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A modo de termómetro de las buenas prácticas en época electoral que garantizan una jornada libre y en paz, la Defensoría del Pueblo, junto con la Misión de Observación Electoral (MOE), presentaron el primer informe de seguimiento al ‘Compromiso por un proceso electoral libre y en paz en Colombia’. Ese pacto fue firmado por 27 candidaturas presidenciales el pasado 10 de junio para acogerse a una serie de compromisos que fortalecen la democracia, previenen la violencia política y garantizan los derechos fundamentales.
El reporte, que comprende el periodo del 15 de julio al 15 de diciembre del 2025, hizo un balance del cumplimiento de los candidatos, así como de alineación con esas premisas por parte de los candidatos que no suscribieron el compromiso. Entre recomendaciones y llamados de atención, ambas entidades resaltaron la importancia de moderar el lenguaje y verificar la información antes de difundir.
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La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que “en este compromiso no nos centramos en la violencia física armada directamente, sino en la calidad del debate electoral. Hicimos seguimiento al discurso de los candidatos y las candidatas, bajo una premisa histórica de nuestro país y es que el debate violento ha sido en el pasado un contexto propicio para pasar a la violencia física. Con ello no estamos diciendo que quienes usan violencia en el lenguaje sean responsables directos de hechos violentos, sino más bien es un llamado a una actitud preventiva”.
De las 27 precandidaturas presidenciales analizadas que se sumaron al Compromiso, se registró un nivel de avance del 81,7 %. Asimismo, se les realizó seguimiento a las precandidaturas que no han suscrito, con el propósito de identificar su aporte al ambiente democrático. Para este grupo, el nivel de alineación fue del 56,4 %.
Los compromisos y su cumplimiento de cara a las elecciones
El primer bloque de compromisos comprende la protección de la vida y la promoción de la no violencia en la política. Según la información recolectada por la Defensoría y la MOE, en cuanto al cumplimiento de ambas premisas, los candidatos tuvieron un nivel de avance del 82,1%. Eso se traduce en buenas prácticas asociadas a la prevención de la violencia política.
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Ambas entidades detallaron que dentro de los aspectos positivos dentro de este bloque se encontró que los candidatos condenan abiertamente la violencia en el ámbito político, en específico la física. Asimismo, han realizado constantes llamados al respeto a la vida y pedidos de respeto a las víctimas y sus familias.
El reto en esa materia por ahora se concentra en la necesidad de adoptar protocolos tanto internos como externos a las campañas para atender las violencias políticas.
El segundo compromiso suscrito contiene tres partes: el respeto por las instituciones, la defensa de la democracia y el diálogo como un compromiso democrático. Para esta sección que fue denominada “Institucionalidad democrática”, la Defensoría y la MOE identificaron un cumplimiento alto con el 92.6%, siendo el bloque con mayor nivel de avance.
Eso quiere decir que las candidaturas están reconociendo el papel de las instituciones y las reglas dentro de la competencia electoral, por lo que hay constantes llamados a mantener el respeto mutuo y las garantías. Asimismo, se han hecho llamados a resolver las diferencias políticas a través del diálogo.
Sin embargo, uno de los principales retos que sigue siendo preocupante para ambas entidades es todo lo relacionado a la producción y difusión de información falsa o no verificable. Por eso, el tercer bloque denominado debate plural y democrático que incluye prácticas relacionadas con promover el lenguaje constructivo, eliminar la estigmatización y garantizar la difusión de información veraz, tiene el índica de cumplimiento más bajo de todo el informe con un 42,5%.
La Defensoría y la MOE identificaron que hay persistencia del uso del lenguaje violento y estigmatizante, sobre todo hacia mujeres y población LGBTIQ+. Además, también se encontraron acusaciones reiteradas de delitos y vinculación a grupos criminales sin evidencia. A eso se le suma la información no verificada.
“Un nivel bajo de cumplimiento y alineación con los puntos relacionados con el lenguaje constructivo y la información veraz revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”, se lee en el informe presentado por ambas entidades.
El medidor del buen futuro para la política, que abarca el reconocimiento de la juventud como actor político, también tuvo buena acogida con un 77% de cumplimiento. Dentro de las buenas prácticas se identificó la promoción de la participación juvenil en política, jóvenes en los equipos de campaña y encuentros de las campañas. Además, se promovió la participación en los Consejos de Juventud. Aunque todavía falta camino en esa materia.
“De acuerdo con el seguimiento, persisten brechas en el respaldo efectivo a la protesta pacífica y en la inclusión real de juventudes históricamente excluidas. El reto central es pasar de los reconocimientos simbólicos a compromisos concretos que garanticen participación efectiva, incidencia real en la toma de decisiones y respeto pleno a las expresiones democráticas”, dice el informe.
Los retos que siguen sin resolverse tienen que ver con el derecho a la protesta, por lo que el llamado es a superar narrativas que asocian la protesta pacífica con vandalismo o amenazas al orden público.
Llamados a la acción y recomendaciones de la Defensoría
Tras la radiografía al ambiente electoral, la Defensoría elevó una serie de recomendaciones para terminar de implementar los compromisos y lograr unas elecciones normales y en paz. Por un lado, a las precandidaturas, partidos y movimientos políticos, les insta a fortalecer protocolos de prevención de la violencia política, promover un lenguaje respetuoso y no estigmatizante, y garantizar la difusión de información veraz y verificable, especialmente en entornos digitales.
Mientras que las instituciones del Estado les recomienda implementar medidas integrales y sostenidas de seguridad, fortalecer la confianza en la institucionalidad electoral y reforzar las capacidades de diálogo, mediación y gestión pacífica.
“El compromiso por un proceso electoral libre y en paz debe ser la regla de juego en estas elecciones para que las precandidaturas lo asuman como un referente de buenas prácticas democráticas y un estándar mínimo de responsabilidad política durante la campaña. Este es nuestro llamado: defender la democracia para ser un país más justo, con paz, donde el pluralismo político no sea un riesgo, sino que sea una riqueza que nos ayude a avanzar como nación”, concluyó la Defensora Marín.
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