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Más de cuatro comunidades indígenas que habitan entre Amazonas y Vaupés están en máximo riesgo por cuenta de los grupos armados. Así lo puso de presente la Defensoría del Pueblo que emitió una nueva alerta temprana para que las autoridades actúen antes de que sea demasiado tarde para estas comunidades.
De acuerdo con lo dicho por al entidad, el mayor riesgo en este momento lo enfrentan los habitantes de los territorios indígenas de Pani, Bajo Río Caquetá Amazonas, Yaigojé Apaporis y Mirití Paraná (que abarca las áreas no municipalizadas de La Pedrera y La Victoria en el departamento del Amazonas). También, puso en alerta a las comunidades indígenas del municipio de Taraira, asentadas en las cuencas de los ríos Apaporis y Pirá Paraná (en el departamento de Vaupés).
Con esa situación emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 021 de 2026, en la que resaltó «la inminencia de la amenaza». Según expuso la Defensoría, se debe a «la incursión del Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño (el cual pertenece al autodenominado y disidente EMBF, liderado por ‘Calarcá Córdoba’), que avanza por el río Caquetá, desde Puerto Santander hacia el suroriente, para tomar el control de las redes del narcotráfico y la explotación ilegal de oro de aluvión (está en las orillas o sedimentos de ríos)».
Por esas movidas de las disidencias de Calarcá, el Frente Carolina Ramírez y el Frente Jhonier Arenas (del autodenominado y disidente EMC, liderado por ‘Iván Mordisco’), «han reaccionado con el fin de defender sus rentas, lo que ha dejado a la población civil indígena en medio de las hostilidades», según expuso la entidad. Asimismo, resaltó las principales consecuencias de este conflicto:
Restricciones a la movilidad y graves afectaciones a la vida e integridad
Según señaló al Defensoría en su alerta, «el Bloque Comandante Jorge Suárez Briceño ha impuesto toques de queda nocturnos a partir de las 10 de la noche en el casco urbano de La Pedrera y mantiene estrictos retenes fluviales a lo largo de la cuenca del Caquetá». De igual manera, señala, se han documentado » Asimismo, la Defensoría documentó «homicidios cometidos con extrema sevicia y tortura en la comunidad del Remanso, del territorio indígena Pani, donde las canchas de fútbol comunitario fueron utilizadas para abandonar restos mortales y sembrar miedo ejemplarizante sobre presuntos colaboradores del grupo rival».
Niñas, niños y adolescentes en riesgo de reclutamiento y utilización
Otras de las problemáticas que resalta la entidad es la afectación a los menores de edad. Según expuso, el reclutamiento forzado y utilización ilícita de menores de edad es «un patrón violento que amenaza con extinguir demográficamente a generaciones enteras de comunidades cuya población es reducida». Por ejemplo, en febrero del 2026 la Defensoría registró «la vinculación de siete personas en Curare, incluyendo a dos menores de 14 y 13 años, seguido de nuevos reclutamientos armados en Remanso y Mariápolis durante mayo y junio». La entidad señala que una de sus principales preocupaciones es la «presión psicológica y las intimidaciones armadas directas ejercidas contra jóvenes estudiantes del internado indígena Piedra Ñí en el río Pirá Paraná (Vaupés) para forzar su vinculación».
Afectaciones a la seguridad alimentaria y el acceso a servicios esenciales
El aislamiento geográfico de estas zonas selváticas, dice la Defensoría, se ha profundizado por paros armados fluviales prolongados. Esas acciones de los grupos armados «restringen drásticamente la libre navegación, impidiendo a las familias el acceso fundamental a sus zonas de cultivo tradicionales, caza y pesca». L a falta de acceso a los recursos, se lee en el documento, «Esto «ha provocado un desabastecimiento crítico de combustible y alimentos básicos. Con el fin de evitar denuncias institucionales, los actores armados ilegales han destruido de manera selectiva las antenas de comunicaciones de internet comunitario, lo cual ha aislado a la población civil y entorpecido el traslado fluvial de pacientes médicos graves».
Respuesta institucional urgente para proteger a las comunidades
Las comunidades indígenas, resalta la Defensoría, tienen especial protección constitucional. Algunas de ellas que en este momento se ven amenazadas son la Makuna, Barasano, Yukuna, Tanimuka, Bora, así como a los pueblos en aislamiento voluntario Yurí y Passé en el Parque Nacional Natural Río Puré. Por eso, la entidad formuló 22 recomendaciones urgentes para que las autoridades las protejan. «, la Defensoría del Pueblo formuló en su ATI 021 de 2026 un total de 22 recomendaciones urgentes. «El propósito es que sean activadas de inmediato los mecanismos de respuesta rápida de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), liderada por el Ministerio del Interior. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares deben desplegar medidas de disuasión y seguridad con estricto enfoque étnico y respeto al autogobierno indígena», dice la Defensoría.
Por su parte, la Defensoría pidió a la Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Fiscalía General de la Nación y los gobiernos departamentales de Amazonas y Vaupés que coordinen misiones humanitarias de emergencia, que se investiguen los crímenes y establecer rutas seguras para la salvaguarda de estas poblaciones. «Las Alertas Tempranas de la entidad son preventivas, no predictivas, y su propósito es salvaguardar la vida, la libertad e integridad de las comunidades», concluyó la entidad.
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