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Tras la publicación de la revista Semana, en la que da cuenta de las supuestas interceptaciones ilegales que hizo el Ejército en 2019 a magistrados, políticos, periodistas, entre otros, la Corte Suprema se acaba de pronunciar al respecto. Por medio de un comunicado de prensa, el presidente de la alta corte, Álvaro García, pidió que se realice una investigación especial sobre estas ”graves denuncias”.
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la cabeza de la alta corporación dijo que “convoca al uso del máximo esfuerzo institucional para responder de manera urgente, contundente y definitiva a esta amenaza contra el Estado de derecho del país. Las autoridades competentes deben colaborar y sumar voluntades para adelantar una investigación especial, integral y oportuna, que llegue a la verdad sobre el delicado episodio, frenar los efectos de las acciones criminales denunciadas e imponer todo el peso de la ley a los responsables de este ataque contra la democracia colombiana”.
"La Corte rechaza categóricamente estos hechos que, de comprobarse, constituyen un nuevo atentado contra la independencia judicial, se solidariza con los periodistas, oficiales y funcionarios objeto de la vulneración de sus derechos fundamentales, pide protección para ellos y ratifica que ningún acto de seguimiento o intimidación contra alguno de sus magistradas o magistrados detendrá los expedientes judiciales a su cargo", señaló el presidente García.
Las denuncias de la revista Semana indican que en el último año, dentro del Ejército se habría ordenado realizar múltiples interceptaciones de comunicaciones sin ningún tipo de orden ni justificación legal. Entre las víctimas estarían Roy Barreras, senador del Partido de la U; Camilo Romero, exgobernador de Nariño, y Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Las interceptaciones ilegales se habrían realizado desde dos guarniciones: una en Catam y la otra en el Cantón de Comunicaciones de Facatativá.
En el informe titulado “Chuzadas sin cuartel”, Semana revela testimonios de algunos miembros de inteligencia militar involucrados en estos hechos, quienes denuncian cómo se venía operando y la manera como recibían las órdenes directamente desde el Comando del Ejército, sin ningún tipo de soporte legal. Entre las posibles víctimas también estarían figuras políticas de la oposición y periodistas.
Según Espitia, es vital por ahora establecer qué equipos y softwares fueron utilizados para estas supuestas interceptaciones, la licitud de los mismos y quiénes dieron la orden, para, posteriormente, llevarlos ante la justicia. En la mañana de este lunes, el ministro de Defensa Carlos H. Trujillo le solicitó al fiscal general, Fabio Espitia, y al procurador general, Fernando Carrillo, que adelanten las investigaciones correspondientes y, de concluir que sí se dieron los hechos reportados por la revista Semana, se lleve a los responsables ante la justicia.
A su vez, durante una rueda de prensa, Espitia señaló que es vital por ahora establecer qué equipos y softwares fueron utilizados para estas supuestas interceptaciones, la licitud de los mismos y quiénes dieron la orden, para, posteriormente, llevarlos ante la justicia. La cabeza del ente investigador indicó que ya se comunicó, por ejemplo, con el senador Roy Barreras una de las supuestas víctimas de las chuzadas y los seguimientos.y que se entrevistará en los próximos días con él para conversar sobre las acciones que tomará la Fiscalía en el marco de este nuevo escándalo.