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Recibir tiquetes aéreos para su familia y para soldados es solo una de varias irregularidades que habrían derivado tras la firma de nueve contratos y que, según la Fiscalía, hacen parte de los hallazgos en la investigación en contra del general (r) Jorge Salgado. El alto oficial en retiro habría cometido estos delitos cuando era comandante de la VII División del Ejército entre 2016 y 2017 y, según la Fiscalía, él direccionó los contratos de cafetería y obra del Batallón de Servicios N°4 Yariguíes para que quedaran en manos de dos contratistas específicos.
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Los contratos fueron firmados con Ingecodi S.A.S. y Distrilogística P G S.A.S. por un valor total cercano a $1.831 millones para el mantenimiento, adecuaciones y mejoramiento de las instalaciones. “Está documentado que los pliegos de las licitaciones públicas habrían sido entregados previamente a las empresas beneficiadas para que ajustaran sus propuestas”, puntualizó la Fiscalía. El militar en retiro no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.
Las pruebas recaudadas por el ente de control demostraría que, a cambio de la entrega de los contratos, el contratista de Distrilogística P G S.A.S., Samir Bernal Garcia le pagó cuentas personales como las cuentas de Directv, suscripciones a prensa, comidas en restaurantes, asados e incluso, un palco para los conciertos de la Feria de las Flores. Estos costos representaron un valor que ascendió a $151′397.660 millones, lo que corresponde una apropiación ilegal de recursos.
La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento para el general (r) Salgado alegando que es un riesgo para la seguridad de la sociedad. De acuerdo con el fiscal delegado la solicitud había estado motivada en los testimonios de tres judicializados por los malos manejos administrativos en la VII división del Ejército. Es el caso del teniente coronel (r) Harold Felipe Páez Roa, comandante del batallón de servicios IV Brigada, que pertenece a la VII División.
En su declaratoria, Páez aseguró haber escuchado al general (r) Salgado decir abiertamente que los gastos, tiquetes aéreos y otros gastos serían cargados al contratista Samir Bernal luego de que le adjudicará el contrato en el batallón de Servicios N°4 del Ejército.
La Procuraduría accedió a la solicitud de medida de aseguramiento domiciliaria para el general retirado señalando que el comportamiento de Salgado había perjudicado la imagen del Ejército. A este requerimiento, el abogado defensor del general, Oscar Javier Rojas, dijo que, al ser un general retirado y por hechos ocurridos en 2017, Salgado no representa algún prejuicio para para la imagen del Ejército.
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A lo que si apeló es que se tenga en cuenta la situación de salud del general (r) Salgado a la hora de imponer una posible medida de aseguramiento en centro carcelario. “Este es un elemento fundamental porque de no ser así se pondría en riesgo la salud del señor general (r) Salgado”, ratificó. Además, Rojas indicó que Salgado reintegró 1$70 millones y que buscarán un preacuerdo con la Fiscalía.
A lo que si apeló la defensa del militar retirado es a que se tenga en cuenta la situación de salud del general (r) Salgado a la hora de imponer una posible medida de aseguramiento. debido a que el general (r) sufre de cáncer. “Este es un elemento fundamental porque de no ser así se pondría en riesgo la salud del señor general (r) Salgado”, ratificó.
Las investigaciones de la Fiscalía sobre la contratación de la VII División del Ejército comenzaron a dar los primeros coletazos en agosto del año pasado cuando el ente acusador judicializó al coronel en retiro Harold Felipe Páez Roa, el sargento John Henry Roncancio Rodríguez, el bodeguista de la unidad militar y el capitán en retiro Guerly Alexander Carrera Arias. Igualmente se imputaron cargos al exjefe de Acción Integral del Ejército, el general (r) Jorge Horacio Romero Pinzón.
El ente investigador también judicializó a Samir Fernando Garcia Buitrago, Ana Lucía Posada Valencia, Jaime Alberto Ramirez Díaz, contratistas de Ingecodi S.A.S. y Distrilogística P G S.A.S.
Salgado es recordado como uno de los militares que confrontó las ejecuciones extrajudiciales desde adentro del Ejército. Mientras estuvo en la Brigada XI del Ejército en Sucre, en 2007, los llamados “falsos positivos” estaban disparados en las unidades militares de todo el país. Allí, Salgado inició investigaciones disciplinarias que tuvieron como resultado el desmantelamiento del plan criminal del coronel (r) Luis Fernando Borja, quien confesó su responsabilidad en por al menos 57 ejecuciones extrajudiciales.
Un año más tarde, en 2008, el escándalo le costó el cargo a 27 militares que se retiraron e incluso, la renuncia del comandante del Ejército, el general (r) Mario Montoya.
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El general Salgado también es conocido por la operación contra Wálter Patricio Arizala, alias Guacho cuando fue el comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (Ccoes). Este jefe de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país murió el 21 de diciembre de 2018 en la operación militar que, entonces, posicionó su nombre. Hoy, luego de conocerse los delitos imputados por la Fiscalía y que incluso, amenazan su libertad, la situación del general (r) Salgado dio un giro a otro escenario.
Durante el escándalo de corrupción y otras actividades ilegales al interior de la IV Brigada pasó casi desapercibido el nombramiento del general como agregado de defensa en Chile, país en donde estuvo desde el año pasado. Durante el escándalo de corrupción y otras actividades ilegales al interior de la IV Brigada pasó casi desapercibido el nombramiento del general como agregado de defensa en Chile, país en donde estuvo desde el año pasado.
Pero el motivo aparente de su retiro de las filas castrenses estaría relacionado con un escándalo aun mayor: su cercanía con José Guillermo Hernández, alias el Ñeñe Hernández. En mayo de este año, el general (r) Salgado pidió su retiro del Ejército, una solicitud, al parecer, motivada por la cúpula del Ejército y el Ministerio de Defensa quienes querían desligar a las instituciones del Ñeñe.