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La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia aprobó el preacuerdo entre la Fiscalía y el general (r) Jorge Arturo Salgado Restrepo, excomandante de la Séptima División del Ejército, investigado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Con la aceptación del preacuerdo, la Sala deberá ahora fijar la condena definitiva contra el exmilitar.
De acuerdo con el expediente, entre 2016 y 2017 Salgado “se interesó e intervino para que el coronel Harold Felipe Páez Roa, comandante del Batallón de Servicios Número 4 Yariguíes”, le adjudicara los contratos de cafetería a dos empresas: Distrilogística, representada por Samir Fernando García Buitrago, para la operación de cafeterías, e Ingecodi S.A.S., vinculada a la ingeniera Viviana González, para proyectos de ingeniería y construcción.
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Los beneficiarios habrían tenido conocimiento anticipado de los criterios de contratación, ajustando sus propuestas para obtener la adjudicación, mientras la entidad contratante adaptaba los requisitos técnicos a sus perfiles. A cambio, el oficial en retiro habría recibido múltiples beneficios: tiquetes aéreos para él y su familia, pagos de consumos en restaurantes y clubes sociales, patrocinio en eventos culturales, cubrimiento de alquileres, facturas de servicios públicos y combustible, entre otros.
El monto de estas ventajas se calculó en COP 151 millones. También se acreditó que, a través de órdenes de compra para Subatours S.A.S., obtuvo 36 tiquetes privados adicionales a nombre suyo y de sus familiares, avaluados en COP 18 millones. Antes de la audiencia de imputación, el general (r) Salgado devolvió COP 170 millones.
En 2020, cuando la Fiscalía imputó cargos al general (r) Jorge Salgado, reveló que, según las pesquisas, el contratista Samir García habría cubierto gastos personales del oficial como suscripciones a televisión, prensa, consumos en restaurantes, asados e incluso un palco para eventos de la Feria de las Flores, a cambio de la adjudicación de contratos.
Ese mismo año, el ente acusador pidió medida de aseguramiento domiciliaria argumentando que el excomandante representaba un riesgo para la sociedad. El 27 de agosto de 2020, un juez acogió la solicitud sustentada en declaraciones de procesados por presuntas irregularidades administrativas en la Séptima División del Ejército, incluido el coronel (r) Harold Felipe Páez Roa.
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Páez declaró ante las autoridades que escuchó a Salgado afirmar que tiquetes aéreos, gastos familiares y otros consumos serían cargados al contratista que obtuviera el contrato en el Batallón de Servicios 4. La Procuraduría también respaldó la detención preventiva, señalando que la conducta atribuida al general había afectado la imagen institucional del Ejército.
El caso surgió tras una cadena de decisiones judiciales iniciadas en agosto de 2019, cuando la Fiscalía procesó al coronel Páez Roa, al sargento John Henry Roncancio Rodríguez, a un funcionario logístico de la unidad y al capitán retirado Guerly Alexander Carrera Arias por irregularidades contractuales. A ellos se sumaron imputaciones al general retirado Jorge Horacio Romero Pinzón, así como a varios contratistas vinculados a Ingecodi S.A.S. y Distrilogística.
Salgado había ganado reconocimiento dentro de las Fuerzas Militares por denunciar ejecuciones extrajudiciales cuando dirigió la Brigada Once en Sucre en 2007. Su actuación derivó en investigaciones disciplinarias que revelaron una estructura de asesinatos ilegítimos liderada por el coronel (r) Luis Fernando Borja, quien admitió su responsabilidad en al menos 57 homicidios. El escándalo desencadenó la salida de 27 militares e incluso la renuncia del entonces comandante del Ejército, el general Mario Montoya.
También alcanzó notoriedad al liderar la operación militar en la que murió Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, jefe disidente de las Farc, en 2018, durante su paso como comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes).
Su trayectoria cambió de rumbo tras conocerse las investigaciones por corrupción. Mientras estallaban los escándalos dentro de la Séptima Brigada, pasó casi inadvertido su traslado a Chile como agregado de defensa, cargo en el que permaneció desde 2019.
Sin embargo, su retiro definitivo del Ejército habría estado marcado por un asunto mayor: su cercanía con el narcotraficante José Guillermo Hernández, alias “Ñeñe Hernández”. En mayo de 2020, Salgado solicitó su salida de la institución, una decisión que habría sido impulsada por la cúpula militar y el Ministerio de Defensa.
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