Para la Fiscalía no cabe duda de que el patrullero Wilson Esparragosa accionó el arma que acabó con la vida del joven comerciante Miguel Ángel Pinto, en Cali, el 29 de abril de 2021. Para sostener su teoría del caso, la entidad cuenta con informes de laboratorio que permitirían concluir que un proyectil del arma SP 0130007, alojado en el cuerpo de la víctima, coincide con la dotación del uniformado. Esa es una de las centenares de pruebas documentales, con las cuales la Fiscalía quiere probar la responsabilidad de tres uniformados en el homicidio de Pinto y otras cinco víctimas. Los policías son: Esparragoza y los curtidos oficiales Néstor Mancilla y Édgar Vega.
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El Espectador conoció la acusación contra los tres policías. A Mancilla y Vega, en particular, se les atribuye fallar en su posición de garantes como oficiales a cargo del control de la protesta en Cali. El teniente Mancilla fue comandante del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y el coronel Vega fue comandante de Seguridad Ciudadana y jefe de servicios tras la convocatoria al paro nacional. Además, les fueron acusadas las lesiones con arma de fuego a cuatro ciudadanos en la capital del Valle, una ciudad que según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) perdió a 45 ciudadanos durante las jornadas.
La teoría del caso está dividida en tres eventos. El primero, correspondiente a la muerte de Pinto, quien alrededor de las 4:00 p.m. recibió el disparo en el sector de Puerto Rellena. “Cuando los manifestantes, entre los que se encontraban Miguel Ángel, se acercan al CAI Villa del Sur, resultan repelidos por el uso del arma de fuego del patrullero y es ahí donde la víctima resulta lesionada. Las lesiones mortales y el posterior deceso del ciudadano Pinto fueron producidas por el proyectil de arma de fuego que disparó el acusado”, expone la Fiscalía. En juicio podrán ser valorados testimonios, informes periciales y declaraciones juradas.
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Luego entra al debate el segundo episodio, correspondiente al 30 de abril de 2021 en el barrio El Diamante. A partir de allí, la Fiscalía valora el comportamiento grupal de la Policía, bajo las órdenes de Vega y Mancilla. Ese día, el comerciante Edwin Villa estaba saludando a colegas en el sector, cuando una “arremetida” del grupo GOES llegó a custodiar la protesta. A las 4:30 p.m., la víctima de 38 años recibió un disparo en la región auricular del cráneo. Casi que al instante, el ciudadano Éinar Alexánder Lasso cayó baleado al frente de una tienda de frutas y verduras.
Entre los detalles, hasta ahora desconocidos, se tiene que el ciudadano Felipe Peña, que estaba en el mismo lugar, recibió un disparo en el pecho, cuya consecuencia fue la “perturbación funcional del órgano del sistema digestivo de carácter transitorio”. Le dieron incapacidad médica de 50 días. En el mismo punto, la comerciante de alimentos Icela Castillo quedó en medio de las balas y recibió un impacto en el tórax. La bala se alojó en su pulmón izquierdo y recibió una incapacidad provisional de 15 días.
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En el tercer episodio, la Fiscalía llamó a juicio a los oficiales por las muertes de José Ambuila, Hárold Rodríguez y Kevin Agudelo, cuyo padre está exiliado con ayuda de Amnistía Internacional. Todos fueron atacados con arma de fuego el 3 de mayo de 2021 en el barrio Siloé, en inmediaciones de un velatón convocado, justamente, en conmemoración de otras víctimas durante el paro. La ciudadana Stephanny Betancourt, en el mismo lugar, resultó impactada en la clavícula. Sobre el mensajero Leonardo Torijano, la Fiscalía podría comprobar que policías le dispararon en la espalda y la altura del recto, lesiones que le ocasionaron una incapacidad de 100 días.
“El teniente Mancilla tenía el compromiso principal de ejercer un celoso control sobre sus hombres, pues esa es una de las vitales funciones de un comandante. Se evidencia en su actuar una total indiferencia frente a los resultados iniciales de la jornada de paro, donde ya se habían presentado decesos de civiles jóvenes”, acusó la Fiscalía. Sobre Vega, el ente investigador concluyó: “Lo que se esperaba mínimamente, teniendo en cuenta sus obligaciones y compromisos era que realizara un control efectivo sobre las acciones de sus unidades policiales, y se llamara al orden a sus hombres, exigiendo como prioridad el respecto por la integridad”.
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El abogado Luis Fernando Bayona, representante del teniente Mancilla, le dijo a este diario que esperará a que la Fiscalía verbalice la acusación, en junio próximo, para pronunciarse. Asimismo, El Espectador se comunicó con la defensa judicial de Esparragoza, pero no obtuvo respuesta. Por otro lado, no fue posible establecer comunicación con la nueva abogada del coronel Édgar Vega, cuyo antiguo abogado refirió en diciembre pasado que su cliente “protegió como es su deber las manifestaciones públicas y pacíficas (…) frente a los daños colaterales debe ser la justicia penal militar y policial la que tenga que definir”.
El homicidio bajo posición de garante tiene antecedentes. Por ejemplo, el actual comandante de Policía de Córdoba, el coronel Gabriel Bonilla, estuvo acusado por la muerte de Jhonny Silva. Era el subcomandante del Esmad en Cali, cuando uniformados irrumpieron en la Universidad del Valle y, al parecer, balearon al joven estudiante en 2005. Ese caso está archivado. En 2016, la Corte Suprema de Justicia determinó que la figura jurídica no es ilimitada, tras absolver a un comandante de estación, quien había sido condenado por la muerte de un detenido que nunca custodió. ¿Tendrán responsabilidad Vega y Mancilla por lo atribuido a sus hombres? La Fiscalía considera que sí, pero el abogado Bayona trabajará por demostrar lo contrario.