DH Colombia y la Asociación para la Investigación y Acción Social (Nomadesc), representantes de las víctimas que dejó el paro nacional de 2021 en Cali, denunciaron públicamente demoras en el desarrollo del juicio contra dos altos oficiales de la Policía y un patrullero. Se trata del entonces comandante operativo de Cali, el coronel Edgar Vega; el entones comandante de operaciones especiales, Néstor Mancilla; y el patrullero Wilson Esparragosa.
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Los tres policías están acusados por los homicidios de seis jóvenes durante las jornadas de protestas en Cali. Mientras a los oficiales se les recrimina falencias en su posición de garantes, como encargados de la seguridad ciudadana en ese momento, el patrullero Esparragosa está firmemente señalado por balear al comerciante Miguel Ángel Pinto. Se supone que las audiencias preparatorias de juicio ya debían haber iniciado, sin embargo, se han suspendido en dos oportunidades.
La juez tercera del Circuito de Cali está a cargo del proceso. Las audiencias programadas para los días 17, 18, 19, 20 y 21 de abril de este año fueron suspendidas por orden de la jueza, luego de que los defensores de los policías señalaran que la Fiscalía no les mostró todas las pruebas. Se suponía que este 4 y 7 de julio se llevarían a cabo las audiencias, no obstante, la jueza decretó una nueva suspensión, por las mismas razones. Y quedó como fecha el próximo 11 de octubre para comenzar las audiencias preparatorias. Es decir, seis meses después de la fecha inicial.
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“El aplazamiento de la diligencia judicial se efectuó, de nuevo, como resultado de maniobras dilatorias por parte de la defensa de los miembros de la Policía Nacional. Afirmaron no contar con todos los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía, sujetos a descubrimiento, específicamente dos archivos que se pusieron a disposición por parte de la Fiscalía, pero al estar en formato Blu Ray, no fueron recaudados por los abogados”, explicaron las organizaciones de derechos humanos.
Asimismo, las organizaciones manifestaron su preocupación por lo que consideran una “práctica continuada” que vulnera los derechos a la verdad, justicia y garantías de no repetición de las víctimas. “Los uniformados acusados siguen en servicio activo, ejerciendo funciones de policía, lo que se convierte en una clara revictimización de las familias y de la sociedad”, concluyeron. Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), fueron 45 los ciudadanos de Cali que murieron durante el paro nacional de 2021.
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