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Una compulsa de copias de la Corte Suprema de Justicia pone de nuevo en la mira de la justicia a Alberto Velásquez, exsecretario de Presidencia durante el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El exfuncionario ya pagó una pena de cinco años de prisión por la yidispolítica, consistente en ofrecer dádivas a congresistas para la aprobación del proyecto de reelección presidencial. Ahora, el alto tribunal le solicitó a la Fiscalía que lo investigue por presuntamente estar inmerso en el cartel de la toga.
Tal y como El Espectador señaló el pasado 8 de mayo, el caso de Velásquez era uno de los eslabones perdidos en la investigación que se adelanta por este caso de corrupción que involucra a particulares y magistrados por supuestamente direccionar procesos a cambio de dinero. Y es que su nombre es uno de los mencionados por la Fiscalía en la imputación de cargos que la Fiscalía General hizo al ya condenado y extraditado exfiscal Anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien hacía parte de ese entramado ilegal.
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De acuerdo con la imputación de cargos a Moreno, cuando el proceso contra Vélasquez estaba a punto de finalizar en la Corte Suprema, este habría buscado los servicios de esa organización ilegal. “Moreno recibió la suma de $300 millones, siguiendo instrucciones de Francisco Ricaurte, con la finalidad de suministrarle información privilegiada que este obtenía del magistrado Gustavo Malo, sobre aspectos como el sentido en que venía el proyecto de fallo”, señaló la Fiscalía.
Aunque Velásquez ha negado el pago de ese soborno, ahora la Corte Suprema de Justicia le pide a la Fiscalía que lo investigue, al igual que al exmagistrado Francisco Ricaurte. La razón es que al parecer esa entrega de información privilegiada sí se habría dado. Hasta el momento, se ha podido establecer que el alto tribunal tuvo en cuenta la declaración que Moreno entregó, en la que habla de la recepción de un cheque por $100 ó $150 millones de pesos. Velásquez recupero su libertad el pasado 15 de enero.
“Se ordena enviar la totalidad de las presentes diligencias a la Fiscalía General de la Nación para que la investigación continúe en contra de los doctores Alberto Velásquez Echeverry y Francisco Ricaurte Gómez por los señalamientos efectuados por el testigo Luis Gustavo Moreno Rivera”, se lee en el documento de la Corte.
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