Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
El Tribunal Superior de Medellín confirmó este lunes la condena de 28 años de prisión contra José Miguel Narváez por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba. La decisión de segunda instancia se suma a las sentencias que ya pesan sobre el exsubdirector del desaparecida Dirección Administrativa de Seguridad (DAS) por el asesinato de Jaime Garzón y la tortura contra la periodista Claudia Julieta Duque. Hay, además, un cuarto crimen por el que su nombre ha aparecido en los expedientes judiciales: el asesinato del congresista de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, papá del hoy senador Iván Cepeda, un caso en el que ha sido investigado, pero por el que todavía no hay una sentencia.
Jaime Garzón: condenado por impulsar su asesinato
El periodista y humorista Jaime Garzón fue asesinado el 13 de agosto de 1999, cuando se desplazaba en su camioneta en Bogotá. En el juicio contra Narváez, varios exjefes paramilitares declararon sobre su cercanía con Carlos Castaño, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y esas versiones sirvieron para consolidar la tesis que terminó acogiendo la justicia: que Narváez influyó en Castaño para que ordenara matar a Garzón, a quien señalaban de tener vínculos con las guerrillas. “La información que nos daba gente tan preparada como José Miguel Narváez la dábamos por cierta”, dijo el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso durante el juicio.
Otros de los testimonios que fueron claves fueron los de excomandantes paramilitares como Hébert Veloza García, alias “H.H.”; Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”, y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”. Por ese crimen, Narváez fue condenado como determinador del homicidio, pues la Fiscalía logró probar que impulsó la decisión de asesinar al periodista, aunque no ejecutó el ataque. En primera instancia recibió una pena de 30 años de prisión. El Tribunal Superior de Bogotá la redujo a 26 años y tres meses, y en 2021 la Corte Suprema inadmitió la demanda de casación presentada por su defensa, con lo que la condena quedó en firme.
Piedad Córdoba: condenado por su secuestro
El 21 de mayo de 1999, la entonces senadora Piedad Córdoba fue retenida en Medellín por hombres que se hicieron pasar por funcionarios del CTI de la Fiscalía. En realidad eran integrantes de una estructura criminal que actuó para paramilitares al mando de Carlos Castaño. La congresista permaneció secuestrada durante cerca de dos semanas, en medio de señalamientos que la vinculaban con la guerrilla del Eln. Tras ser liberada, decidió exiliarse junto con su familia en Canadá, donde permaneció durante varios meses. Sin embargo, al regresar al país, fue víctima de dos atentados que la llevaron a tomar la decisión de sacar indefinidamente a sus hijos de Colombia.
Desde que comenzó la investigación por el secuestro, exjefes paramilitares señalaron que detrás de ese secuestro actutó José Miguel Narváez. Lo que la Fiscalía sostuvo durante el proceso es que el exsubdirector del DAS indujo, promovió y determinó este crimen, de la mano de las AUC, facción criminal con la que mantuvo vínculos ideológicos y operativos. En octubre de 2025, una jueza de Medellín condenó a Narváez a 28 años de prisión por secuestro agravado. Según la sentencia, Narváez promovió el secuestro ante Carlos Castaño y le entregó información obtenida por el DAS para sustentar los señalamientos contra Córdoba. Durante el proceso, el exfuncionario negó que las pruebas demostraran su responsabilidad.
Claudia Julieta Duque: condenado por tortura psicológica
La periodista Claudia Julieta Duque investigó el asesinato de Jaime Garzón y denunció la posible participación de organismos estatales en ese crimen. La persecución continuó a pesar de sus denuncias. Duque acudió al entonces director del DAS, Jorge Noguera, y en 2003 ingresó al programa de protección para periodistas del Ministerio del Interior. Durante la investigación judicial, la Fiscalía encontró documentos del DAS con la dirección de su casa y sus números telefónicos. Esas pruebas ayudaron a reconstruir cómo el organismo de inteligencia había reunido información sobre ella, mientras el grupo conocido como G-3 adelantaba operaciones contra periodistas, opositores y defensores de derechos humanos.
En agosto de 2024, un juzgado de Bogotá condenó a José Miguel Narváez a 12 años y medio de prisión por tortura agravada continuada contra la periodista. Para la justicia, la vigilancia y las amenazas hicieron parte de una persecución que buscaba quebrarla psicológicamente por su trabajo investigativo. El fallo también ordenó medidas de reparación y dispuso que se investigara la posible responsabilidad de otros exfuncionarios. El caso une dos expedientes de la historia de Narváez: fue condenado por impulsar el asesinato de Garzón y, años después, por la tortura contra una periodista que investigaba ese mismo crimen.
El caso del senador José Manuel Cepeda
El caso más antiguo de los cuatro que ha pesado sobre Narváez es el de Manuel Cepeda Vargas. El senador de la Unión Patriótica fue asesinado el 9 de agosto de 1994 en Bogotá. Dos suboficiales del Ejército, Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zúñiga Labrador, fueron condenados por el homicidio, mientras la investigación buscó establecer quiénes estuvieron detrás de la orden de matarlo. Narváez fue vinculado a esas pesquisas por señalamientos de exjefes paramilitares sobre su cercanía con Carlos Castaño y su presunta intervención en el crimen. A diferencia de los casos de Córdoba, Garzón y Duque, la justicia no ha resuelto la pregunta que estableció la Fiscalía en 2009 cuando lo llamó a indagatoria por este crimen.
Cepeda Vargas había advertido a distintas autoridades que estaba amenazado. También existía una medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que pedía protegerlo. El día de su homicidio, hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba por el occidente de Bogotá y lo asesinaron. Años después, el Consejo de Estado declaró responsable a la Nación por no haberle brindado la protección que necesitaba. La investigación sobre quiénes imulsaron el asesinato llevó también al nombre de José Miguel Narváez. En 2009, la Fiscalía lo vinculó mediante indagatoria como presunto determinador del homicidio, tras una declaración del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”.
Murillo afirmó que había presenciado una discusión en la que Carlos Castaño le reprochó a Narváez haberlo instigado a ordenar las muertes de Cepeda y Jaime Garzón. Esa versión abrió una línea de investigación sobre la posible participación del exsubdirector del DAS en la decisión de matar al senador. Posteriormente se dictó y confirmó una medida de aseguramiento en su contra por este caso. Otros exparamilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, describieron a Narváez como alguien cercano a los comandantes de las autodefensas y dijeron que impartía charlas de contenido anticomunista en sus campamentos. Sin embargo, la justicia sigue siendo esquiva en este caso.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Conoce más