La relación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos ya tuvo su primera prueba de fuego en la era del presidente Abelardo de la Espriella. El gobierno de Donald Trump decidió por segundo año consecutivo no entregar al país la certificación antidrogas, una determinación que se tomó durante el mandato del expresidente Gustavo Petro por sus bajos resultados en la política de la lucha contra el narcotráfico. Esta vez la decisión no tuvo relación directa con las líneas que ha trazado el nuevo gobierno en esa materia. Tampoco con los balances que el nuevo mandatario hace a través de redes sociales sobre incautaciones, golpes a estructuras ilegales y extradiciones. Esta vez la balanza se inclinó hacia los resultados heredados de Petro cuando todavía estaba en la Casa de Nariño.
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Esta decisión llega en un contexto en el que el país tiene aproximadamente 261.000 hectáreas sembradas con hoja de coca y es el mayor productor de cocaína, con cerca de 3.708 toneladas en el último año medido, el 2024. El dato es del último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que se conoció a mediados de 2026 porque el expresidente Petro frenó su uso al no estar de acuerdo con la medición. Hoy, Colombia no tiene certeza del panorama real de los cultivos de uso ilícito, pero sí quedó clara la postura del gobierno de Estados Unidos de no otorgar la certificación antidrogas. Sin embargo, la inclusión en la lista de países de tránsito o producción no significa, por sí misma, que Washington considere que Colombia no está cooperando en la lucha antidrogas.
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El mandatario colombiano, en su primer mes de gobierno, ha hecho guiños al gobierno norteamericano con el desmonte de la paz total, la integración al Escudo de las Américas y la reactivación de planes de aspersión con glufosinato de amonio, aunque un juzgado busque frenar la estrategia. En ese contexto, De la Espriella ha destacado que en 36 días realizó más de 17.140 capturas y han muerto 24 integrantes de estructuras ilegales en operativos de la fuerza pública. Además, ha firmado más de 73 extradiciones y ha desarrollado operaciones militares en todo el país, incluidos tres bombardeos. También ha dicho que se han incautado 1.761 armas de fuego y 75.613 kilogramos de droga. Además, según el presidente, se han erradicado 1.506 hectáreas de hoja de coca.
Para el gobierno de Estados Unidos esas acciones no han sido indiferentes. Si bien Donald Trump sostiene que el país no realizó esfuerzos sustanciales durante el último año para cumplir sus obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico, el mandatario atribuye esta situación principalmente al gobierno de Gustavo Petro y asegura que el presidente Abelardo de la Espriella ha prometido una campaña agresiva contra los cultivos de coca y la producción de cocaína. También afirma que, si Colombia avanza durante el próximo año en la erradicación de cultivos y el desmantelamiento de grupos dedicados al narcotráfico, Washington podría reconsiderar la designación. A esto se le suma la determinación de que su asistencia a Colombia continúa siendo “vital” para sus intereses.
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Esto quiere decir que la designación no implica por sí sola el fin de la cooperación estadounidense con el país. Para Jorge Mantilla, profesor e investigador de la Universidad del Rosario, la certificación tiene una profunda connotación política que hasta ahora Colombia ha sabido jugar. “La certificación es una decisión más política que técnica. En ese contexto, el experto agregó que desde la óptica estadounidense, pesa más la percepción sobre la voluntad política del gobierno que los datos técnicos de erradicación reportados por Colombia. “Si bien puede entenderse como un revés, en el mediano plazo la descertificación crea un escenario favorable para el gobierno en términos del mensaje que envía a los otros poderes sobre la importancia de apoyar las medidas que está desplegando este gobierno para recuperar el estatus”, dijo Mantilla.
Para Lucas Marín Llanes, profesor de la Universidad de Los Andes e investigador del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), aunque el gobierno, en materia de relaciones internacionales, los nombramientos realizados y la cercanía con el gobierno de Estados Unidos, está haciendo la tarea necesaria, es importante tener en cuenta el costo de esas estrategias, como la aspersión aérea. "El gobierno nacional se encuentra entre dos tensiones importantes: por un lado, la presión por retomar medidas que buscan reducir y erradicar los cultivos de coca, y por el otro, las tensiones que pueden generar esas estrategias de política pública. Si el objetivo es reducir los cultivos de uso ilícito en el país, es fundamental tener en cuenta esa evidencia científica producida y, más importante aún, todos los efectos negativos asociados a estas intervenciones. En esta tensión que el gobierno tiene por lograr y mostrar resultados operativos en número de hectáreas asperjadas o erradicadas, no puede perder de vista la evidencia científica", señaló.
A pesar de la descertificación, la relación diplomática entre ambos países se mantiene y tanto el presidente De la Espriella como el presidente Trump comparten líneas sobre los asuntos de seguridad, defensa y lucha contra el narcotráfico. Ahora el Gobierno tendrá que pensar en poner en marcha su política contra las drogas, de cara a la certificación de 2026, que no dependerá de los resultados del gobierno Petro, como este año, sino de los de quien hoy está al frente de la Casa de Nariño.
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