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En lo corrido de 2026, según la Defensoría del Pueblo, se han reportado 278 feminicidios en Colombia, lo que representa una tasa nacional de 1,02 casos por cada 100.000 mujeres. Con esta cifra sobre la mesa, la entidad exhortó a las autoridades nacionales a fortalecer la identificación temprana y agilizar las investigaciones.
Según las cifras de la Defensoría, con corte al 31 de julio, Putumayo, Guaviare, Quindío y Nariño se ubican entre los departamentos con las tasas más altas de feminicidio del país. “Putumayo (3,02) presenta una tasa cercana a tres veces el promedio nacional, mientras que Guaviare (2,50) y Quindío (2,43) registran tasas superiores al doble de la media nacional”, explicó.
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En ese sentido, la entidad señaló su preocupación particular por la situación en Nariño, “que ocupa el cuarto lugar con una tasa de 1,94, cercana al doble del promedio nacional, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales para prevenir los feminicidios y garantizar una protección oportuna y efectiva para las mujeres”.
Solo entre el 1 de enero y el 31 de julio, la Defensoría registró un total de 17 feminicidios en ese departamento. Durante agosto, se reportaron cuatro casos nuevos. Además, según detalló la entidad, “en los últimos días se han conocido tentativas de feminicidio contra una mujer en Taminango y contra una adolescente en Chachagüí”.
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Para la Defensoría, los feminicidios constituyen “la expresión más grave de las violencias contra las mujeres por razones de género y vulneran sus derechos a la vida, la integridad personal, la dignidad, la igualdad y a una vida libre de violencias”. En esa línea, señaló que la prevención, investigación y sanción del feminicidio son obligaciones del Estado, por lo que la respuesta no puede limitarse a investigar y sancionar una vez ocurrido el hecho letal.
“La existencia de antecedentes de violencia, amenazas, agresiones, violencia intrafamiliar, violencia sexual u otras formas de violencia contra una mujer debe ser asumida con la máxima seriedad por las autoridades e instituciones competentes, particularmente cuando concurran factores que puedan indicar un riesgo para su vida o integridad”, aseveró la entidad.
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