
Entre el 23 y el 24 de diciembre de 1999, una lluvia de panfletos cayó sobre el corregimiento de El Salado, en El Carmen de Bolívar (Bolívar). “Señores, señoras y niños de El Salado, les deseamos unas felices pascuas y próspero año nuevo para que lo disfruten comiendo sancocho de gallina, de pavo y de carnero, les desea la Infantería de Marina”, decían los mensajes. Los volantes fueron lanzados desde un helicóptero no identificado y fueron el presagio de una de las tomas paramilitares más sangrientas que vivió Colombia a inicios de los 2000. Han pasado casi 27 años de esa amenaza y este 10 de noviembre la Jurisdicción Especial para la Paz llamó a 11 exintegrantes de la Armada Nacional y de la Policía a reconocer responsabilidad en esos hechos.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de esa instancia de justicia transicional les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a nueve exintegrantes de la Armada Nacional, entre ellos el almirante (r) Rodrigo Quiñones Cárdenas, excomandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina. También a dos excomandantes de la Policía en la región de los Montes de María y la zona del Canal del Dique, en el departamento de Bolívar. La JEP los señala como presuntos máximos responsables de asesinatos, torturas, persecuciones, desplazamientos y desapariciones forzadas, saqueos, violencia sexual y otros delitos cometidos en el marco de 31 masacres ocurridas en alianza con los paramilitares, entre 1999 y 2001.
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Los hechos de El Salado, una de las masacres más emblemáticas del conflicto armado en el país, son apenas una parte de lo que recoge la investigación de la magistrada María del Pilar Valencia García. La JEP documentó cómo paramilitares al mando de Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, “Jorge 40”; y Rodrigo Mercado, “Cadena”, sembraron el horror en poblaciones de Bolívar y Sucre, donde señalaron a los campesinos de ser colaboradores de las Farc, estigmatizaron a líderes, abusaron de niñas y mujeres, asesinaron a civiles y se hicieron al control de la región. Todo esto, según la JEP, “mediante un entramado de relaciones entre estructuras paramilitares, determinados integrantes de la fuerza pública y otros actores regionales”.
En el caso de la masacre de El Salado, según la JEP, la toma paramilitar de la población estuvo precedida por hostigamientos a la población civil, incluida la masacre de cinco personas el 19 de enero del 2000. Las víctimas fueron interceptadas en un retén paramilitar en la vía de acceso al corregimiento y luego las encontraron degolladas y con signos de tortura. “Estos hechos ocurrieron sin que se produjera una reacción institucional dirigida a proteger a los habitantes ni garantizar la presencia efectiva de la fuerza pública en la zona”, señala la imputación. La barbarie alcanzó su máxima expresión el 15 de febrero de ese año, cuando al menos 450 paramilitares se tomaron el pueblo y asesinaron a 60 personas.
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Durante al menos cuatro días, los paramilitares sembraron la barbarie. Asesinaron a una treintena de personas en las zonas aledañas al pueblo y en el casco urbano del corregimiento irrumpieron en las casas y obligaron a los habitantes a salir hasta la plaza central. A las mujeres las acuartelaron en el atrio de la parroquia y a los hombres en la cancha de fútbol. Los relatos de las víctimas dan cuenta de la forma en la que los hombres armados celebraron con música y licor las torturas y vejámenes sexuales a los que sometieron a las víctimas. Cuando la fuerza pública entró, el 19 de febrero, en los andenes de El Salado solo quedaban los cuerpos de las víctimas que la propia población tuvo que enterrar en una fosa común, antes de desplazarse.
Para la JEP, el almirante (r) Rodrigo Quiñones Cárdenas habría tenido un rol de dirección sobre las unidades militares y sobre los otros uniformados que omitieron sus funciones y permitieron que los paramilitares actuaran a su antojo. “El tránsito de los grupos paramilitares por vías principales y cabeceras municipales, e incluso frente a instalaciones de la Infantería de Marina, comprometió el deber de protección a cargo de la fuerza pública”, señala la imputación. Hechos similares documentó la JEP en el corregimiento de Chengue, zona rural del municipio de Ovejas (Sucre). El 17 de enero de 2001, entre las 4:00 y 5:00 de la madrugada, un grupo de 80 paramilitares se tomó el pueblo en una sangrienta incursión armada que dejó 28 muertos.
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La decisión señala que los paramilitares rodearon el pueblo y cortaron el suministro de energía eléctrica. Luego llegaron al casco urbano, tumbando puertas y sacando a la gente a la fuerza de sus casas. Llevaron a niños, mujeres y hombres al parque principal y señalaron de forma indiscriminada a supuestos colaboradores de la guerrilla. Las víctimas narraron cómo al menos diez personas fueron golpeadas con un mazo hasta su muerte. En la toma paramilitar hubo asesinatos, torturas, tratos crueles e inhumanos, intimidaciones colectivas, quema de viviendas, violencia sexual y desplazamiento forzado. La comunidad había advertido a distintas autoridades estatales sobre el riesgo de una incursión paramilitar, pero no los escucharon.
En la larga lista de graves violaciones de derechos humanos por las que la JEP llamó a reconocer responsabilidad a los exuniformados está también la masacre de Capaca, El Bongal y Campo Alegre (Zambrano, Bolívar), ocurrida el 16 y 17 de agosto de 1999, que dejó 13 personas asesinadas, una desaparecida y hechos de violencia sexual y basada en género documentados por la justicia transicional. El patrón criminal, según documentó el despacho de la magistrada María del Pilar Valencia García, habría sido el mismo: acuerdos, prácticas de coordinación, distribución de funciones, intercambio de información, facilitación de desplazamientos y omisiones deliberadas por las que ahora tendrán que responder ante la justicia.
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Gilberto(54899)•11 de noviembre de 2026 – 19:00Uribe, los terratenientes, ganaderos, bancarios, dueños de los medios de comunicación de la élite y sus perros guardianes NO PUEDEN QUEDAR IMPUNES ¡
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Álamo(88990)•11 de noviembre de 2026 – 08:48"Razón de más para acabar la JEP", pide a gritos quien dio la orden y los perpetradores, a coro con el gobierno ‘destripe’. ¡No más violencia MÁS IVA!!
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Jon Lindsay(ua6yh)•11 de noviembre de 2026 – 06:17La JEP es parte fundamental del proceso hacia la paz, y algo nunca contemplado en España para sanar las heridas de una guerra; Colombia puede seguir mostrándose un país comprometido con la paz y con el futuro de sus hijos… si el pueblo ea capaz de superar las peleas ideológicas de sus políticos para permitirlo. En España las heridas persisten ochenta años después.