papel amarillo y una orden perentoria: “Presentarse a las tres de la tarde en la Fiscalía Regional, piso sexto y preguntar por el proceso 24789″. Cumplió esa orden y esa misma tarde quedó privado de la libertad, su domicilio fue allanado y un noticiero de televisión reportó la supuesta confesión del asesino de Pizarro.
Sin muchas explicaciones, el batallón de contrainteligencia N.° 1 de la Brigada 20 del Ejército apareció entregando un retrato hablado del homicida, y súbitamente aparecieron tres supuestos testigos, en ese momento reservados por efecto de la justicia sin rostro, que señalaron haber visto a Gustavo Sastoque. El agente de policía William Roncancio, que dejó una dudosa declaración sobre la supuesta presencia de Gustavo Sastoque recogiendo evidencias en el lugar del crimen, al día siguiente de los hechos, fue asesinado en extrañas circunstancias tres meses después.
De nada sirvieron los testimonios de los empleados de un almacén de zapatos del barrio Restrepo, quienes declararon que a la hora en la que le atribuían a Sastoque el asesinato a Pizarro él pagaba unos zapatos con su tarjeta Diners, con el respectivo comprobante. Tampoco les creyeron a sus compañeros de trabajo sorprendidos frente a la posibilidad de creer que su compañero de trabajo fuera un verdugo a sangre fría o anduviera a órdenes de un grupo armado. Únicamente les creyeron a los tres testigos y sus declaraciones, que mucho tiempo después la justicia admitió que fueron “direccionadas”.
Ocho meses después de su detención fue acusado por la Fiscalía y el 26 de mayo de 1997 un juez sin rostro lo condenó a 45 años de prisión por homicidio agravado. La familia Pizarro tuvo como abogado de la parte civil a Eduardo Umaña Mendoza, quien le comentó al condenado que lo suyo era un crimen de Estado, “con riesgo de cometer injusticias y condenar a personas inocentes”. Entonces los hermanos de Gustavo Sastoque acudieron a los medios de comunicación a contar su versión de la historia, recalcando las irregularidades de su captura, el extraño allanamiento a su casa familiar, el retrato hablado y los testigos secretos.
En marzo de 1998, el Tribunal Nacional rebajó su sentencia a 40 años y seis meses. En cualquier caso, ya llevaba tres años preso en la cárcel La Modelo, tomada por las organizaciones ilegales. Literalmente, el suyo era un caso prácticamente cerrado, en espera de una eventual casación de la sentencia en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, en diciembre de 1998, de la nada apareció un testimonio que abrió una luz a las súplicas de Sastoque. En desarrollo de las pesquisas por el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, un testigo sin rostro, identificado como Emilio I, acusó a un grupo de inteligencia militar de haber asesinado a Hernando Pizarro.
El testigo declaró que ese grupo de inteligencia había comprometido a dos mujeres para que dieran un testimonio falso contra el acusado. Con base en esta declaración, la Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga), organización de defensa de los derechos humanos, entabló denuncia ante la Fiscalía contra los tres testigos que señalaron a Sastoque. Entonces apareció otro inesperado testimonio. Una exagente de inteligencia militar, detenida en la cárcel de Chiquinquirá, que aportó una declaración en la que ratificó que el asesinato de Hernando Pizarro ocurrió al resistirse a una retención ilegal.
La exagente confesó que al día siguiente del asesinato de Pizarro hubo una reunión entre altos mandos de la Brigada 13 del Ejército y el CTI de la Fiscalía donde se preparó el montaje judicial. Se aportaron fotos de un empleado del ente investigador de escasos recursos y se concretó el falso testimonio de los tres declarantes contra Sastoque. Ante la gravedad de la confesión, y al menos para ratificar o desmentir su validez, la defensa de Sastoque pidió a la Procuraduría investigar la conducta de los funcionarios y militares mencionados por la declarante.
El 19 de diciembre de 2000, el procurador Jaime Bernal Cuéllar contestó en un auto de dos páginas para advertir que, como habían transcurrido cinco años del asesinato de Hernando Pizarro, el caso ya estaba prescrito. En la misma línea reglamentaria, casi tres años después, el 13 de febrero de 2003, la Corte Suprema de Justicia sepultó cualquier esperanza de libertad. No solo confirmó la sentencia a 40 años de prisión sino que, respecto a los hallazgos de la justicia regional publicitados por la prensa, concluyó que “eran pruebas que no podían ser analizadas y valoradas en ese momento procesal”.
Agotado el caso en la justicia colombiana, la corporación Minga decidió presentarlo a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tiempo siguió pasando para Gustavo Sastoque en prisión, la mayoría de los días en calidad de condenado en La Picota, hasta noviembre de 2005, cuando después de diez años, ocho meses y 28 días preso, recibió el beneficio de la libertad condicional. Libre pero condenado y, en consecuencia, con todas las discriminaciones y los prejuicios en contra para reiniciar su vida y hacerse cargo de su única hija: Alejandra.
El 7 de abril de 2008, ante las evidencias del caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos planteó al Estado colombiano crear un grupo de trabajo para buscar una solución amistosa. El Estado aceptó el procedimiento y se comprometió a impulsar investigaciones penales sobre el caso que nunca prosperaron. La Fiscalía de Mario Iguarán se interesó por el caso de los testigos y llegó a conclusiones desconcertantes. Por eso, en mayo de 2011, llamó a juicio a los tres testigos falsos para que fueran procesados por fraude procesal y falso testimonio.
Un contentillo de la justicia, que tuvo que admitir meses después que el delito de falso testimonio ya había prescrito y que el fraude procesal no lo cometieron, a pesar de que uno de ellos, hoy pastor de una iglesia cristiana, admitió haber mentido a la justicia. Sin embargo, también aclaró las circunstancias en que lo hizo. Unos hombres que le dijeron ser miembros de la Fiscalía lo encerraron en un hotel de Bogotá junto a su familia hasta que lo obligaron a testificar contra Sastoque. De nada sirvió su retractación, pero lo sucedido fue documentado ante la justicia internacional.
En mayo de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su concepto de fondo y no podía ser menor a lo esperado. La conclusión fue que el Estado desconoció los derechos a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección de la justicia de Gustavo Sastoque. En la línea de la solución amistosa, la Agencia Jurídica de Defensa del Estado asumió algunas reparaciones económicas e insistió en acciones de verdad y justicia. La más compleja de ellas, plantear una acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia para evaluar el caso ya cerrado.
La acción de revisión fue presentada por la Procuraduría 17 judicial de Bogotá y radicada en la Corte Suprema de Justicia en noviembre de 2020. En cualquier caso, la defensa de Gustavo Sastoque estaba a la espera de un hecho nuevo que pudiera consolidarse como un argumento para insistir en esa acción de revisión. Y de donde menos se esperaba apareció ese suceso. El 23 de febrero de 2023, súbitamente tres excomandantes de las FARC, hoy congresistas de Comunes, acudieron a la JEP y se atribuyeron varios crímenes, entre ellos el de Hernando Pizarro Leongómez.
Eso es lo que quiere aclarar la Corte de viva voz, a través de Julián Gallo, Pastor Alape y Pablo Catatumbo. No quiere decir que el alto tribunal formalmente admita la revisión del expediente, pero a la luz de la defensa de Sastoque, cualquier acercamiento a la verdad es suyo. Al consultar a Sastoque sobre las vueltas de su caso, precisó: “No me importa si castigan o no a quienes me hicieron daño, no me importa saber quiénes mataron a Hernando Pizarro, solo quiero que le digan a mi hija, a mi familia y al país lo que también yo espero oír: que soy una persona inocente”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
