Dos guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), quienes trabajan en la cárcel El Bosque de Barranquilla, fueron interceptados por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta de alto cilindraje, cuando se dirigían a una terapia. Aunque intentaron dispararles no resultaron heridos, gracias a que a los delincuentes se les trabó el arma de fuego con la que pretendían atacarlos.
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Fuentes de ese Instituto confirmaron que los hechos ocurrieron en la tarde de este miércoles en el barrio Olaya de esa ciudad, luego de que los dragoneantes Martha Isabel Acosta y Luis Fernández Carbono, salieron de turno. Estos hechos fueron denunciados a las autoridades. Por su parte, el director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, rechazó estos hechos a través de su cuenta de Twitter, y le pidió a la Fiscalía acelerar las investigaciones.
El pasado 27 de mayo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) informó que cerró el pabellón de políticos de la cárcel El Bosque de Barranquilla. Según la entidad, encargada de la custodia de las personas privadas de la libertad en Colombia, la medida se tomó por las recientes denuncias de irregularidades de este patio, en la que están detenidos los exgobernadores de La Guajira y Sucre, “Kiko” Gómez y Salvador Arana, respectivamente.
De acuerdo con el director del Inpec de los 16 miembros de este pabellón, 14 de ellos serán reubicados en cárceles de La Dorada, La Picota y Valledupar. “Se tomó la decisión de suprimirlo o cerrar ese pabellón de reclusión especial para funcionarios públicos en el marco de la prevención y en el marco de darle un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, a la sociedad, a las víctimas, entonces, se decide cerrarlo y aparte de eso todos los funcionarios que estaban ahí son trasladados a otras zonas del país”, dijo a Noticias Caracol el director del Inpec.
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Aunque Salvador Arana fue trasladado tras el cierre de este Pabellón, la JEP le otorgó la libertad condicional el pasado 31 de mayo, después de que consideró que ha hecho aportes importantes ante ese tribunal. Su verdad ayudó a entender las relaciones que distintos actores han tenido con los paramilitares en la región del Caribe colombiano, correspondiente a los municipios de Montes de María y municipios cercanos de los departamentos de Bolívar, Córdoba y de Sucre, según corroboró la JEP; especialmente, entre 1996 y 2006.
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