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A casi diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, la Defensoría del Pueblo le pide al gobierno entrante que las víctimas estén en el centro y se priorice su reparación. El mensaje de la entidad, a cargo de la defensora Iris Marín, se enmarca en el más reciente informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo de las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). En ese contexto, la Defensoría se unió al llamado de garantizar los derechos de los que más han sufrido las secuelas del conflicto armado.
El documento de la CEV destaca desafíos que requieren respuestas urgentes de parte del nuevo gobierno, en cabeza del presidente electo Abelardo de la Espriella. Entre los asuntos pendientes está la baja implementación de la reparación colectiva para los pueblos étnicos, mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónicas (OSIGNH), así como la atención a las víctimas en el exilio. Asimismo, el Comité reconoce que hacen falta más de 60 años para lograr indemnizar a las víctimas del conflicto.
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“Coincidimos con el Comité en que la capacidad institucional diseñada hace 15 años para atender a las víctimas ha sido superada por la magnitud del conflicto y que la política pública enfrenta importantes limitaciones de financiación. En este contexto, la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, creada por ley, representa una herramienta para identificar alternativas que permitan fortalecer la respuesta del Estado y cumplirle a las víctima”, señaló la Defensoría.
En ese contexto, la entidad destacó que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad construyen una hoja de ruta que permite superar las causas de la persistencia del conflicto armado.
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“Hacemos un llamado al próximo Gobierno, al Congreso de la República y a todas las instituciones del Estado para fortalecer su implementación y traducir las conclusiones del VI Informe en decisiones y acciones concretas que permitan avanzar en la garantía efectiva de los derechos de las víctimas, la construcción de paz, la memoria y la no repetición”, agregó la Defensoría.
Además, señalaron que continuarán acompañando el seguimiento a estas recomendaciones, promoviendo la participación efectiva de las víctimas y ejerciendo vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, justicia transicional y construcción de paz.
El pasado 2 de julio la CEV público el Sexto Informe de Seguimiento y Monitoreo sobre la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en Colombia, con corte a mayo de 2026. El documento se centra, principalmente, en la garantía efectiva de los derechos de las víctimas del conflicto armado interno. “Las víctimas son el eje articulador del Sistema Integral para la Paz y del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR)”, se lee en el informe.
Según el documento, de 274 páginas, el Registro Único de Víctimas (RUV) ya registra más de 10 millones de víctimas del conflicto armado interno. “Esa cifra sigue creciendo por nuevas victimizaciones: desplazamientos masivos y confinamientos, reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ), violencia sexual, asesinatos de líderes y lideresas sociales y desapariciones forzadas”, señala.
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