En un caso de violencia sexual contra una menor de edad, la Corte Suprema de Justicia fue más allá de confirmar la condena contra Edgar Fernando Ramírez Rivera por haber violentado sexualmente a su hijastra WSDC durante más de cinco años. El alto tribunal recordó algo que parece un hecho, pero que en el caso de muchas víctimas no lo es: una “familia y (...) una sociedad que ejecuta o tolera la violencia contra sus niños, niñas y adolescentes es una sociedad sin futuro y destinada al fracaso”.
La declaración del magistrado Gerson Chaverra, ponente del caso, se dio tras el reconocimiento a la valentía y la fuerza de la víctima, quien, a pesar del “desamparo familiar y la falta de atención ante sus graves padecimientos, decidió denunciar a su agresor sexual, a pesar de que las circunstancias parecían ser adversas”.
Los antecedentes del caso iniciaron en 2020 cuando la víctima WSDC se atrevió a denunciar a su abusador, a pesar de haber sido presionada por su madre para no hacerlo. Ahora la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema confirmó la condena contra Edgar Fernando Ramírez Rivera por el delito de actos sexuales con menor de catorce años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo.
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Aunque los abusos ocurrieron en repetidas ocasiones en el hogar que compartía con su padrastro en el barrio Girardot de Bucaramanga (Santander), entre 2006 y 2011, WSDC solo pudo denunciar cuando ya era una adulta y logró salir de su núcleo familiar. Tras formar su propio hogar en otra ciudad, la víctima recibió el respaldo de su pareja, que la animó a denunciar a su abusador.
El alto tribunal confirmó la sentencia del 28 de marzo de 2025, con la que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga revocó la absolución del 24 de febrero de 2022 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Mixto de esa ciudad a favor de Ramírez Rivera, y lo declaró finalmente culpable.
De acuerdo con el expediente, los abusos ocurrieron cuando WSDC tenía entre ocho y 13 años, y su padrastro se aprovechó del poder que tenía sobre ella. En su análisis, la Corte indicó que la madre de la víctima, Piedad Díaz, intimidó a su hija para que guardara silencio frente a los abusos. Para el alto tribunal, estas presiones demostraron que la madre conocía lo ocurrido y las consecuencias penales que podría tener su pareja ante la denuncia de su hija.
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En el fallo de 71 páginas, la Corte Suprema detalló que en dos ocasiones la madre de la víctima fue testigo de los abusos que cometió su pareja. “La progenitora de WC exteriorizó una actitud que optó por encubrir los abusos sexuales, con los cuales ella fue tolerante, pese a percibirlos con sus sentidos, según lo que expuso la víctima. Las afirmaciones en cita, además de formar una suerte de chantaje, buscaron prolongar y mantener el silencio de la menor de edad”, detalló el tribunal.
La Sala de Casación Penal advirtió que la situación de WCSD fue “aún más dolorosa”, al desarrollarse en un entorno marcado por el silencio de su madre, quien, pese a conocer los hechos, no denunció ni tomó medidas para frenar los abusos de Edgar Fernando Ramírez Rivera.
Al contrario, en vez de Piedad Díaz ser una figura de apoyo y acompañamiento a su hija, “ejerció presiones y chantajes emocionales en la menor de edad, generando un sentimiento de culpa y una falsa percepción de ser ella la posible causa de un problema, si llegaba a revelar su experiencia de agresión sexual”.
“El llamado es a que la familia, como unidad básica y fundamental de la sociedad, se convierta en una fuente de protección, solidaridad y ayuda de los menores de edad que la componen y no en un ambiente de hostilidad”, señaló el magistrado Chaverra, quien lamentó a nombre de la Corte los escenarios de violencia que vivió WCSD.
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