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La Corte Suprema de Justicia sancionó a un abogado luego de comprobar que los recursos y escritos presentados por el defensor habían sido elaborados con inteligencia artificial, la cual habría sido utilizada “para agilizar la contestación y los trámites de los procesos”.
La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural señaló que las irregularidades, tanto en la demanda de sustentación de un recurso extraordinario de revisión como en su subsanación, comparten un mismo patrón, como enunciados falsos y correcciones sintácticas.
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“Esa combinación de inexactitud y apariencia de rigor es consistente con el fenómeno conocido como alucinaciones de los sistemas de inteligencia artificial generativa”, señaló la Sala, agregando que el abogado en cuestión reconoció que los escritos habían sido realizados con IA.
La Corte señaló que, en ese contexto, el abogado actuó sin la seriedad y lealtad mínimas que exige el proceso judicial, conducta que podría darse por dolo, cuando el defensor actúa a sabiendas de que su proceder no tiene fundamento, introduce información falsa de forma consciente o usa el proceso con fines ilegítimos.
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Asimismo, indicó que la segunda forma en la que podría configurarse esta conducta es por culpa grave, es decir, cuando el abogado procede con “negligencia inexcusable”, omitiendo verificaciones elementales que habrían revelado la inviabilidad o falsedad de lo alegado.
La Sala señaló que, tras confrontar al abogado con la “falsedad de sus fuentes”, este presentó una subsanación o corrección en la que incorporó cuatro nuevas citas en las que, nuevamente, se descubrieron errores, tergiversando el texto de la ley.
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“Ello revela que, aun después de la advertencia expresa de la Corporación, el apoderado mantuvo el mismo proceder: delegar la fundamentación jurídica a un sistema automatizado sin verificar la autenticidad de lo generado”, señaló la Corte. Además, aseguró que no se trata de un descuido aislado, sino de un “patrón de conducta que evidencia desatención deliberada al deber de verificación”.
Por ello, la Sala sancionó al abogado con una multa de quince salarios mínimos mensuales vigentes, lo que equivale a más de COP 26 millones, y compulsó copias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.
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