Defensoría dice que seis menores murieron en bombardeo contra las disidencias en Guaviare

La Defensoría del Pueblo señaló que al bombardeo lo rodean violaciones al DIH, pero el ministro de Defensa respondió que la operación se hizo dentro de sus límites.

Foto: El Espectador

En la mañana de este sábado 15 de noviembre, la Defensoría del Pueblo emitió un fuerte pronunciamiento relacionado con el bombardeo que adelantaron las Fuerzas Militares en contra de las disidencias de las Farc el pasado 10 de noviembre en el municipio de Calamar (Guaviare). La entidad señaló que en esa operación murieron seis menores de edad que harían parte del grupo ilegal comandado por alias “Iván Mordisco”.

Aunque es el Instituto Nacional de Medicina Legal quien tiene los cuerpos de las 19 personas muertas en el bombardeo, con el objetivo de determinar la identidad, edad y sexo de cada uno de ellos, la Defensoría dijo que ya se confirmó que seis de las personas muertas son menores de edad, víctimas de reclutamiento forzado, y que otras cuatro siguen aún sin ser identificadas. “Este hecho, profundamente lamentable, exige reiterar que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) establece límites estrictos incluso en el marco de las hostilidades”, señaló la entidad.

Por medio de un comunicado, la Defensoría señaló que ningún menor de edad reclutado forzosamente por grupos al margen de la ley debería ser blanco de operaciones militares como la desarrollada en Guaviare, el séptimo bombardeo que adelantan las Fuerzas Militares en lo que va de 2025. “El simple hecho de que en los campamentos de los grupos armados ilegales se encuentren y hayan perdido el estatus de civil y convertido en combatientes, es decir, con funciones continuas de combate, no habilita la posibilidad de un ataque”.

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A renglón seguido, la entidad hizo un fuerte llamado de atención a las Fuerzas Militares, que “deben adoptar todas las precauciones factibles para proteger a los niños, niñas y adolescentes que, aun cuando hayan sido forzados a participar de las hostilidades, conservan una protección reforzada derivada de los principios de humanidad, precaución, necesidad militar estrictamente limitada, así como del interés superior de la niñez”. Recordó, además, la obligación de las autoridades de “evaluar cuidadosamente los medios y métodos de guerra para evitar daños desproporcionados o innecesarios”.

Para la Defensoría, “la fuerza no puede ser excesiva con relación a lo que resulta necesario para alcanzar el objetivo, aunque sea ‘legítimo’”. De paso, planteó una pregunta: “¿Podían haberse empleado otras modalidades de operación militar capaces de alcanzar la misma ventaja militar con un daño significativamente menor?”. La entidad agregó que la legislación establece una protección especial para los menores de edad en el marco del conflicto y prohíbe su participación en hostilidades.

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Para la Defensoría, el principal responsable de la muerte de los menores es el grupo ilegal comandado por alias “Iván Mordisco”, al quebrantar la ley desde el momento de su reclutamiento forzado e incurrir en un crimen de guerra. Señaló que el uso de menores de edad por parte de los grupos armados es una instrumentalización en la que los niños, niñas y adolescentes son usados como “escudos humanos, conducta prohibida categóricamente por el DIH”.

“Las disidencias han sido responsables, en lo que va corrido del año, de una serie de actos crueles de vulneración permanente del DIH en el departamento de Guaviare. La Defensoría del Pueblo lo ha podido constatar y ha recomendado a la fuerza pública adelantar acciones para proteger a la población civil frente a las actuaciones de estos grupos en el departamento. Esto, por supuesto, dentro del marco de los límites en el uso de la fuerza y la conducción de hostilidades”, señaló la entidad.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, ya se había pronunciado de forma anticipada ante los cuestionamientos por posible presencia de menores de edad en la zona bombardeada por el Ejército y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. “Quien se involucre pierde toda protección sin distinción alguna. Lo que mata no es la edad, es el arma en sí”, señaló el alto funcionario. También dijo que durante los ataques no se han afectado bienes ni personas protegidas por el DIH.

“En este conflicto hay una realidad muy cruda que debemos rechazar: el reclutamiento de menores es un crimen de guerra. Los que cometen los delitos son quienes reclutan. Hemos salvado 1039 menores de edad este año, los hemos desvinculado de los grupos armados”, agregó el ministro Sánchez. Sin embargo, los argumentos del alto funcionario fueron refutados por la Defensoría del Pueblo en su más reciente pronunciamiento.

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“La Defensoría del Pueblo considera que no es coherente ni éticamente aceptable reducir este análisis a un debate meramente técnico sobre el DIH o sus umbrales mínimos de aplicación”, señaló la entidad. Y agregó: “Todo esto es lamentable, es la guerra en su despliegue doloroso e inhumano, afectando a los más vulnerables: a menores de edad reclutados por la falta de protección y hoy convertidos en objetivos militares. Ilustra el lugar degradado de los principios de humanidad, dignidad, necesidad, proporcionalidad y precaución en nuestro país”.

Aunque aún Medicina Legal no se ha pronunciado sobre el resultado de los estudios forenses a los cadáveres de las 19 personas muertas en el bombardeo de esta semana, la entidad defensora de derechos humanos dejó clara su postura: “La Defensoría del Pueblo no es un organismo creado para certificar la ‘legitimidad’ de acciones de guerra, sino para rechazarlas y construir la paz”.

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