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El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, asistió a la Corte Suprema de Justicia para rendir una declaración como testigo en el proceso que adelanta el alto tribunal en contra de seis congresistas señalados de hacer parte del esquema de corrupción que desangró a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
“Hoy vengo a la Corte porque la justicia me ha convocado. Vengo en carácter de testigo a dar testimonio de unos hechos”, aseguró el exjefe de la cartera económica a su llegada a la Corte, en compañía de su abogado Jorge Mario Gómez. “Estoy tranquilo”, agregó el exfuncionario ante los micrófonos de la prensa.
“Yo como ministro me desempeñé, igual que los ministros anteriores, cumpliendo mis funciones que están claramente establecidas en el decreto 41712 de 2008, es ahí donde están todas mis funciones. Por arquitectura institucional, el Ministerio de Hacienda es el garante de la política monetaria, cambiaria, fiscal, arancelaria (...) el Ministerio de Hacienda da el presupuesto, asigna al final la caja, pero no es ejecutor”, añadió el exfuncionario.
Bonilla, ante la prensa, señaló que es “el resto del gobierno el que ejecuta” y que el ministerio no solo no es ordenador del gasto de ninguna entidad, sino que tampoco contrata y “no se relaciona con contratistas”. El exministro también señaló que muchas veces las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo son de tensión, pero negó haber presionado para que se le pagaran recursos a legisladores a cambio de sus conceptos favorables para aceptar créditos para la Nación.
La Corte Suprema de Justicia no es la única autoridad judicial que ha puesto sus ojos sobre Bonilla González. Sus repetidas menciones en el entramado, principalmente provenientes de los confesos responsables Olmedo López, exdirector de la Ungrd, y su mano derecha, Sneyder Pinilla (condenado a cinco años y ocho meses de prisión), llevaron a que la Fiscalía adelantara una diligencia de arraigo contra el exjefe de la cartera económica.
Este procedimiento tiene como objetivo ubicar al exfuncionario y aclarar detalles como su domicilio y ciudad de residencia. Por lo general, este proceso se realiza antes de un llamado a imputación de cargos. “Como lo expresé públicamente, reitero mi disposición para atender los llamados de la justicia. La Fiscalía lo sabe y lo refrendé el 13 de marzo, cuando aporté toda la información sobre mi arraigo y domicilio. Mi compromiso: esclarecer los hechos y la prevalencia de la verdad”, apuntó Bonilla para entonces.
La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a seis congresistas de la Comisión de Crédito Público del Congreso, luego de una compulsa de copias que se adelantó desde la Fiscalía, pues los nombres de los legisladores fueron puestos en el ojo de las autoridades por los principales determinadores de las irregularidades. Wadith Manzur, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz son quienes enfrentan el proceso y han declarado ante la Corte. Incluso, este martes 22 de abril, congresistas como Peinado y Manzur también asistieron a las instalaciones del alto tribunal.
El supuesto papel de Ricardo Bonilla en el escándalo de la Ungrd
La fiscalía novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que lleva el expediente de la Ungrd, ha mencionado en diferentes diligencias la presunta participación del exjefe de cartera en el direccionamiento de contratos irregulares que, al parecer, tuvo como fin beneficiar a legisladores de la Comisión de Crédito Público del Congreso.
Esos convenios sumaban más de $92.000 millones, y habrían sido adjudicados para atender emergencias por lluvias en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar). De acuerdo con las pesquisas, estos contratos se cuadraron, supuestamente, con el visto de bueno de Bonilla y se gestionaron por medio de su entonces asesora María Alejandra Benavides Soto y el propio Olmedo López.
La Fiscalía también recordó que la orden para adjudicar esos convenios, instruida por López a Pinilla, se hizo a través de una videollamada, en la que el exdirector de la Ungrd estaba en compañía del exministro, y ambos, dice el ente de control, le dijeron a Pinilla que procediera con la asignación de contratos.
De acuerdo con la versión de Pinilla, los dos funcionarios le pidieron gestionar la contratación con la asesora Benavides, quien además se ha convertido en testigo clave ante las autoridades judiciales y ha explicado cómo funcionó el esquema de apropiación de recursos públicos, asegurando que el entonces ministro tenía pleno conocimiento de las irregularidades.
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